Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- “La omisión gubernamental también puede ser una política criminal, y tanto el Poder Ejecutivo como la Fiscalía tienen la obligación de identificar las responsabilidades de quienes no actuaron o no hicieron lo suficiente para evitar esta tragedia”, afirmó el Congreso de Oaxaca.
Luego de condenar la masacre de 15 personas en San Mateo del Mar, un documento de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Estatal que preside Horacio Sosa Villavicencio, exige al gobernador Alejandro Murat Hinojosa garantizar la gobernabilidad para que el pueblo ikoot o huave pueda vivir con seguridad.
Mientras que al fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez lo emplazó a realizar una pronta investigación y llevar a los responsables a la justicia, incluyendo a las autoridades locales que no hicieron lo suficiente para evitar la tragedia, por antecedentes de violencia en los meses recientes.
Recordaron que versiones procedentes de este municipio, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, dieron cuenta de un ataque armado – en dos momentos- en contra de pobladores de diversas agencias que se dirigían a una asamblea de análisis e información para organizarse de acuerdo a sus normas internas, misma que se llevaría a cabo en Huazantlán del Río.
“Expresamos nuestro pesar al pueblo ikoots, nos solidarizamos con el dolor de las víctimas y de las familias afectadas por este acto irracional de barbarie, y hacemos votos por la pronta recuperación de las personas heridas”, expuso en un documento la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Estatal, presidida por Horacio Sosa Villavicencio.
Considera que estos hechos podrían implicar un ataque directo “y por las vías más brutales” a las capacidades ciudadanas para intervenir en los asuntos de interés público.
Por ello, el congreso condenó la búsqueda de mantener el control social o político a través del terror, “aspecto inadmisible en cualquier sociedad que, como la nuestra, aspira a considerarse democrática”.
“Como al parecer las víctimas mortales y los lesionados se dirigían a una reunión para analizar su relación con las autoridades de la cabecera municipal, se responsabilizan del atentado al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa. La situación se agrava porque trascendió que a las propias autoridades de seguridad e investigación, se les impedía el ingreso al lugar de los hechos”, puntualizó.
Por este acontecimiento, el Congreso exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación pronta, completa, expedita e imparcial, que permita llevar a los responsables a la justicia para que, conforme a derecho, hagan frente a las consecuencias de los delitos cometidos, “aun en la conciencia de que este agravio a un pueblo indígena es imposible de reparar”.
Mencionaron que la masacre de este domingo 21 de junio tiene como antecedentes directos otros ataques recientes que implicaron tortura, privación de la libertad y homicidio en contra de habitantes de las agencias de San Mateo del Mar.
También, señala la posible responsabilidad, de quienes desde el gobierno del estado de Oaxaca, tienen la obligación de conciliar, acordar y resolver los conflictos y es que “la omisión gubernamental también puede ser una política criminal”.
Finalmente, el Congreso demandó que el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con las autoridades federales que corresponda, establezca las condiciones de seguridad necesarias para que el pueblo ikoots pueda desarrollar su vida de manera armónica, a fin de hacer justicia para castigar a los autores materiales e intelectuales de los delitos cometidos.
