- Mongabay Latam investigó sobre la situación de seguridad territorial de las comunidades nativas en las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali, Pasco, Huánuco y Madre de Dios y cómo ante la ausencia de ésta resultan más impactadas por las actividades ilegales.
- El análisis geoespacial de la presencia de la deforestación, la minería ilegal y los cultivos ilegales de coca en las comunidades nativas de estas cinco regiones muestra que 1247 de ellas han resultado afectadas.
- La investigación revela, además, que 647 comunidades nativas o autoidentificadas como indígenas en estas cinco regiones no cuentan con el reconocimiento de la autoridad regional que certifica su existencia.
Hay comunidades indígenas en Perú que no figuran en los mapas oficiales, cuya existencia descansa solo en sus nombres y en el conocimiento que tienen de ellas las federaciones que las representan, pero no en la legalidad que otorga el reconocimiento del Estado. Es el caso de comunidades como Manco Cápac, en la región Loreto, que con 70 años de historia no tiene un documento que pueda dar fe de su existencia, aunque sus pobladores conozcan de memoria dónde empiezan y terminan sus tierras.
Solo en la región Loreto, hay 417 comunidades nativas o autoidentificadas como indígenas que no cuentan con el reconocimiento de la autoridad regional que certifica su existencia. Y el problema no es solo de esta región de la Amazonía. En Ucayali la cifra llega a 122 y en Pasco suman 85. Huánuco alberga a 13 y Madre de Dios a 10 comunidades que aún no cuentan con una partida de nacimiento oficial. Es decir, 647 comunidades indígenas en cinco regiones de la Amazonía peruana.
Sin embargo, el principal problema de estas comunidades no es solo la falta de reconocimiento estatal. Cuando se ubica a las más de 2000 comunidades nativas en un mapa —tanto las reconocidas, las que están en proceso o las que permanecen en el limbo— y se superpone información de la deforestación de los últimos 10 años, de los puntos de minería ilegal identificados entre 2013 y 2020, y del último mapeo de cultivos ilegales de coca entre los años 2017 y 2019; el panorama se vuelve sombrío.
El análisis realizado por Mongabay Latam, en cinco regiones amazónicas, sobre el impacto de los delitos ambientales en territorios indígenas muestra que por lo menos 1247 comunidades están afectadas por la minería ilegal, los cultivos ilícitos de hoja de coca o la deforestación.
La fotografía muestra a las comunidades cercadas por la ilegalidad, por la minería que contamina sus ríos con mercurio, por las invasiones que buscan la madera de sus bosques y por el narcotráfico que avanza violentamente. De las 54 pistas de aterrizaje clandestinas detectadas por la Gerencia Regional Forestal del Gobierno Regional de Ucayali, 15 están dentro de territorios indígenas. De los 10 defensores ambientales asesinados en el último año y medio, siete son líderes indígenas amazónicos. Los siete fueron asesinados con armas de fuego en incidentes que sus comunidades vinculan a invasores y a narcotraficantes.
¿Cuál es la situación de las comunidades indígenas en estas cinco regiones de la Amazonía? Un equipo periodístico de Mongabay Latam inició hace seis meses la tarea de recopilar información del Estado y de organizaciones civiles para analizar la incidencia de los delitos ambientales en las comunidades indígenas. Analizamos cientos de datos sobre la propiedad legal de las tierras indígenas, el avance de deforestación, el incremento y ubicación de los cultivos de hoja de coca y la minería ilegal en las regiones de Huánuco, Ucayali, Loreto, Pasco y Madre de Dios. Con esa información, visitamos las comunidades que registraban las situaciones más preocupantes
Comunidades «fantasma»
El primer desafío que enfrentan las comunidades indígenas en el Perú es tener que “certificar” su propia existencia. Su vulnerabilidad radica en la dificultad que tienen para que el Estado las reconozca, las titule y las inscriba en registros oficiales. Los organismos públicos muestran cifras diferentes. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura indica que, en las cinco regiones amazónicas que hemos investigado, existen 1101 comunidades tituladas, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego contabiliza 1166. De hecho los números podrían variar si se consulta bases de datos de gobiernos regionales, organizaciones civiles o federaciones indígenas.
“Es imposible llegar a una cifra exacta”, sostiene Katherine Sánchez, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene un sistema catastral que no considera aquellas comunidades tituladas que no cuentan con georreferenciación [un territorio delimitado]”, explica Sánchez. Asimismo, explica que la actualización de la base de datos del Midagri “depende de los gobiernos regionales que, muchas veces, no cuentan con un sistema similar al de este ministerio, por lo que manejan sus cifras en una plataforma distinta, es decir, si recurriéramos a los gobiernos regionales podríamos encontrarnos también con inexactitudes”. A este panorama se suma, como señala la experta de la SPDA, que existen “comunidades duplicadas en sus registros”.
Pero, además, están las comunidades no reconocidas, las que no cuentan con ninguna seguridad jurídica. Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, explica que “la propiedad comunal cuando no está reconocida, tiene limitaciones para gestionar proyectos, programas sociales, incluso temas de servicios públicos como, digamos, un establecimiento de salud”, dice Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
