Texto: Valentina Silva.
Conocer en los medios de comunicación y a través de las distintas redes sociales a las personas desaparecidas, son una constante. Una desgracia que aniquila por dentro a las familias de las víctimas, pero para las autoridades, representa algo insignificante, que demuestra lo insensible, cruel y omisa que pueden ser.
Algunas estadísticas de personas desaparecidas dadas a conocer por la misma Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de la Unidad de Personas Desaparecidas y no Localizadas, revelan que, desde el año 2017 a la fecha existen más de 94 expedientes activos con más de 100 personas desaparecidas.
Un dato perturbador de estos números señala que hay 41 expedientes activos de niños, niñas y adolescentes desaparecidas en toda la entidad. Al hacer un sondeo por regiones, en el caso de Tuxtepec, tan sólo del mes de diciembre a la fecha, 27 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas.
Sin contar a las personas que han aparecido muertas.
Estos actos, ya han mostrado hartazgo por parte de la sociedad, se han manifestado, organizado marchas y equipos de búsqueda para intentar localizar a sus seres amados, o por los menos, los restos de estos.
Y la autoridad, mientras tanto, demuestra el grado más repugnante que puede alcanzar un ser humano ante este tipo se hechos lamentables. De los gobernantes sólo hay indiferencia y omisión.
Durante el mes de julio del 2019, la cámara de diputadas y diputados local expidió la Ley de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, que garantiza, entre otras cosas, la participación y vigilancia activa de los familiares de personas desaparecidas y de activistas en las acciones y estrategias de búsqueda llevadas a cabo por el gobierno del estado; esto a través de un Consejo Estatal Ciudadano y la respectiva Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero es fecha que este instrumento jurídico, simplemente no se cumple.
Al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, le importó un comino el dolor de las familias y las propias víctimas, le valió que niñas y niños estén desaparecidos. El Ejecutivo vetó parcialmente la ley, es decir, la rechazó y, con ello, ha retrasado la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas en la entidad.
Una de las cosas que al gobernador de Oaxaca no le gustó, es la disposición aprobada por el Congreso de Oaxaca para crear el Consejo Estatal de Búsqueda y conformar una comisión estatal descentralizada y autónoma. El rechazo del gobernador priista ha aplazado la ejecución de esta Ley y, a su vez, el dolor de las víctimas y sus familiares que sueñas con algún momento volverse a encontrar.
¿Querrá Murat que la sociedad, las familias y activistas no sean vigilantes de las acciones de búsqueda? ¿o que no se le cuestione sobre el millonario presupuesto que recibiría este nuevo organismo?
Vaya omisión la del gobernador de Oaxaca. ¿Dónde queda la humanidad y la sensibilidad ante las desgracias de su pueblo?
Los tropiezos para el mandatario estatal aumentan, porque a casi dos años de que a nivel federal se estableciera la creación de las Comisiones de Búsqueda de Personas desaparecidas y no localizadas en todos los estados de la República, en Oaxaca, no se quiere hacer lo correspondiente.
Es lamentable, además, que el gobierno de la República, a través la Secretaría de Gobernación (Segob), emitiera el pasado 2 de abril los lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales y así realizar acciones de búsqueda de personas y que Oaxaca no tenga acceso a este recurso.
Existe una bolsa de más de 457 millones de pesos destinada para acciones que permitan encontrar a personas desaparecidas o no localizadas. Pero nuestras autoridades no podrán utilizar ese dinero porque no existe una Comisión para atender estas desgracias.
