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Zapotecos, dueños de la tierra, ahora son acusados de despojo
Por Pedro Matías
28 de abril, 2021
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Ante incumplimiento de Eólica del Sur realizaron protestas y fueron encarcelados. Además les adeudan pagos por rebelarse contra la empresa

Texto: Pedro Matías | Fotos: Paulina Ríos

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- “¡Estos cabrones vinieron arrasar con nosotros con la complacencia de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto! 

“Estoy arrepentido de haber firmado con la empresa Eólica del Sur. Es inexplicable que siendo los dueños de la tierra ahora seamos tratados como delincuentes”.

Así sintetiza el indígena zapoteco Arturo Martínez Ruiz la pesadilla que vive. 

Y todo por haber soñado con dar una vida mejor a su familia al firmar un contrato leonino y ventajoso con  Eólica del Sur porque todas las ganancias son para esa empresa y no pagan ni un centavo a la comunidad.

El parque Energía Eólica del Sur fue inaugurado el 28 de mayo de 2019 con una inversión de mil 200 millones de dólares de la empresa japonesa Mitsubishi.

Es considerado el más grande de Latinoamérica al instalar 132 aerogeneradores con capacidad para producir 396 megawatts, y además cuenta con dos subestaciones y 77 torres.

Está ubicado en los municipios de Juchitán y El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec. 

Se estableció en un área aproximada de 4 mil 500 hectáreas distribuidas en dos polígonos: 

  • Polígono Bii Nissa (en Juchitán) con 60 aerogeneradores para 180 MW y
  • El Polígono Xtipa Bii (El Espinal) con 72 aerogeneradores para 216 MW.

En su página web no informan a qué empresa o empresas venden la energía, solo refieren que el proyecto cuenta con dos subestaciones, una en cada polígono.

Se interconectarían a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llamada Ixtepec Potencia, por medio de líneas de transmisión.

Aunque la empresa resalta que se realizó una consulta indígena, ésta solo fue de mero trámite y “amañada”.

Porque los contratos los firmaron entre 2012 y 2013, mientras que la consulta se realizó hasta el 2015 y 2016 y el fallo de la Corte a favor de la empresa se realizó en 2018.

Oportunidad perdida

Global Rights Advocacy destacó que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación perdió una oportunidad histórica de protección a los derechos de los pueblos indígenas en una sentencia deficientemente concebida y redactada”.

Se refiere a la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que favoreció injustificadamente a la empresa Eólica del Sur emitida en noviembre de 2018 al reconocer la consulta indígena.

“…esta Primera Sala advierte que el proceso de consulta se realizó de buena fe y, además, se obtuvo el consentimiento de la comunidad indígena, atendiendo a que el proyecto eólico es a gran escala, tal y como se determinó al resolver la cuarta cuestión..”, quedó asentado en la sentencia del Amparo Directo en Revisión 1060/2018.

Global Rights Advocacy destacó que antes de realizar consulta alguna, la empresa ya había obtenido diversos permisos y firmados cientos de contratos con individuos en tierras comunales.

Esto significa que el parque eólico entró en fase de construcción mientras la decisión de la Corte Suprema estaba pendiente, ignorando el deber de la consulta también en esa etapa.

En segundo lugar, la sentencia no mencionó que solo el uno por ciento de la población indígena “aprobó” el proyecto eólico en Oaxaca,.

Tampoco que dos informes de expertos, incluido el ex Relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, confirmaron que la supuesta consulta fue inadecuada.

E Ignoraron también que los observadores independientes se retiraron del proceso luego de emitir cinco informes detallando las violaciones al carácter previo, libre e informado.

Inconformidades ante violaciones a derechos

Es por ello que más de mil indígenas zapotecos acudieron a la Suprema Corte luego que el Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz rechazó su amparo.

Luego que la comunidad Ikkots de San Dionisio del Mar se opuso a que la empresa Mareña Renovable instalara un parque eólico en su territorio en el 2012, decidió cambiarse de nombre por Energía Eólica del Sur.

Y aterrizó su proyecto en Juchitán de Zaragoza y El Espinal, donde generaría energía destinada de manera exclusiva a satisfacer las necesidades de autoabastecimiento de los socios de la permisionaria (FEMSA, Oxxo, Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma).

