Las calles de una megalópolis como Ciudad de México se han vaciado con la reclusión forzosa de la ciudadanía, y la noche adquiere un aspecto siniestro para las miles de trabajadoras sexuales, con menos clientes y más expuestas al abuso y la extorsión.
Texto: David Avendaño (Krizna) y Gloria Muñoz / Otras miradas Fotos: Brian Torres
Las populares calles del barrio de La Merced, en el centro histórico de la ciudad, las banquetas de la colonia Obrera, los alrededores del Monumento a la Revolución, la congestionada avenida Tlalpan –todas ellas zonas en las que se ejerce el trabajo sexual–, están prácticamente desiertas.
Las 7,500 mujeres y trans que viven del comercio sexual en la Ciudad de México enfrentan la peor crisis de la que tienen memoria. Aseguran que la clientela ha decaído hasta en un 90%, y muchas no sólo se han quedado sin trabajo, sino también sin casa, pues vivían y trabajaban en los hoteles que fueron cerrados el pasado 1 de abril a causa de la covid-19.
“No hay lugar para la esperanza”, dice Sandra, 42 años, en una desolada avenida Tlalpan, su lugar de trabajo desde hace más de dos décadas. A las extorsiones policíacas, las violaciones, las agresiones de clientes, agentes y explotadores ahora se suma la crisis económica, que ha dejado a algunas de ellas en la calle, sin comida ni techo. Una tarjeta de mil pesos (42 dólares) para tres meses es la ayuda que han recibido del Gobierno de la ciudad. “Peor es nada”, dicen, mientras hacen fila para recibir el documento.
La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, que respalda a las trabajadoras sexuales desde hace más de 25 años, publicó a finales de 2019 un informe con un listado de 30 indicadores para medir la violencia hacia las trabajadoras sexuales en México. Actualmente, a la luz de la emergencia sanitaria, han detectado un incremento de las agresiones en 21 de los 30 indicadores, entre los que destacan la violencia institucional y económica. “Ante la prohibición del comercio sexual, el crimen organizado y delincuentes de barrios donde había trabajo sexual, han ‘acogido’ a trabajadoras sexuales, que son víctimas de violencia, extorsión, robo, violación y privación de libertad”, relata el informe.
La Brigada Callejera da cuenta del aumento “del señalamiento y estigmatización de las trabajadoras sexuales, ya que no pocos sectores de la población, de los grupos políticos gobernantes y de la prensa mexicana, las consideran un grupo que contagia el covid-19 a sus clientes”. El comercio sexual no ha desaparecido a pesar de la pandemia, y ha aumentado la extorsión de funcionarios públicos, que exigen mayores cuotas para dejarlas trabajar. Paralelamente, continúan los asesinatos y desapariciones en todo el país.
“La autoorganización ha sido la mejor respuesta de las trabajadoras sexuales ante la amenaza de contagio de la covid-19”, subraya la Brigada Callejera, “y también frente a las acciones que el Gobierno ha emprendido y que han afectado a su economía familiar, el acceso al trabajo, al hospedaje y en general al disfrute de sus libertades y derechos”. La organización autogestionada del colectivo facilita comedores y colectas de víveres, medicamentos, colchonetas, cobijas y dinero para las más desprotegidas. Uno de los fundadores de la Brigada Callejera, Jaime Montejo, falleció el 5 de mayo por covid-19 después de recorrer siete hospitales, que le negaron el ingreso por falta de cupo. Grupos de trabajadoras sexuales le rindieron un último homenaje en la calle.
Mascarillas, gel antibacterias y nada de besos
Sandra todavía hace servicios en algún rincón de la calle o en el automóvil del cliente. Se cuida, dice, con mascarilla, gel antibacterias y no da besos. En cambio Laura, de 40 años, lleva cinco trabajando en las calles del centro histórico, y ha tenido que decir basta desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria en México. No por voluntad propia, sino a causa del cierre de los hoteles. Vive en el municipio de Chalco, Estado de México, uno de los de mayor contagio de todo el país. Tiene dos hijos que no saben a qué se dedica y que dependen económicamente de ella. De un día para otro se quedó sin dinero para comida, azúcar, jabón, gas, luz y alquiler. Ahora, con el dinero que gana con la venta de cosméticos por catálogo come “un día sopita, otro día frijoles, y una vez a la semana, pollo”.
Como la mayoría de sus compañeras, Laura se enteró de la pandemia por la televisión. Al principio no se lo creía. Después vinieron las medidas sanitarias y se fue adaptando. Los primeros días, cuando los hoteles seguían abiertos, trabajó con gel y mascarilla, “y los clientes también traían y se la dejaban durante el acto sexual”. Tiene, al menos dónde dormir. Otras mujeres acudieron a un albergue provisional que el Gobierno abrió durante dos días, y después, las que tienen familiares pudieron encontrar acomodo. Hay otras, obligadas a deambular por los alrededores de los hoteles, que esperan la reapertura en cualquier momento.
Claudia Torres Patiño estudia doctorado en Derecho en la Universidad de Harvard (EEUU). Investiga sobre el trabajo sexual y además es voluntaria de la campaña Haciendo calle, que apoya a las trabajadoras. En entrevista telefónica advierte que en distintas zonas de la Ciudad de México, como Puente de Alvarado, Jardín de San Fernando, Tláhuac y en la salida del metro Los Olivos, el trabajo no sólo ha disminuido a causa de la covid-19, sino “ya desde antes por la crisis económica, porque hay menos dinero para pagar el trabajo sexual, y no hay tantos clientes”.
En la calle, advierte, hay muchas formas de violencia, y una de ellas, específica de las trabajadoras, es la violencia emocional. “Son mujeres que crecieron sintiéndose no merecedoras de amor, les es difícil dar y recibir confianza, lo que dificulta las relaciones sociales y personales. Viven en un ambiente hostil, en una selva de hormigón”, situación que, explica, las hace más vulnerables frente a la pandemia. En opinión de Claudia Torres, hay una gran falta de información: “Muchas desconocen la dimensión del contagio; otras son conscientes del virus, pero de cualquier forma tienen que trabajar; y otras, con o sin información, se han quedado sin trabajo”. Torres considera que el cierre de los hoteles de trabajo es una medida discriminatoria, porque “tuvo un impacto diferenciado y desproporcionado sobre un grupo históricamente excluido, y dejó a la gente en la calle sin medidas paliativas”. “No tienen ahorros, viven al día, tienen hijos y la mayoría es jefa de familia”.
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