Estados Unidos registra más de 20 mil expulsiones entre marzo y abril, cuando el COVID-19 aumentó en la región. El miedo al contagio convirtió en algunos casos el regreso de estos migrantes a sus comunidades de origen en un tenaz rechazo, mientras el drama de los que quedaron varados es palpable en la frontera de Guatemala y México.
Por Sofía Menchú y Ángeles Mariscal para Otras Miradas*
La campana de la comunidad guatemalteca de Santa Catarina Palopó repicó varias veces para convocar a la gente a la plaza aquel domingo 19 de abril. Eso sólo ocurre cuando hay una emergencia. Decenas de personas se juntaron antes de que el toque de queda fuera efectivo a las cuatro de la tarde, cuando se enteraron del retorno de un migrante deportado desde Estados Unidos.
A sus 19 años, Carlos Cumes pasó mes y medio en cuarentena en un centro de detención estadounidense. Allí le hicieron la prueba de COVID-19 que salió negativa y el propio Ministerio de Salud guatemalteco le certificó el resultado, pero el revuelo en el pueblo continuó ese domingo hasta las siete de la noche, cuando entró una ambulancia con él a la comunidad. Reinaba el miedo.
En el canal de televisión local, desde el cual se transmitió en directo la llegada de Cumes, se pudo ver a los bomberos vestidos con trajes plásticos, enormes lentes y mascarillas como si fuese aquella una película. Era el regreso del joven lanchero que salió, como miles cada año en Guatemala y Centroamérica, a buscar una mejor vida en suelo estadounidense.
Ahora es el retrato de otra realidad: el rechazo que están sufriendo en sus lugares de origen los deportados, que sumaron 20 mil 860 de distintas nacionalidades entre marzo y abril, según el gobierno estadounidense, justo cuando los casos de coronavirus aumentaron en la región. Al llegar a sus comunidades, en algunos casos fueron tratados como apestados.
“Él venía ya con sus papeles, pero las personas no se quedaron conformes, nos dijeron que nos iban a linchar igual a mi hermano y a toda la familia”, cuenta su hermano Juan Cumes. Al no poder llegar a su vivienda, la Policía lo trajo a la capital y lo llevaron a un hospital destinado para enfermos de COVID-19 y finalmente lo enviaron al centro médico de Sololá— en la cabecera departamental de Santa Catarina Palopó—donde debía finalizar la cuarentena.
Pasados quince días de aquel episodio, las cifras oficiales explican el miedo colectivo que generó Cumes. Según los datos reportados hasta inicios de mayo, 103 de un total de 630 casos positivos de coronavirus registrados en el país centroamericano correspondieron a migrantes. Así que esa tarde de abril, mientras el vehículo zigzagueaba para llegar a la casa de Cumes, algunos vecinos fueron a la vivienda del alcalde y otros protestaron frente a la municipalidad, porque querían que se prohibiera su ingreso a la localidad.
Escenas de repudio contra los migrantes se repitieron en Suchitepéquez. Las autoridades de esta comunidad, ubicada a 154 kilómetros de la capital del país centroamericano, negaron el siete de abril la entrada a dos personas que llegaron deportados desde México, pese a que también se les realizó la prueba médica y tampoco tenían síntomas, según Ana Lucía Gudiel, portavoz del Ministerio de Salud ocurrió con Cumes, los vecinos de estos nuevos deportados tampoco los dejaron ingresar. Fueron llevados a otro centro hospitalario, en la ciudad, para que ahí cumplieran su cuarentena.
La propuesta del gobierno del médico Alejandro Giammattei, en estos casos, ha sido ubicar a los migrantes en hospitales, hoteles o en albergues temporales para alejarlos del resto de la comunidad. Poco a poco, la pandemia se ha convertido en otro muro para los migrantes que ya enfrentaban férreas restricciones desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el gobierno en 2017.
Según el director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, un centro de análisis que promueve la gobernabilidad democrática, la prosperidad y equidad social en América Latina, el nicaragüense Manuel Orozco, el 20 por ciento de la fuerza laboral en Estados Unidos son migrantes.
En los últimos años, la Casa Blanca ha promovido la política de “America First”, en la que la migración es vista como una amenaza. En pleno aumento de casos por la pandemia, el gobierno estadounidense modificó el 21 de marzo pasado el título 42 del código relativo a la Salud Pública y Bienestar Social, lo que permite ahora la expulsión de extranjeros a su último país de tránsito, dado el “riesgo que representan para la salud”.
Esa nueva reglamentación, sumada a otras medidas migratorias, permitió con la anuencia de países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras la deportación masiva. A finales de abril, el gobierno norteamericano reconoció el contagio de 297 personas que se encontraban en los centros de detención, lo que se tradujo en preocupación para las comunidades de origen de los migrantes como muestra la historia de Cumes.
Leer nota completa: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2020/05/los-llevan-o-los-quemamos-el-dramatico-retorno-de-los-migrantes-a-sus-comunidades/
