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Desaparecen 118 mujeres en el 2020; el 60% ocurrió en contingencia por Covid-19
Por Pedro Matías
16 de junio, 2020
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*En el gobierno de Alejandro Murat van 800 casos de mujeres desaparecidas.
Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- En el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa se han registrado 800 casos de desapariciones de mujeres, de los cuales 118 se han denunciado en lo que va del 2020, según datos de organizaciones y colectivos en búsqueda de sus familiares.

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad, y Servicios para una Educación Alternativa manifestaron su preocupación porque el 60% de los casos de desaparición de mujeres en este año han ocurrido durante el periodo de contingencia por Covid-19.

Consideran que la falta de observancia obligatoria por parte del gobierno de Alejandro Murat representa una violación a los derechos humanos de las víctimas de desaparición y sus familias.

Aunque se trata de una problemática urgente para el gobernador, quien recientemente ha recibido un exigente llamado a cumplir la Ley en Materia de Desaparición Forzada por parte de familiares de víctimas de desaparición en Oaxaca, a la fecha no hay muestra de avances en las investigaciones ni ha enviado la terna para elegir al titular para la Comisión de Búsqueda de Personas, tal y como lo establece dicha ley que fue aprobada desde hace seis meses en la entidad.

Insistieron que en Oaxaca no sólo va en aumento el número de feminicidios, sino también la desaparición de mujeres, pues durante el gobierno de Murat se registran ya 800 casos que se sumarían a las 500 personas desaparecidas en la entidad desde la década de los ochenta.

Con base en los registros que realiza Consorcio Oaxaca, el incremento en la desaparición de mujeres no es exclusivo de este gobierno, pues la administración de Gabino Cué dejó el saldo de 174  desaparecidas a finales de su mandato.

Sin embargo, lejos de erradicarse, la cifra se incrementó de manera alarmante a partir del segundo año del gobierno de Murat alcanzando:

  • 326 casos en 2018; 
  • En 2019 la cifra  llegó a 259 
  • En lo que va de 2020 hay un registro de 118 casos 

Más de 70% del total de casos en la entidad se encuentran en el rango de los 12 a los 25 años de edad.

Destacaron que desde 2018 a la fecha, cinco regiones representan 81% del total de casos de  desaparecidas en Oaxaca: 

  • Valles Centrales con 391, 
  • Istmo 84, 
  • Papaloapan con 66, 
  • Mixteca 58 y 
  • Costa con 54 casos.

A pesar de que el 90% de los registros en medios locales no ofrecen datos sobre la ocupación de las víctimas, en los casos en que es posible saberlo son las estudiantes, empleadas y comerciantes quienes representan el mayor porcentaje de desaparecidas durante el gobierno muratista.

Es decir, que la mayoría de las desaparecidas se encuentran en edad escolar, en fase reproductiva y económicamente activa.

Entonces, ¿cuántas vidas y proyectos se desvanecen en la ruta de impunidad? ¿Cuántas víctimas indirectas dejan con su ausencia? 

¿Cuánto dolor e incertidumbre letal ha provocado en sus familiares la búsqueda en vida de sus hermanas, hijas, madres, esposas, compañeras, sin que a la fecha se observen acciones del Estado para investigar los contextos en los que existe mayor riesgo de ser víctima de una desaparición?

Otras preguntas que lanzaron son: 

  • ¿Cuál es el móvil de estos delitos? 
  • ¿Cuál es la caracterización de los presuntos agresores o cómo se lleva a cabo el seguimiento a las carpetas de investigación, sobre todo en municipios que cuentan con Alerta de Género desde 2018?

La Ley General de Víctimas obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas, les proporcione ayuda, asistencia o reparación integral (LGV, 2017), sin embargo, todos han fallado, remató.

Recalcaron que la desaparición es un delito, y está previsto por el artículo 348 Bis D del Código Penal de Oaxaca en el que se establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que por sí o a través de otros realice, consienta, autorice o apoye la privación de la libertad de una o más personas y propicie o mantenga su ocultamiento bajo cualquier forma, se niegue a reconocer dicha privación de la libertad o se niegue a informar sobre el paradero de la persona.

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