Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, presentó hoy su renuncia ante el Congreso local sin especificar el motivo, pero dejando una estela de injusticias.
Solo se concretó a decir que “contribuyó a la consolidación del sistema de justicia y el estado de Derecho en la entidad”.
Con su renuncia, la Vocería de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia también queda acéfala, pues Vasconcelos Méndez era su titular.
El documento de renuncia, con fecha cinco de marzo de 2021, va dirigido al presidente de la mesa directiva de la LIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, Arsenio Lorenzo Mejía García, donde se tendrá que nombrar al nuevo fiscal general.
En su cuenta de Facebook, Rubén Vasconcelos Méndez confirmó que “he presentado al H. Congreso del Estado mi renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Oaxaca.
“Ha sido un honor servir a Oaxaca desde la procuración de justicia y con trabajo intenso, honesto y responsable dejar una Institución fortalecida con mayor capacidad para combatir la impunidad, atender a las víctimas y enfrentar la delincuencia para dar seguridad y paz a la sociedad oaxaqueña”.
Para reforzar su dicho, dijo que “los resultados obtenidos están a la vista y son producto de la confianza y apoyo de la ciudadanía y la labor diaria de servidores públicos comprometidos que han trabajado incansablemente”.
Finalmente, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Murat al proceso de fortalecimiento de la Fiscalía General y su liderazgo para dar seguridad y justicia a las y los oaxaqueños.
Fue el 12 de mayo de 2017 cuando el congreso local nombró a Rubén Vasconcelos Méndez como fiscal general, quien ha sido cuestionado por el propio Poder Legislativo, organizaciones feministas y sociedad civil por los nulos resultados en la impartición de justicia, al grado de pedir en tribuna su renuncia.
Renuncia en proceso electoral
Esta dimisión se da en vísperas del Día Internacional de la Mujer, ante el anuncio de marchas feministas exigiendo justicia por los feminicidios y desapariciones de mujeres.
También se da en el contexto electoral que actualmente vive Oaxaca, ya que este 5 de marzo es la fecha última para que renuncien funcionarios y funcionarias que buscan una candidatura.
Los casos que marcaron su administración fue el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido por órdenes de un empresario y político vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que presuntamente fue protegido por Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Finalmente el priista se entregó y está en espera de recibir sentencia.
Otro, fue el triple asesinato cometido en Juchitán de Zaragoza el 2 de junio de 2018 cuando fueron ejecutadas la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y la candidata Pamela Terán, así como su chofer Adelfo Guerra Jiménez.
“Aquí, en este edificio (de la Fiscalía General de Oaxaca) se asesina a la justicia, se protege a los responsables, se enmascara la verdad y se da paso al mayor de los delitos que puede cometer un gobierno, en esa mezcla de impunidad, de omisiones, de letargos”, denunció la reconocida periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de la fotoperiodista.
Igualmente, dejó sin esclarecer la masacre cometida entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de junio de 2020 cuando 15 indígenas ikoots –dos mujeres y 13 hombres– fueron lapidados, macheteados y calcinados en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente a San Mateo del Mar.