El proceso de consulta empieza el 20 de junio de 2014, con la etapa de acuerdos previos para establecer el protocolo de consulta.

Según una publicación de nexos.com.mx, entre las irregularidades denunciadas por un sector de la comunidad que se oponía a continuar con la consulta se cuentan, entre otras, el hecho de que el 15 de enero de 2015, en pleno proceso de consulta, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió una resolución (RES/006/2015).

En ella le otorga a Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. el permiso para generar 396W de energía eléctrica. 

Por otro lado, el 23 de febrero de 2015, la delegación federal Oaxaca de la SEMARNAT decidió otorgar una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto. 

Poco tiempo después (9 de abril de 2015) y todavía en pleno proceso de consulta, la delegación federal de Semarnat en Oaxaca vuelve a otorgar otro cambio de uso de suelo.

Amparos

Por ello, la comunidad inconforme interpuso el 15 de septiembre de 2015 un recurso de amparo ante la justicia federal, para exigir al Poder Judicial que les provea las garantías a sus derechos y declare que la consulta incumplió con los estándares normativos.

El amparo fue remitido el día 17 del mismo mes (Sept. 2015), al Juzgado Séptimo de Distrito y radicado con el número 454/2015. 

Ese amparo, que obtuvo en su momento una suspensión provisional y otra definitiva, fue fallado en contra de los quejosos, motivo por el cual fue solicitada la revisión del mismo, ejerciendo finalmente la SCJN la capacidad de atracción.

Estas irregularidades fueron evidenciadas por la directora ejecutiva de Global Rights Advocacy, Alejandra Gonza.

Denunció que “por décadas, el gobierno mexicano permitió la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, sin consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

“Sin el diseño de beneficios compartidos y sin exigir a las compañías que trabajen con la debida diligencia”.

En síntesis, “Eólica del Sur y el gobierno impusieron un proyecto predeterminado y de imposible modificación”, razón por la que recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde septiembre de 2019, caso que se encuentra pendiente de resolver.

Insistieron en que el “proyecto Eólica del Sur, es un ejemplo de corrupción, impunidad y despojo hacia los pueblos indígenas”.

Mencionó que en días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia matutina las violaciones a derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Eólica del Sur, instalado sin consentimiento libre, previo e informado en Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca.

Piden ayuda al Presidente

Ahora, las personas afectadas exigen al presidente que exprese su voluntad de resolver este caso de manera inmediata- con la mediación de la CIDH- y pida una reunión de trabajo.

Menciona que la denuncia pública del Presidente, así como su queja presentada formalmente ante la Corte suprema coinciden con los argumentos de la petición internacional interpuesta por las personas afectadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2019. 

La petición resalta la arbitrariedad de la Sentencia de la Suprema Corte y busca conseguir reparaciones integrales y la responsabilidad internacional de México por las violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, derechos de propiedad comunal, otros derechos económicos, sociales y culturales, así como por la obstaculización a la defensa del territorio indígena tanto por agentes del Estado como por las empresas, con su aquiescencia y tolerancia.

Asimismo, denuncia la violencia contra defensores del territorio, quienes tienen medidas cautelares de la CIDH por el alto riesgo a su vida, por su trabajo de oposición a la instalación de Eólica del Sur en Juchitán.

Señalaron al entonces ministro José Ramón Cossío Díaz, que las deficiencias de la Sentencia redactada por él son evidentes porque “en primer lugar, ignoró el sentido simple de la palabra “antes” o “previa” para calificar a cualquier consulta.

Lo que significó que las empresas obtuvieran diversos permisos antes de realizar consulta alguna, y firmaron cientos de contratos con individuos en tierras comunales.

Con esto, el Presidente evidenció un problema grave de corrupción, desprotección judicial y reconoció expresamente que el Ministro ‘José Ramón Cossío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer una empresa de energía eólica’.

La respuesta de Cossío

En respuesta, el ministro en retiro José Ramón Cossío dijo que en el orden jurídico mexicano no existía en ese momento un mecanismo de consulta, por eso decidió atraer la solicitud que le hicieron llegar los pueblos y comunidades indígenas.

