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En Paso de la Reyna se respira la presencia de la muerte encarnada en personas desconocidas; temen otro ataque
Por Pedro Matías
12 de abril, 2021
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Paso de la Reyna es una comunidad símbolo de la lucha pacífica contra los megaproyectos y el extractivismo en Oaxaca. En dos meses han asesinado a cinco defensores del Río Verde y su territorio. Denuncian ausencia del gobierno e impunidad; piden la presencia de la Guardia Nacional.

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Aquí en Paso de la Reyna se vive diariamente con “el Jesús en la boca”.

En medio de su dolor, al menor concierto de aullidos de perros por la noche, todas las personas experimentan una sensación de espanto.

Temen otro ataque armado. En consecuencia, hay un toque de queda instintivo, de sobrevivencia.

¿Quién sigue? ¿Por quién vienen? Son las interrogantes que se respiran en el ambiente.

Y es que las ráfagas de plomo que cegaron la vida de cinco habitantes de Paso de la Reyna rompieron la tranquilidad de esta comunidad en rebeldía con los megaproyectos.

La comunidad ha dicho que la lucha no la deja porque su río y su territorio es todo lo que tienen.

Pero al mismo tiempo no dejan de sentir miedo y por eso ya no salen en la noche. Limitaron sus actividades.

Van a trabajar con zozobra, pero con temor a ya no regresar.

En la noche salían hacer deporte, ahora nadie se aparece por la cancha. Hay un toque de queda en automático.

Desde el pasado 23 de enero, en Paso de la Reyna se respira un ambiente de dolor, de luto.

Por la presencia de la muerte encarnada en personas desconocidas que se ocultan en la oscuridad.

La lucha de silencios, de sospechas, de inmovilidad, inició el 23 de enero de este año.

El presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del territorio, Fidel Heras Cruz, fue ejecutado con un tiro en la cabeza.

Apenas unos días después de que denunció que caciques de Jamiltepec adeudaban 500 mil pesos a la comunidad por la explotación de materiales pétreos (arena y grava).

Otras descargas de arma de fuego cimbraron los silencios de la noche del 14 o madrugada del 15 de marzo de este año.

Fueron ejecutados el suplente del agente municipal, Raymundo Robles Riaño, así como sus acompañantes Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes.

Todos ellos participantes en la defensa de su río y el territorio.

La personificación del espanto se acentuó al conocerse la noticia de que el ex agente municipal de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde contra los megaproyectos, Jaime Jiménez Ruiz, fue ejecutado la tarde del domingo 28 de marzo, en el camino de Santiago Jamiltepec a su comunidad.

Símbolo de lucha

Paso de la Reyna es una comunidad símbolo de la lucha pacífica contra los megaproyectos y el extractivismo en Oaxaca.

Y es que desde el 2007 se conformó el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever).

En resistencia al proyecto de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reyna”.

El proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Río Verde logró detenerse con protestas, acciones de resistencia y defensa legal.

Para ello se agruparon en el Consejo 43 comunidades de pueblos:

  • Mixtecos,
  • Chatinos,
  • Negros y
  • Mestizos.

Mismas comunidades que forman parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

Ejidatarios de Paso de la Reyna alcanzaron su felicidad cuando el 14 de marzo de 2019 ganaron un amparo contra las disposiciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Dejó sin efecto el decreto del 6 de junio de 2018 por el que se suprimen las vedas de agua y se establecían las zonas de reserva de aguas nacionales superficiales.

Y festejaron con ceremonias espirituales, bendición al río, Las Mañanitas, su pastel y una convivencia comunitaria, donde sobresalieron consignas como:

“¡Ríos para la Vida no para la Muerte!”,
“¡Pueblos Vivos, Ríos sin Presas!”.

Sin embargo, en marzo de 2020, días antes de iniciar la pandemia, se encendieron nuevamente las alertas por un nuevo proyecto hidroeléctrico.

Un alarido surcó los aires y encendió señales de alerta. El rotor de una aeronave advirtió de la nueva amenaza.

Sobrevuelos en Corral de Piedra; Ixtayutla y San Lucas Atoyaquillo apuntan del nuevo desafío:

Un proyecto hidroeléctrico de una empresa privada que amenaza al Río Verde en Oaxaca.

Un helicóptero de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) sobrevoló el 8 de marzo de 2020 desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas Atoyaquillo.

Significó nuevos actos de intimidación a la población mixteca, chatina y afromexicana que posiblemente estén relacionados con el nuevo proyecto” y por el que se alistaban para iniciar una nueva batalla.

