Ni resoluciones de jueces, ni dictámenes del Tribunal Agrario, ni sentencias de la ONU, ni el tema en la agenda nacional de las conferencias mañaneras han podido lograr que Ayutla Mixe vuelva a tener agua, cuatro años después del despojo a mujeres indígenas y el asesinato impune del comunero Luis Juan Guadalupe
Por: Miguel Ángel Maya Alonso, Karen Rojas Kauffmann y Antonio Mundaca | Foto de portada: Antonio Mundaca | Pie de Página
OAXACA.- San Pedro y San Pablo Ayutla mixe tiene 4 años sin agua. En ese tiempo han enfrentado dos veces la simulación pública del gobierno de Alejandro Murat a la reconexión del manantial, los habitantes han llevado la crisis humanitaria al escenario nacional y las conferencias mañaneras del Presidente de la República, también ahí el problema ha sido reducido a un conflicto comunitario en vías de ‘solucionarse’. En 4 años siempre han estado en la víspera de tener el acceso al agua que el Estado mexicano les ha negado, incluso con resoluciones de tribunales agrarios.
“Para nosotros la tierra no tiene precio”, dicen. Han decidido pagar su derecho ancestral y divino. Ya corrió la sangre en el territorio el 5 de junio de 2017, cuando un grupo de paramilitares presuntamente originarios de Tamazulapam del Espíritu Santo atacó con armas largas en la zona del manantial Jënnayëej a comuneros mixes.
“Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para defender nuestras tierras. Si tenemos que arriesgar nuestras vidas, así lo vamos a hacer”, aseguran. La comunidad vecina les despojó del manantial que abasteció al pueblo de agua por décadas, y ahora le sigue el despojo de tierras por parte del gobierno del estado que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, advierten.
Una batalla legal
Los habitantes de Ayutla interpusieron un amparo ante un tribunal colegiado el 7 de agosto de 2017 para garantizar el acceso al agua, que ganaron en julio de 2020. Tamazulapam impugnó, pero a finales de junio de 2021 la sentencia definitiva ordenó la reconexión inmediata del agua para Ayutla.
Aseguraron que desde el Gobierno han definido estrategias con el afán de no cumplir con la sentencia que obliga al Murat Hinojosa, a la Secretaría General de Gobierno (Segego), a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a la propia autoridad de Ayutla a realizar la reconexión y garantizar el acceso y la disponibilidad del agua para los tres mil habitantes de esta población, una sentencia que el gobierno ha incumplido desde el 13 de julio de este año, con el argumento de la “autodeterminación”, cuando en cuatro años se han dado signos de complicidad oficial, detallaron.
“La ONU DH saluda la sentencia que ordena garantizar el acceso y disponibilidad de agua a la Comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, Oaxaca”, reconoció la Organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos.
El periodo establecido por el juez en la sentencia ya venció y ninguna autoridad al menos intentó cumplirla, en cambio, Alejandro Murat Hinojosa se “inventó” un acuerdo agrario entre las dos comunidades, dejando con ello más problemas, como el despojo de 300 hectáreas de terreno, bajo la promesa de una indemnización que nadie quiere.
“Hemos podido atender de 80 conflictos agrarios más de 46, el último el de Tamazulapam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, agradezco a mis paisanos, vamos por la ruta correcta coordinados con el Gobierno Federal”, declaró el gobernador de Oaxaca en la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca.
El cargo de Murat en la mesa, la impunidad garantizada
Ante el incumplimiento de la sentencia para la reconexión de agua para Ayutla, los afectados dijeron en entrevista que solicitarán la imposición de multas y el inicio de procedimientos para la destitución del cargo de las autoridades responsables.
“Incluye al gobernador del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Comisión Estatal del Agua, al presidente municipal de Tamazulapam y al agente municipal de Tierra Blanca, que son las autoridades que están como responsables”, destacó el abogado José Juan Julián Santiago.
Recordó que la sentencia fue confirmada en segunda instancia y ya no tienen recurso alguno las autoridades responsables para que aleguen que no pueden cumplir.
“El juez de Distrito emitió una sentencia y especifica los términos en los que se tiene que cumplir y dentro de este señala muy puntualmente que la reconexión tiene que ser en los términos ordenados en los títulos de concesión. En un momento dado lo que va a evaluar el juez es si se cumplió como él ordenó”, afirmó Julián Santiago.
Los pueblos se pueden poner de acuerdo, declaró el abogado refiriéndose al tema agrario, pero eso tiene que pasar en un momento dado a la valoración de la propia comunidad. “De haberse cumplido la sentencia, la comunidad de Ayutla debiera ya de tener agua”.
Murat engañó a Obrador
El acuerdo agrario al que se refirió el gobernador en la visita del presidente consistió en dividir el agua del manantial al 50 por ciento entre las dos comunidades. Con esta determinación, las tierras de que los habitantes de Ayutla perdieron en 2017 quedaron del lado de Tamazulapam, terrenos que han pertenecido a los habitantes de Ayutla desde siempre, según lo declaran.