“Yo lo atraje y después, cuando hubo que proyectar el fondo del asunto, me volvió a tocar a mí para proyectar. 

“El problema era cómo debiera hacerse una consulta en materia indígena, entonces, lo que ese proyecto trató de hacer es que a falta de legislación nacional en la materia, era establecer los requisitos, los pasos para efectos de saber cuándo sí y cuándo no podría considerarse que hubo una consulta indígena.

“Ahora, cuando ya empezó el proceso, nosotros establecimos primero el estándar que tiene que ser previa, libre e informada…, pero esa era la condición”, argumentó.

Reconoció que “no tenemos todavía una Ley de consulta indígena” ni con base en qué se realizaba una consulta, por lo que decidió aprovechar esta sentencia para poner todos los pasos.

Muchos de ellos son de Derecho internacional y están hechos conforme a los preceptos de la CIDH y la Corte Interamericana.

En la entrevista con Proceso, el ministro en retiro manifestó que esta sentencia es un precedente porque “si quiere usted tener una consulta

válida en términos indígenas, tiene que hacer esto, esto y esto …”

Explicó que “toda la discusión no estaba en si era buena o mala la consulta, la discusión era en que si era previa.

“Entiendo la posición de esta persona (Alejandra Gonza), porque ellos siguen pensando que lo previo, era previo, prevísimo y usted casi no podía hacer nada si no tenía este acuerdo, este consenso.

“En cambio, nosotros dijimos no, hay cosas que sí se pueden empezar hacer, porque si no, no tendría ninguna viabilidad el proyecto”.

Es decir, “si se pueden otorgar los permisos de exploración para iniciar el proceso, lo que no se puede es llevar a cabo los procesos de fondo hasta que tenga una consulta informada, en su lengua, con traductores, libre…”

Respecto a la detención de los indígenas zapotecos o el incumplimiento de la empresa Eólica del Sur, dijo que es otra situación donde se podría recurrir a recursos administrativo o juicio de amparo.

“Si la empresa X o Y no está cumpliendo, hay contratos civiles, administrativos, actos de autoridad, falta de supervisión de la propia autoridad. Y se puede demandar por incumplimiento del contrato. 

“Eso debe estar pasando con Eólica del Sur, pero eso no deriva de la consulta, deriva del incumplimiento de los acuerdos”.

Por otra parte, aunque se buscó una entrevista con la directiva de la empresa Eólica del Sur para conocer su versión de los hechos que los señalan no fue posible ya que el contacto que aparece su página de internet no fue localizado porque el número de teléfono “no existe” y el correo electrónico rebotó el mensaje.

DUEÑO DE LA TIERRA, ACUSADO DE DESPOJO

El resentimiento que tiene don Arturo es porque no solo lo mandaron encarcelar por protestar ante el incumplimiento del contrato, sino porque su familia “tiene miedo.

“Tiene pánico porque ya me amenazaron de muerte, nos metieron policías estatales a la casa, de la Agencia Estatal, también de los policías municipales, no han querido intimidar por todos los medios”.

“Queríamos un cambio de vida mejor pero lo que estamos viendo es represión”, y cita que fue encarcelado el 13 de febrero de 2021, por encabezar una protesta pacífica al bloquear durante 52 días la subestación del parque Bii Nissa.

“Estoy bajo caución, pero a mí no me van a callar la voz, tengo derecho a expresarme”, dice orondo.

El presidente del comité Xhuba Yachi (Maíz Blanco, en zapoteco), Arturo Martínez Ruiz, ahora es acusado de “despojo de tierras, extorsión y asociación delictiva”.

Solo por exigir a los directivos de la empresa -supuestamente mexicana- que manejan los españoles con inversión japonesa de Mitsubishi Corporation.

Fue el sábado 13 de febrero pasado, alrededor de las 18:00 horas, cuando Arturo Martínez Ruiz y su acompañante Mariano Cabrera Nieto fueron detenidos porque mantenían una protesta pacífica en la subestación del parque Bii Nissa propiedad de la empresa Eólica del Sur. 

Incluso Mariano Cabrera, de 65 años de edad, resultó herido en un pie por arma de fuego.

