No existe ley en México que tipifique y sancione actos de abuso policial
Diana Manzo
Juchitán, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) determinó, a través de la recomendación 01/2021, que la muerte de Alexander Martínez Gómez- de 16 años de edad- es una “ejecución arbitraria” derivado de un abuso policial cometido por elementos de seguridad municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.
Alexander Martínez Gómez “Chander” perdió la vida la noche del 9 de junio del año pasado por disparos de arma de fuego por parte de elementos de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa quienes circulaban a bordo de una patrulla, la 023.
El Defensor oaxaqueño, Bernardo Sánchez Alamilla mediante una conferencia virtual expuso que este órgano concluyó el expediente DDHPO/914/(26)/OAX/2020 con la recomendación 01/2021 en la cual determinó “ejecución arbitraria” en el hecho, así como durante el proceso de investigación e hizo un exhorto al estado mexicano para que se cree una ley que tipifique y sancione este tipo de actos de abuso policial, porque no los hay en este país.
Reconoció que gracias a la lucha y participación activa de las víctimas indirectas (familiares) Virginia, Teodoro y Alexis, madre, padre y hermano de la víctima directa Alexander Martínez Gómez; respectivamente, y de sus representantes, José Antonio Garibay y Roberto Villanueva, se aportó diversa información relevante, entre ella copia de los registros de la carpeta de investigación 18130/FCUE/ACATLAN/2020 y de la causa penal 107/2020 radicada en el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Tuxtepec.
La DDHPO señaló que derivado de la investigación realizada, se violaron los siguientes derechos humanos de Alexander Martínez Gómez, Virginia Annie Gómez Pérez, Teodoro Martínez Rodríguez Alexis Martínez Gómez y del Adolescente A. :Derecho a la integridad personal por uso ilegal de la fuerza, Derecho a la vida por ejecución arbitraria, Derecho a la verdad y Derecho al acceso a la justicia —garantizar una investigación seria, imparcial y efectiva.
El organismo sostuvo que no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente. Como consecuencia, la grave situación ocasionada fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la policía municipal.
Asimismo, acreditó que la investigación de la ejecución del adolescente Alexander Martínez Gómez no se ha llevado a cabo de manera seria, efectiva e imparcial debido a que la intervención policial y ministerial en el lugar de los hechos, se reitera, no se llevó a cabo conforme a las normas y protocolos que rigen su actuación, particularmente conforme a los anexos del registro de cadena de custodia, entrega recepción de los indicios o elementos materiales probatorios y mapa del procedimiento.
Por último, la DDHPO emitió recomendaciones, al presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Adán Maciel Sosa, que en un plazo de 40 días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, en coordinación con el Fiscal General del Estado de Oaxaca y en términos de lo dispuesto en el apartado correspondiente de este instrumento, se repare integralmente los daños ocasionados a las víctimas directas e indirectas reconocidas.
Al igual, en un plazo de 90 días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, en coordinación con el Fiscal General del Estado de Oaxaca, realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública y en un plazo de 5 días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, deberá estar disponible en su integridad en la página oficial del ayuntamiento municipal.
Mi hijo fue víctima de violencia policial, a él lo mataron, no fue “accidente”: Mamá de Alexander
Virginia Gómez sostiene por enésima ocasión que su hijo Alexander Martínez Gómez, no “murió” por un accidente, como ha dicho la policía y el presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, su hijo “fue víctima de violencia policial”.
“Chander no está con nosotros porque la policía del municipio en el que vivimos lo ejecutó de manera arbitraria, la policía usó ilegalmente la fuerza. Además, que el presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa no contaba con los permisos necesarios ante la Secretaría de la Defensa Nacional para el uso de las armas que portaban los policías”.
La madre del joven a quién le truncaron el sueño de ser futbolista profesional dijo que “ la recomendación demostró también que, después de su ejecución arbitraria, la Fiscalía General del Estado violó sus derechos y los de nuestra familia”.
Dijo que la Fiscalía del ex fiscal Rubén Vasconcelos, cometió omisiones en la investigación y lo que ha hecho que se retrase la justicia, dejemos de conocer toda la verdad de lo que pasó y no garantizó una investigación imparcial y efectiva.
La actuación omisa y negligente de la policía y de la fiscalía ante la ejecución de mi hijo, fue evidenciada por mi, por su padre y por su hermano.
“Nos dimos a la tarea de investigar, como pueden leerlo en la recomendación, y a pesar de nuestras exigencias, la Fiscalía retrasó la investigación y partió de hipótesis falsas”.
Teodoro Martínez, padre de Alexander y Alexis, su hermano, coincidieron que al joven le intentaron sembrar un arma de fuego para intentar desacreditarlo, pero gracias a un testigo se evitó su criminalización.
“ La policía municipal quiso justificar los disparos, a través de manchar la memoria y vida de mi hijo.La recomendación acredita que nuestro hijo, además de ser víctima de ejecución arbitraria, lo fue también de omisiones por parte de los policías que estuvieron en el momento de los hechos”.
Alexis reafirmó que la recomendación demostró que el cuerpo “de su amado hermano” no le hicieron los estudios periciales adecuados.
“No solo lo privaron de la vida, sino que por la actuación de la fiscalía se le ha negado la justicia.”, agregó.
Por último recalcó : “Mi hermano merece una disculpa pública y mi familia también. Lo que le hicieron no fue un accidente, fue una ejecución extrajudicial, un crimen de lesa humanidad”.
