Las razones que aduce el representante del Ejecutivo central son “motivos de salud pública” por el índice de contagios en la región
La Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido este jueves prohibir todas las manifestaciones que le habían sido comunicadas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. El delegado, José Manuel Franco, ha justificado la prohibición en “motivos de salud pública”, después de “estudiar detalladamente” cada una de las peticiones. “Si sumamos todos los asistentes previstos por los convocantes, podríamos tener fácilmente a más de 60.000 personas moviéndose por las diferentes calles de Madrid”, ha ampliado el delegado en rueda de prensa, en la que ha explicado que se ha tomado la decisión sobre la base de que la incidencia acumulada en la región es de 261 personas por cada 100.000 habitantes y todavía en nivel cuatro de riesgo extremo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado la “criminalización del movimiento feminista” que subyace en la polémica generada con las protestas por el 8-M.
“Es la comunidad autónoma con peores cifras tras Ceuta y Melilla, y también la peor en datos de hospitalización, superior al 14%, y, en datos de ocupación de UCI, superior al 40%”, ha subrayado el delegado del Gobierno. “La situación de las UCI en Madrid es peor que la más alta que se tuvo durante la segunda ola de la pandemia en el mes de octubre”. Además, ha explicado que había convocadas 104 manifestaciones, en su mayoría de asociaciones y sindicatos bajo el paraguas de la plataforma 8-M, a las que se les ha ofrecido alternativas para celebrar “sus justas aspiraciones y reivindicaciones”. También ha recalcado que la decisión responde a informes de la policía y organizaciones médicas.
“Yo confío muchísimo en la responsabilidad de los madrileños”, ha respondido a la pregunta de qué medidas tomará la delegación ante la posibilidad de que se produzcan movilizaciones. “Ese escenario no lo contemplo una vez que se prohíben las concentraciones”.
Hasta ahora, la postura de la Delegación había sido permitir pequeñas concentraciones de menos de 500 asistentes y en las que se respetaran las medidas anticovid. Así lo avanzó Franco el 24 de febrero, cuando dijo que, de acuerdo con el criterio del Ministerio de Sanidad, “rotundamente” no habría una gran protesta feminista en la capital, como la de años anteriores. Y explicó que la delegación había recibido algunas peticiones de organizaciones feministas de concentraciones pequeñas que “mantienen los parámetros exigibles” y que se comprometían a respetar la distancia de seguridad. Un portavoz de su equipo aclaró dos días después que hasta esa fecha habían sido comunicadas 45 peticiones, la mayoría en Madrid capital.
El Ministerio de Sanidad recomendó que no se celebraran manifestaciones el 8-M ante la situación epidemiológica. La ministra Carolina Darias sentenció: “Puesto que todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar”. La ministra añadió que, para “seguir con la cultura de cuidado y prevención”, la situación actual no permite los actos del Día de la Mujer en la calle. Ahora, la Delegación hace suya esta postura y prohíbe toda concentración.
