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En el ranking de las Constituyentes, identificado a 71 aspirantes a algún puesto electoral, violentadores y ofensores sexuales que no deberán participar
Por SemMéxico
13 de abril, 2021
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Encabeza número de denuncias MORENA, informó Yndira Sandoval
Todos los partidos políticos obligados, por un pacto, a evitar la violencia política contra las mujeres en razón de género en las elecciones 2021

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 12 de abril, 2021.-Al menos 71 candidatos de todos los partidos políticos fueron identificados como ofensores, violentos o tienen denuncias por violencia sexual no podrán jugar en la contienda electoral que comenzó hace 5 días. Algunos renunciaron ya, otros sancionados por sus partidos y otros los estudian los órganos electorales, nacional o estatales e incluso los Tribunales Electorales.

La mayoría de los ofensores identificados provienen del Partido MORENA y le siguen PRI, PAN, PRD, MC, FUERZAS PROGRESISTA Y PES, según informó Yndira Sandoval vocera del grupo Las Constituyentes y principal promotora de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género para evitar funcionarios que acosen, abusen, acusados de violación o deban pensión alimenticia.

La activista, anunció, que esta semana serán formalmente impugnadas sus candidaturas en el Instituto Nacional Electoral, según documento firmado incluso por algunas diputadas, activistas y colectivos de mujeres. Yndira Sandoval, afirmó, que independientemente de la impugnación, solicitarán a las autoridades correspondientes, judiciales o administrativas que hagan las investigaciones correspondientes, para que ningún caso quede impune.

Según el ranking de la organización Las Constituyentes y la OPLE de Chiapas, los ofensores han sido señalados en manifestaciones públicas -redes sociales- por colectivos de estudiantes universitarias, personas en lo individual. También hay casos con denuncias abiertas en los ministerios públicos e incluso algunos con sentencias.

Explicó que se trata de estos más de 70 que buscan jugar en las elecciones, pero que las Constituyentes que durante un año han ido estado por estado, han identificado a muchos más ofensores de todo tipo, con denuncias, como funcionarios e incluso ex gobernadores, que forman parte de una inmensa cantidad de señalamientos, que son investigados por los Congreso, los órganos electorales y las autoridades que corresponden. Hay denuncias abiertas también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El análisis de la clasificación, será conocido en breve con todo detalle, afirmó, y recordó que Las Constituyentes firmaron acuerdos para evitar la violencia política de género en el proceso electoral 2021, con organismos electorales de todo el país, así como con los Partidos Políticos que son responsables de no impulsar candidaturas de ofensores sexuales y abusadores.

Afirmó que en 6 entidades del país estos convenios son más amplios que los lineamientos aprobados por el INE, sino que podrán sancionar o quitar de las listas a quienes todavía no tienen sentencia o existen razones, testimonios o hechos que los inculpen, como son los casos de Morelos, Tlaxcala, Sonora, Ciudad de México, Jalisco y Aguascalientes.

Reconoció que este proceso será largo y lleno de obstáculos, porque a pesar de la firma de un Pacto Nacional por parte de los partidos políticos en noviembre de 2020.

Sólo en Morelos, como ejemplo hay investigaciones contra 6 ex funcionarios que buscaban candidaturas o bien reelección, como el ex Presidente Municipal de Zacualpan de Amilpas Zenón Barreto Ramos, en contra de la ex Sindica Ortencia Muñoz Pérez; El ex Presidente Municipal de Amacuzác Jorge Miranda Abarca en contra de la ex Síndica Municipal Susana Fuentes Rodríguez; El ex Presidente de Cuautla Tadeo Nava en contra de la ex Sindica Paola Cruz Torres (primer sentencia en Morelos por Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género); El Presidente Municipal de Tetela del Volcán Israel González Pérez en contra de la Regidora Susana Isabel Herrera Rodríguez y de la Sindica Marixa Mirella Castro Mendoza. El ex gobernador Sergio Estrada Cajigal quien cuenta con denuncia y carpeta judicializada acusado por violencia física por razones de género y hoy se encuentra registrado como candidato alcalde del municipio de Cuernavaca por el Partido Fuerza por México.

Está el caso de la candidatura a Hugo Carballo Fernández, aspirante a una diputación federal del sexto distrito de San Luis Potosí, a quien ya Movimiento Ciudadano le retiró la candidatura, tras los señalamientos de abuso y acoso sexual.

O el caso de Isaac Ferez Esparza del Verde Ecologista señalado como agresor sexual, que renunció a su candidatura en Veracruz.

Reiteró que ningún ofensor, para ningún puesto, de gobernador a integrante de un cabildo municipal, podrá ser funcionarios público, que esta es la esencia de la iniciativa, apuntalada por la fuerza del movimiento de mujeres, las denuncias de todo tipo, que aclaró, para impugnar, se han investigado o verificado.

Yndira Sandoval dijo que los principales obstáculos a que se enfrentan, es a la crítica de su movimiento como inquisidor o sólo punitivos. Señaló que se busca abrazar a las víctimas, no dejarlas solas, por ello, reiteró, que muchos de los casos se llevarán a las instancias previstas en la ley, independientemente del proceso electoral. Y aseguró, que no se fundan en los twists, ni en denuncias anónimas.

La iniciativa 3 de 3 en lo sustancial fue aprobada por los lineamientos electorales del INE que no registrará a quien han sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica; haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso, a menos que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

Los señalados, enlistados y localizados, también formarán parte de un padrón en los órganos electorales. Pero Las Constituyentes, en su iniciativa “nosotras tenemos otros datos”, ya puso en marcha una Observatoria que sigue clasificando e investigando la veracidad de las denuncias, a través de las hechas en medios de comunicación, recibidas en los órganos electorales y otros medios.

Afirmó que muchos de esos casos deberán ser resueltos por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), Institutos de Participación Ciudadana y por el Instituto Nacional Electoras y los Tribunales Electorales que firmaron desde el 9 de noviembre pasado convenios y acuerdos, -más allá de la ley- comprometiéndose a no llevarlos como candidatos en las listas electorales.

Dijo igualmente que se ha iniciado un proceso de impugnación a esta lista –verificada- de los cuales 26 fueron identificados por el OPLE de Chiapas, apenas hace unos días.

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