- Cinco activistas ambientales asesinados en dos meses. La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú puede abrir una vía para corregir la situación.
Berlín, 21 de abril de 2021. En la comunidad indígena Paso de la Reyna, perteneciente al municipio de Jamiltepec y situada junto al Río Verde en el estado mexicano de Oaxaca, ha escalado un conflicto latente desde hace mucho. El pasado 23 de febrero el ambientalista Fidel Heras Cruz fue ejecutado por medio de un disparo en la cabeza. Era presidente del Comisariado Ejidal y activista desde hace muchos años en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER). El 14 y 15 de marzo fueron asesinadas tres personas más de la comunidad, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes. El 28 de marzo, el defensor ambientalista de Río Verde, Jaime Jiménez Ruiz, fue asesinado a tiros en la calle.
Según las organizaciones locales y la comunidad de Paso de la Reyna, los intereses económicos en la explotación de los recursos del Río Verde representan el posible motivo de la actual ola de violencia. La resistencia conjunta de comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas reunidas en la alianza COPUDEVER, ha logrado hasta ahora impedir los proyectos de presas previstos en el río.
Actualmente, el principal problema es la extracción ilegal de grava en el cauce del Río Verde por parte de una poderosa familia que ha ejercido durante generaciones el control político y económico de Santiago Jamiltepec y de amplias zonas de la región costera de Oaxaca. El estallido de violencia ha tenido lugar después de que representantes comunitarios de Paso de la Reyna presentaran una serie de demandas criticando el modelo de explotación actual del río, en las que exigen además, una compensación adecuada por los daños causados a la comunidad.
COPUDEVER recibe el acompañamiento de EDUCA (Servicios para una Educación Alternativa A.C.), una organización de derechos humanos de la ciudad de Oaxaca. Educa es contraparte de Pan para el Mundo y la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia de Múnich. Las organizaciones alemanas de derechos humanos temen, ante la situación de impunidad reinante, que se produzcan nuevos atentados después de que cinco personas fueron asesinadas en las últimas nueve semanas. Critican además que, aunque se han puesto en marcha las primeras investigaciones, tres meses después del primer asesinato no se ha producido ningún avance y todos los crímenes siguen impunes.
La comunidad de Paso de la Reyna considera que el Estado de Oaxaca no les protege lo suficiente y demanda la intervención del gobierno central de México. “Solo una investigación penal consecuente puede terminar con la espiral de violencia” destaca Patricia Rendón de la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia , quien recuerda además el deber de protección del Estado. “Hasta la fecha el Estado mexicano no ha puesto en marcha ninguna medida de protección a pesar de las demandas reiteradas de la comunidad. Las personas ya no se atreven a salir de sus casas y viven atemorizadas por la posibilidad de nuevos ataques”.
Mañana, 22 de abril, entra en vigor el Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado internacional sobre medio ambiente para la región de América Latina y el Caribe. México ha ratificado el tratado y se ha comprometido por lo tanto a proteger mejor a las personas defensoras de derechos ambientales. Con ocasión de esta entrada en vigor, el gobierno mexicano debe poner fin a la impunidad en Paso de la Reyna e impulsar la investigación de los crímenes. La población quiere continuar sin miedo su lucha por la defensa del medio ambiente y su territorio.
