Pedro MATÍAS
OAXACA, (pagina3.mx).- Codigo-DH promovió un amparo para garantizar el derecho a la salud de personas privadas de su libertad en diversas penitenciarías del estado.
El Juez Quinto de Distrito admitió la demanda de amparo que interpuso el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH).
Ello ante el incremento de contagios por covid-19 en los centros penitenciarios Varonil de San Francisco Tanivet y el de Santa María Ixcotel.
Las autoridades sanitarias confirmaron que 13 Personas Privadas de la Libertad (PPL) resultaron positivas de coronavirus.
Aunado a la muerte de un interno de 50 años que no se encontraba entre los casos de covid-19 pero que murió repentinamente y presentaba diabetes descontrolada.
El Juez Quinto de Distrito resaltó que “todas las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, protejan la integridad, vida y salud de la comunidad penitenciaria.
Deben implementar acciones para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (covid-19).
“En la inteligencia de que las responsables deberán proveer, de ser necesario, las diligencias necesarias para vigilar y garantizar su salud y no se pongan en riesgo sus vidas.”
Y agregó: “Que los internos tengan comunicación con el exterior en los centros penitenciarios donde se encuentren recluidos, sin alterar el debido orden.
“Y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas internas…”
Abundó que “las autoridades responsables tomarán las medidas necesarias a fin de que no se perjudique a los internos ni al personal de los centros penitenciarios o se altere el orden de los mismos; garantizando en todo momento las medidas de seguridad sanitarias por la emergencia del fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19.”
CONFIRMAN CASOS POSITIVOS
El pasado 23 de mayo la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y los Servicios de Salud (SSO), confirmaron siete casos positivos del virus SARS-CoV-2.
El virus provocó la enfermedad covid-19 en los internos hacinados en los pabellones 1 y 4 del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet.
Días después, el 3 de junio, la SSPO nuevamente informó que, tras haber realizado las pruebas correspondientes, los Servicios de Salud confirmaron seis casos positivos en la Penitenciaría Central de Ixcotel.
OMISIONES GUBERNAMENTALES
Ante el difícil panorama, el 6 de junio Código DH interpuso un amparo contra diversas autoridades penitenciarias por las siguiente omisiones:
- Emitir medidas y acciones sanitarias urgentes y efectivas para prevenir, detectar y evitar el contagio de los casos de personas privadas de su libertad infectadas con el Covid-19.
- Proporcionar de manera urgente y constante los suministros básicos de salud e higiene .
- Garantizar el acceso al agua potable de las personas privadas de la libertad para hacer frente a la pandemia.
- Así como por no implementar medidas y acciones urgentes que tengan como finalidad garantizar el derecho a la seguridad e integridad de las personas privadas de la libertad y del personal que labora, ante posibles conflictos derivados por COVID-19.
- Tampoco implementaron medidas necesarias y urgentes para garantizar la comunicación al exterior de las personas privadas de la libertad derivado de la suspensión de visitas a los Centros penitenciarios.
- Brindar información pública, precisa y detallada de manera urgente a las personas privadas de la libertad, familiares, defensores y sociedad en general en relación a las medidas implementadas para la prevención y posibles contagios por covid-19, todo ello al interior de las penitenciarías de Oaxaca.
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
Cabe señalar que el amparo se interpuso argumentando que con las omisiones de las autoridades penitenciarias se violan diversos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de la población privada de su libertad.
Así como la Constitución Federal, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal.
Y la resolución número 1/2020 denominada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril de 2020.
Ángel Alberto Hernández Rivera, abogado coordinador del Área Jurídica de Codigo-DH, explicó que el amparo interpuesto resulta de suma importancia y urgencia.
“Los tiempos de mayor impunidad, injusticia, olvido, indiferencia y discriminación hacia las personas hacinadas en prisión se están exacerbando con la pandemia en todos los sectores sociales pero especialmente, entre la población que se encuentra bajo el control del sistema penitenciario”.
Esto incluye al propio personal de las prisiones, debido a la vulnerabilidad que de por sí enfrenta la población privada de la libertad y a las dificultades para contener un gran brote en este contexto.
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