El acuerdo fue realizado entre las dos autoridades municipales, con el aval del Alejandro Murat Hinojosa, quien busca una alternativa a la sentencia del juez, puesto que todos los intentos que ha realizado para abastecer de agua potable a Ayutla han sido infructuosos, afirman los pobladores.
“Tenemos una inconformidad con las autoridades municipales y estatales por cómo se han manejado las cosas con nuestros terrenos, han tomado decisiones sin consultarnos”, destaca Isaías Domínguez Ramírez, uno de los pobladores afectados, “en las asambleas las autoridades llegaron a un punto de amenazarnos con la cárcel”.
Los afectados son 23 posesionarios, que incluyendo a las familias son aproximadamente 300 personas, quienes perdieron 250 hectáreas de terreno, más 50 hectáreas de las islas, porciones de tierra ancestralmente con propietarios de Ayutla que se ubican dentro de territorio de Tamazulapam.
Prometen indemnización
El presidente municipal de Ayutla Jesús Galván Rojas, y el síndico municipal Gael Reyes, son quienes tomaron las decisiones en el acuerdo agrario y quienes aseguraron que, a los perjudicados, quienes perdieron sus tierras se les indemnizará, aunque nunca han hablado de montos ni de fechas.
“A los 23 posesionarios y a las islas vamos a pedirle apoyo al Gobierno, que está dispuesto a darle una indemnización, así fue el argumento de ellos, pero jamás nos consultaron a nosotros”, recordó Domínguez Ramírez, “cuando menos queremos saber de qué se trata, queremos saber si se trata de algo real, porque si a nosotros nos dicen el Gobierno, no confiamos”.
Señalaron también que no se oponen al acuerdo agrario, sino que simplemente piden que se les permita mantener sus tierras y reiteraron que no quieren ninguna indemnización, ya que los recuerdos no tienen precio.
“Fue de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestros padres y todos los que vivimos ahí, tenemos muchos sentimientos encontrados”, dijo sobre sus tierras, “ahí cosechamos maíz, frijol, lo básico para sobrevivir. Nos fuimos a vivir al centro de la población porque no había escuelas ni servicios básicos”.
El poblador recordó las promesas incumplidas que han realizado las autoridades, como el pozo profundo, que supuestamente se utilizaría mientras se realizara la reconexión del manantial, e incluso lo inauguraron tres veces, y al final de cuentas no dio resultado ya que tuvieron muchos problemas este año en tiempos de sequía, y no abasteció a toda la población.
“Desde entonces tenemos ese problema con el gobernador Alejandro Murat y con CEA, que dirige Héctor Pablo Ramirez Puga. Ahorita, nuestra autoridad nos dice que no hay que meter al Gobierno Estatal ni federal, que el problema lo vamos a resolver entre las dos comunidades”.
Las mujeres despojadas
Las mujeres despojadas han perdido su medio de sustento, afirma Leticia Juárez Jiménez, una de las comuneras posesionarias de las tierras, quien insiste en que su autoridad municipal ha tomado determinaciones sin consultar a las principales afectadas.
“Yo soy una de las comuneras a quienes nos despojó el municipio de Tamazulapam, la mayoría de quienes fuimos despojadas somos mujeres. Muchas de las compañeras no vienen porque son mayores de edad. Ni a las mujeres respeta Tamazulapam, ahí nos despojaron, nos destruyeron nuestras casas, nuestras parcelas, además de que violaron y secuestraron a varias”, declara.
Ahora que ha perdido sus tierras siembra en terrenos prestados, dando la mitad de sus cosechas a los dueños por lo que exigen les regresen sus parcelas pues el maíz, el frijol y la calabaza que cosechan, apenas si alcanzan para el autoconsumo.
Los hilos de Flavio Sosa y Cesar Mateos
Mientras el agua del manantial se derrama, en el pueblo no hay agua, dice Laura Morales Juárez, quien recalca el sentimiento de amor que tienen hacia las tierras en disputa, afirmando que los pobladores de Ayutla no son violentos, ya que siempre se han manejado con la vía legal.
Sin embargo, aseguró que “en caso de que no se cumpla con la sentencia y no nos tomen en cuenta, nosotros estamos dispuestos a ir a nuestras parcelas y que nos saquen. Responsabilizamos tanto a nuestras autoridades municipales, como al gobernador del estado y todas las autoridades responsables por lo que nos llegue a pasar”.
Denunció también la intromisión de personajes externos a la comunidad, como Flavio Sosa y César Mateos, dirigentes de una organización social oaxaqueña, esto a pesar de que las autoridades habían
asegurado que todo se arreglaría con personas de los dos municipios.
Y mientras cada vez más irregularidades salen a la luz y las pifias de los tres niveles de gobierno se siguen dando, la problemática principal, la falta de agua, sigue, “nosotros seguimos sin agua desde el 2017”, concluye la pobladora.
