Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El ex dirigente estatal del PRI, Juan Díaz Pimentel, hizo un llamado al líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, para que encienda las alarmas y no deje pasar en las próximas elecciones a personajes non gratos como Jorge Franco Vargas, quien forma parte de los episodios más negros de Oaxaca.
Y advirtió que si permiten que Jorge Franco Vargas se posicione del partido en Oaxaca junto con su padrino político Ulises Ruiz Ortiz, “sería ya ponerle un clavo al ataúd del PRI”.
Insistió en que el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor debe “hacer llegar la información de quién es quién para que el partido no cometa un error que termine por enterrar al PRI”.
El ex presidente de la Gran Comisión del Congreso de Oaxaca consideró que “sería un gravísimo error que una gente que le ha hecho mucho daño a Oaxaca, que es una de las gentes más repudiadas en Oaxaca, no solamente a quienes agravió directamente como es el magisterio, sino a la sociedad completa de la sociedad oaxaqueña sea arropado nuevamente por el PRI”.
Su afirmación la sustenta en el informe de la Comisión de la Verdad, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia, además de que el caso se encuentra en revisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda.
Cabe mencionar que el conflicto sociopolítico del 2006-2007 se originó con el fallido desalojo de maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) el 14 de junio de 2006.
El saldo del fallido operativo, según el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue de 143 personas lesionadas –102 policías, 30 maestros, un estudiante y 10 civiles– y ocho rehenes. El desalojo ordenado por Ulises Ruiz Ortiz y ejecutado por su secretario general Jorge Franco Vargas dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
El conflicto sociopolítico se prolongó hasta el 29 de octubre, día en que ingresó de la Policía Federal Preventiva (PFP), que tuvo que sortear diversos bloqueos y barricadas. La SCJN documentó al menos 33 operativos policiacos seguidos de enfrentamientos.
La resistencia civil culminó el 25 de noviembre con el desalojo violento de los manifestantes, hecho en el que fueron detenidas 139 personas. En todo el periodo de confrontación fueron arrestadas 383 personas, a 221 de las cuales les fue decretado el auto de libertad por falta de elementos.
Se documentaron 11 asesinatos directamente relacionados con el evento y nueve indirectos, además de 87 lesionados: 15 civiles, ocho periodistas, 62 elementos de la PFP y dos policías municipales.
En sus conclusiones la SCJN determinó que con motivo de los eventos existía “la presunción de que las autoridades federales, estatales y municipales incurrieron en violaciones graves de las garantías individuales y derechos fundamentales, que tuvieron un impacto trascendente en la forma de vida del estado de Oaxaca”.
Destacó violaciones a la libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información, pero también probables excesos de las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales. Asimismo, “las probables omisiones o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trate”.
Por todo este negro pasado, Díaz Pimentel considera que Jorge Franco Vargas “es impresentable, solamente en un extremo de cinismo se pasea de manera impune en Oaxaca cuando pesan sobre él resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la CNDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte de la Haya, por crímenes de lesa humanidad que no prescriben”.
“Es una gente que carga tanto desprestigio y no suma para nada, resta, pero además revive uno de los episodios negros de Oaxaca.
“Oaxaca se había caracterizado por ser una ciudad tranquila, habían habido conflictos menores, pero al ver los videos del 2006 en el andador turístico y los helicópteros arrojando gas pimienta, reprimiendo y después ingresando al edificio de la Sección 22, parecía una guerra civil”.
Mencionó que “solamente una gente que no está bien en sus facultades mentales podía decidir hacer esto, utilizar la fuerza del Estado, que por cierto no fue suficiente, fue un desalojo fallido y Ulises Ruiz se sostuvo por circunstancias y compromisos con gobiernos panistas a cambio de muchas cosas”.
“Oaxaca ya no merece que se le siga lastimando. Hay que ver con optimismo el futuro y para que las heridas cierren, lo que se requiere es justicia, castigo a los culpables, justicia no venganza”, añadió.
Insistió “en que esas gentes (Ulises Ruiz y Jorge Franco) deben pagar por lo que hicieron, son gentes en estricto sentido de derecho deberían tener una condena para que no existan actos de impunidad”.
“Yo he tomado la decisión de hacerlo público. Voy a hacer una de muchas voces y como ex presidente estatal del PRI, como ex Secretario de Salud y como ex Presidente de la Gran Comisión del Congreso de Oaxaca, no cuido mi nombre, me interesa Oaxaca y esto no se puede permitir bajo ningún precio”, puntualizó.