Los integrantes del comité Xhuba Yachi denunciaron en redes sociales que los directivos de la Empresa Eólica del Sur, a cargo de los señores Eduardo Zenteno Galindo, Ramón Cruz Martínez y Javier Barcia Tuccelli, han violentado las cláusulas del contrato firmado por 30 años con los propietarios zapotecos que les alquilan sus tierras.

Denuncia pública

En un video de un minuto y 54 segundos denunciaron: 

“Elementos ministeriales con arbitrariedad, violencia y sin una previa orden de aprehensión detuvieron al señor Arturo Martínez Ruiz y a Mariano Cabrera Nieto, en calidad de persona vulnerable de la tercera edad, fue agredido con un proyectil de arma de fuego con tres denotaciones en el pie, fueron pateados, arrastrados y aventados a sus unidades vehiculares sin la más mínima humanidad”, puntualizaron.

El caso fue denunciado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el folio 2021/9529 por el acto reclamado en contra de la empresa Eólica del Sur.

Mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/0225/(10)/OAX/2021 y envió visitadores a penal de Tanivet para hablar directamente con las personas detenidas.

Alrededor de las 14:00 horas del martes 16 de febrero, Arturo Martínez Ruiz y Mariano Cabrera Nieto, abandonaron el penal de Tanivet.

“A mí me imputaron por despojo, asociación delictuosa, retención del personal y lo calificaron como secuestro y otro cargo que no me acuerdo.

“La verdad, la verdad, estamos muy arrepentidos. Ahorita estamos tratando de cancelar el contrato si es posible, ya no estamos de acuerdo como nos está tratando la empresa”.

“Es una represión lo que hay con nosotros aquí. Somos despojados de nuestra tierra, yo así lo siento y estoy arrepentido de haber firmado con esa empresa”.

Y es que “nos lo pintaron tan bonito que creímos y la gente de aquí es muy inocente y sin leer nada firma y piensa que todos somos iguales, pero no, estos cabrones vinieron arrasar con nosotros”.

Omisiones y protestas

“Cuando firmamos el contrato no nos pagaron la renta, nos pagaron lo que llamaron ellos una reserva de 700 pesos por hectárea. Durante cinco años siguen pagando la reserva.

Para el caso de limpieza de los viales o caminos se habían destinado 10 millones de pesos anuales los cuales no hay una aclaración certera del manejo de tal cantidad.

Es por ello que desde el 4 de enero pasado realizaron una manifestación pacífica en las inmediaciones de la subestación del parque Bii Nissa para exigir la revisión de contratos de arrendamiento de tierras y la aclaración del destino de los 10 millones de pesos.

Insistieron en que “la empresa Eólica del Sur no realizó el pago correspondiente al trimestre en diciembre de 2020.

“Y como otra medida de represión, han notificado a los propietarios del Comité Xhuba Yachi que no les pagarán lo correspondiente al mes del marzo 2021.

“Lo que significa que prácticamente están ocupando tierras de forma gratuita, les pagan cuándo quieren y el precio que quieren”.

Según la sentencia del amparo, la empresa se comprometía a:

Dar prioridad de trabajo y empleos para la construcción del parque eólico a la ciudadanía.

  • Pago directo a los poseedores titulares de los terrenos.
  • Pago al módulo de riego número 11, para mejoras de obras hidráulicas y dar servicio a los campesinos.
  • La creación de un fideicomiso de energía eléctrica en el que la empresa aportara un recurso para ser aplicado a la factura del consumidor residencial doméstico, tarifa 1-C de toda la población, lo que se traduce en aproximadamente un 10% del consumo promedio.
Mientras que la Secretaría de Energía propuso:
  • Destinar recursos del gobierno federal para el cambio de luminarias de alumbrado público.
  • Y para el sistema de bombeo de agua potable.
  • La instalación de un aerogenerador de dos megawatts, que junto con el proporcionado por el Gobierno del Estado, reducirían en un 35% el porcentaje de energía eléctrica que se paga a la Comisión Federal de Electricidad.
  • Encontrar un espacio para la instalación del parque eólico municipal.

Situación que ha sido incumplida en su mayoría, denunciaron las personas afectadas que ahora se arrepienten de haber arrendado sus tierras hasta por 30 años.

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