- Piden audiencia con AMLO.
- Copuda lleva 15 años de lucha por el agua.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Indígenas de 16 comunidades zapotecas de Oaxaca exigieron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar el “trato racista y clasista” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al observar falta de voluntad política para dejarlos participar en la administración y cuidado del agua en sus territorios.
Por el contrario, ha favorecido el uso industrial, así como la asignación de concesiones bajo un criterio discriminatorio.
Lo que les alarma es la nula intervención de la Conagua ante la contaminación del Río Coyote -en la zona de Valles Centrales de Oaxaca- por parte de la minera Cuzcatlán y la campaña emprendida para renovar cerca de 531 mil concesiones bajo la lógica mercantilista de la actual Ley de Aguas Nacionales, situación que vulneran los derechos colectivos.
A 15 años de su lucha por el cuidado y la defensa del agua, y a 10 meses de la firma de acuerdos entre Conagua y las 16 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) denunció el incumplimiento del gobierno federal.
Consideran que con esa actitud “nos está negando el derecho a participar en la administración comunitaria de los recursos hídricos y lesiona nuestros derechos como pueblos indígenas y al agua en nuestros territorios ancestrales”.
Insistieron en que “no observamos voluntad política de la Conagua para cumplir con los acuerdos pactados con las 16 comunidades de la región Xnizaa el 12 de octubre de 2019 en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco”.
Es por ello que exigen una audiencia con el presidente López Obrador “para exponer su caso y la serie de atropellos de los que han sido objeto durante todo el proceso de consulta indígena, que tiene de fondo un trato racista y clasista, negando a través de la actual Ley de Aguas Nacionales, nuestro legítimo derecho como pueblos y comunidades indígenas a participar en la administración y cuidado del agua en nuestros territorios, favoreciendo el uso industrial, así como la asignación de concesiones bajo un criterio discriminatorio”.
Además, exigen el cumplimiento de acuerdos firmados por la titular de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, el 12 de octubre de 2019 ante las 16 comunidades, acto al que asistieron como testigos el titular del INPI Adelfo Regino Montes, el titular de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur, así como representantes del gobierno estatal y organismos nacionales e internacionales como el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Jean Jarab.
También demandaron a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República una respuesta por escrito sobre la aceptación o rechazo del proyecto de decreto que se remitió a esa instancia.
Mencionaron que hace más de 15 años encabezaron un importante movimiento para el cuidado y la defensa del agua que nació de la necesidad de buscar soluciones a la sequía, así como a una serie de políticas discriminatorias emprendidas desde el Estado, que en el año 2005 agravaron la situación del desabasto de agua.
De esta forma emprendieron el camino legal para superar los problemas administrativos derivados de una veda en la región, que los limita a las comunidades indígenas y campesinas el acceso al agua.
Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió a su favor para poner en marcha una consulta indígena, con el objetivo de buscar acuerdos e iniciar un proceso de modificación al decreto de veda para garantizar nuestro derecho al agua.
Es así que, después de 4 años de consulta, firmamos 6 acuerdos, de los cuales, la Conagua no ha cumplido con la parte que le corresponde.
Detallaron que entre los acuerdos se encuentra la armonización de leyes y tratados internacionales para reconocer los derechos territoriales de las comunidades por parte del Ejecutivo Federal y la participación de las comunidades en la administración del agua subterránea a través de reglamentos internos comunitarios.
Para ello la Conagua tenía la obligación de la emisión de normas que reconozcan los derechos territoriales y se cree la figura de concesión colectiva otorgada a las comunidades. Mientras que la Copuda tenía la obligación para seguir realizando obras de captación de agua; realizar un trabajo coordinado entre la Copuda y la Conagua para implementar acciones a favor del cuidado del agua y el mejoramiento del sistema de riego para asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, así como el cierre de la cuarta etapa del proceso de consulta e inicio de la quinta etapa de seguimiento y verificación de acuerdos.
Para lograr lo anterior, se elaboró una propuesta de modificación al decreto de veda que refleja sus legítimas demandas.
