*Siguen prófugos perpetradores de la desaparición de los eperristas. | *No se ha castigado al ex gobernador URO ni a Felipe Calderón
Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El caso de la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya detenidos desaparecidos desde el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca, tendrá que esperar porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó “dejar en lista” el amparo en revisión 51/2020.
Esto significa que a más de 13 años de la desaparición forzada de ambos luchadores sociales predomine la impunidad porque no han sido investigados ni enjuiciados todos los responsables, como es el caso del ex procurador de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez y el ex comandante Pedro Hernández Hernández, quienes aún siguen prófugos.
De igual forma, no han sido investigados el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz y el ex presidente Felipe Calderón por su responsabilidad como representantes del ejecutivo en el momento en que ocurrió la desaparición de los eperristas.
Tanto el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos como las organizaciones Rivero y Asociados, Comité Cerezo México y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, lamentaron la decisión de la SCJN de atrasar la decisión de emitir una sentencia sobre el caso de los eperristas Gabriel y Edmundo.
Y es que integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron “dejar en lista” el amparo en revisión 51/2020 de la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, relacionado con la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por lo que sesionarán en fecha distinta, aún sin especificar.
Ante esto, “exigimos que al tratarse de un asunto de mayor relevancia jurídica y social, por involucrar violaciones graves y múltiples a los derechos humanos, la Ministra Ríos Farjat haga público el proyecto de sentencia que propone, en respeto al principio de mayor publicidad, y de esa manera haga efectiva la contribución de la justicia constitucional a la deliberación crítica entre la sociedad en asuntos controvertidos y de interés general”.
Así mismo, hicieron un llamado a todas las personas solidarias a sumarse para suscribir la petición que impulsaran para que se haga público el proyecto de sentencia que se propone, y que la SCJN emita una sentencia a favor de las víctimas.
En un comunicado resaltan que “no puede pasar desapercibido que la resolución definitiva que derive de este caso, se dará en el contexto de una desaparición forzada cometida en tiempos actuales, pero siguiendo patrones históricos propios de la contrainsurgencia, como parte de los planes estatales de guerra contra la subversión y de exterminio a quienes son disidencia”.
Insistieron que la SCJN no puede pasar por alto casos de violaciones tan graves a los derechos humanos como son las desapariciones forzadas, y dejar en la impunidad a quienes por años han permanecido intocables en estos crímenes, como lo es el ejército.
“Hoy sabremos si en verdad existe la voluntad política para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia, en un país en el que existen más de 80 mil desaparecidos y en el que la impunidad es sistemática. Hoy la SCJN demostrará si está de lado del pueblo o de los intereses de poder que encubren y protegen a los perpetradores de estos crímenes de Estado”, puntualizaron.
Advirtieron que “está en las manos de la Suprema Corte brindar hoy justicia para Gabriel, Edmundo y todas las víctimas de este terrible crimen como es su obligación, sin embargo queremos destacar que si esta instancia no cumple con los tratados en materia de derechos humanos, y la sentencia que emita no es a favor de las víctimas, estás tendrán en todo momento, el derecho de acudir ante instancias internacionales ante la falta de justicia en el ámbito nacional”.
“Quienes hemos acompañado este caso a lo largo de los años, esperamos que la Suprema Corte de Justicia cumpla con su rol de tribunal constitucional, otorgando el amparo en definitiva a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada, y genere los parámetros de acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño, que deberán acatar todos los jueces y juezas que conozcan en vía de amparo de un asunto de esta magnitud que conlleva violación masiva y múltiple de derechos humanos”.
Sin embargo, tendrán que esperar debido a que la Suprema Corte decidió atrasar la decisión de emitir sentencia sobre el caso de Gabriel y Edmundo.
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