- *Se violaron sus derechos humanos, personalidad jurídica y derecho a la tierra.
Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/1007/(25)/OAX/2021 por el caso de Santo Domingo Ixcatlán donde el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria declararon muertos a mil 13 comuneros para despojarlos de sus tierras, pese a que se encuentran vivos.
Este hecho, advirtió la Defensoría, vulnera entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente, el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena.
La Defensoría solicitó información a las autoridades señaladas como responsables al declarar como fallecidos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos, 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
E indicó que analizará la posible comisión de violaciones a derechos humanos en las que probablemente incurrieron servidores públicos de las instituciones responsables, fundamentalmente, relacionados con la vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de personas que aún se encuentran vivas, hecho que tendría como consecuencia desconocer la posibilidad de las mismas a ser titulares de derechos y deberes, sobre todo, los concernientes a su carácter de persona comunera.
Fundamental, investigar: DDHPO
Así también, la Defensoría advirtió que es fundamental investigar y aclarar este tipo de actos, pues las propias autoridades agrarias señalan que, en Oaxaca, el 76 por ciento del territorio es propiedad social –comprendiendo siete mil 200 millones de hectáreas–, lo cual implica darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra y con ello, evitar posibles conflictos agrarios o sociales al interior de las comunidades o con otras.
El órgano autónomo manifestó su especial preocupación respecto a la obligación que las autoridades tienen de proteger el derecho a la personalidad jurídica de las personas en nuestra entidad, pues en un Estado de Derecho, esta prerrogativa se convierte en base para el ejercicio de otros derechos.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), así como el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y se sancionen a los funcionarios implicados de la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.
Acusaron al exdelegado federal Agrario, Francisco Javier Cañada Melecio; al jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca, Daniel Víctor Merlín Tolentino y a los integrantes del Registro Agrario Nacional (RAN), Eduardo Daniel Gómez Padilla y Uriel López Mayoral.
Recordaron que según el acta de fecha 12 Agosto del 2018, la supuesta representación comunal Agraria de Santo Domingo Ixcatlán avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria, efectuó una asamblea de un pequeño grupo de comuneros que son seguidores de la familia Morales Arias, responsables de la masacre del 30 de abril del 2008, para separar a 1,013 comuneros del padrón de comuneros y darlos por muertos.
El acta de asamblea de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, distrito de Tlaxiaco, estado de Oaxaca del 12 de agosto del 2018, fue avalada por el oficio DRC/UJ/699/2018 firmada por Daniel Víctor Merlín Tolentino, jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca.
