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Con la ejecución de Fidel Heras; suman 25 personas defensoras asesinadas en el gobierno de Murat: Consorcio

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  • Las víctimas eran defensores de los pueblos indígenas, de la tierra y el territorio

 

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde contra megaproyectos, Fidel Heras Cruz, fue asesinado en la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, por lo que no se descarta un móvil político en esta ejecución debido a su activa defensa del territorio.

 

Luego de condenar este nuevo crimen, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad afirmó que durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa han sido asesinadas al menos 25 personas defensoras de derechos humanos.

Y enumeró que seis personas defensoras fueron asesinadas en 2017; nueve en 2018; seis en 2019; tres en 2020, y ahora Fidel Heras en 2021, la mayoría defensores de los pueblos indígenas, de la tierra y el territorio.

 

El defensor comunitario, Fidel Heras Cruz, fue ejecutado este sábado 23 de enero de 2021, alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

 

El crimen fue condenado por el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), las autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca y las organizaciones Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), Consorcio-Oaxaca, y Ecosta Yutu Cuii, entre otras.

 

Mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condenó el homicidio del defensor comunitario e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Fidel Heras, al tiempo que solicitó medidas cautelares a víctimas directa e indirectas de este atentado.

 

Según el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/202, la defensoría pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.

 

Asimismo, requirió a la Secretaría de Seguridad Pública la implementación de rondines de vigilancia en el tramo correspondiente de la agencia municipal Paso de La Reina a la cabecera de Santiago Jamiltepec, Oaxaca y el paraje la Esperanza, sitio donde ocurrió el ataque.

 

La defensoría señaló que entre 2015 y 2020, ha iniciado 232 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos, cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.

 

Una vez que se confirmó el asesinato, las autoridades de la agencia Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado.

 

En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, por lo que dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.

 

Cabe mencionar que Fidel Heras Cruz además de ser la autoridad ejidal contaba con los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

 

En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.

 

Refieren que “la crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”.

 

Y “en diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras”.

 

Las autoridades de Paso de la Reina manifestaron que apenas “el domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo”.

 

Entones, “debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde”.

 

Es por ello, que exigieron al gobierno del estado su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacen esta denuncia.

 

 

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