VENTA DE MATERIAL PÉTREO, SENTENCIA DE MUERTE

Como una sentencia de muerte fue calificada la venta del material pétreo, porque a partir de momento se desató la violencia.

De la resistencia a los proyectos hidroeléctricos que amenazan al Río Verde se pasó al autoritarismo caciquil y la impunidad.

Esas son las causas estructurales de violencia que ya dejó cinco defensores ejecutados, en solo dos meses.

Esta ola de violencia crece a la par de la total inoperancia de las instancias estatales y federales.

Deberían procurar justicia y velar por los derechos y la seguridad ciudadana, cuestionaron habitantes de la localidad.

La muerte flota en el ambiente. El aullido de los perros alerta de sombras extrañas. Viajan en motocicletas. Portan cachuchas y lentes oscuros.

Los perros fustigan al extraño. Ladran y ladran, siguiendo un camino, pero nadie se asoma. La tranquilidad se perdió.

A Paso de la Reyna le enturbia el sufrimiento porque temen otro ataque ante el abandono total del gobierno.

Los desencuentros

Todo este problema surge a partir de la venta del material pétreo, a fines de 2019.

La presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Cecilia Rivas Márquez, entró junto con sus dos hijos a Paso de la Reyna para hacer un trato verbal.

Les urgía el material de grava-arena porque sus obras en el municipio estaban paradas.

Rivas Márquez es viuda del cacique Gabriel Iglesias Meza, mejor conocido como “Chulindo”.

Primero fueron a “negociar”.

Ahí llamaron al comisariado y arreglaron 200 viajes de grava-arena durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 a 800 pesos por carro.

Cuando entraron al banco de materiales pétreos -denominado “La Playa Grande”- lo hicieron con un convoy de policías.

También con un montón de carros de volteo, un tráiler con máquina y sus trabajadores.

Completan el número de carros y se detiene el acarreo porque venía el nombramiento del nuevo comisariado.

En la asamblea del consejo cuestionaron la venta porque “está muy barato” y faltaron al compromiso porque se llevaban copeteados los camiones.

A inicios del 2020, Fidel Heras es nombrado nuevo comisariado ejidal y ahí se acordó que el carro iba a subir mil 200 pesos.

Los caciques encabezados por Manuel, hijo de la presidenta municipal, dijo que no aceptaban.

Solo iban a pagar mil pesos y el acuerdo sería por todo el año, aunque nada quedó por escrito. Quedó abierto el trato.

Ahí comenzaron los desencuentros.

Primero impusieron el costo de cada viaje y por todo el año.

Luego advirtieron que no podían vender a otras personas porque ellos tenían una concesión autorizada de Conagua para extraer material pétreo, pero que nunca mostraron.

La institución afirma que no hay ninguna concesión para la Costa.

A un año, Fidel Heras, precisamente en enero, hizo una asamblea con ejidatarios para informar de la grava.

Ahí informó que los señores Iglesias les debían más de 500 mil pesos.

Ahí en la asamblea, algunos ejidatarios le dijeron que lo dejara así, que ya no le cobraran, porque esas personas “son muy especiales”.

Otros pidieron que les cobrara.

La asamblea fue en enero y a los ocho días a Fidel lo mataron.

Días antes, Fidel recibió una bolsa con tres hojas que contenían amenazas anónimas para él, advirtiéndole que “parara porque si no, lo iban a arreglar”.

En otra hoja amenazaban a Jorge, un albañil, y una tercera hoja era contra la presidenta municipal; sin embargo, todos suponen que era para despistar.

Los anónimos fueron en diciembre, no avisó al ministerio público, solo a la gente conocida.

A la autoridad le comentó, pero solo unos dos o tres días antes de que lo asesinaran.

“El trato era arena llevada, arena pagada. Pero con esa gente no se puede y menos porque no hay comprobante por escrito.

“Lo que preocupa a la comunidad es que los caciques de Jamiltepec ya conocen los demás bancos de materiales que se encuentran en Paso de la Reyna.

“Temen que toda la violencia sea para sembrar temor y apoderarse de sus riquezas naturales porque hay material para 100 años” han confesado los propios explotadores del banco de material.

Desde que inició esta cadena de ejecuciones contra defensores, la comunidad está pidiendo la presencia de la Guardia Nacional porque no hay confianza en la policía estatal que está a las órdenes de los caciques.

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