Pedro Matías
Ante inacción del gobierno de Murat, redes de organizaciones y ecologistas piden que SCJN emita sentencia.
Ya pasaron casi 9 años y la propuesta de sentencia llegó al pleno de la SCJN.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Mas de un centenar de organizaciones y movimientos sociales ecologistas solicitaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitan una sentencia final a favor de los históricos derechos indígenas del pueblo Zoque Chimalapa y a favor de los derechos de la Naturaleza, al tratarse de la región con mayor biodiversidad de México y de Mesoamérica.
Al enterarse que ya existe una propuesta de sentencia final respecto a la controversia constitucional 121/2012 que presentó el gobierno de Oaxaca, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas hizo un llamado a los once ministros de la Corte que se pronuncien la defensa del territorio indígena zoque y la conservación y no privatización de sus invaluables bienes naturales.
Explicaron que luego de un largo proceso de más de 9 años, se enteraron, a través del portal de transparencia de la SCJN, que ya existe una propuesta de sentencia final, relativa al juicio de Controversia Constitucional 121/2012, misma que ha sido sometida para su discusión y votación, ante el pleno de esa máxima instancia judicial de nuestro país.
Los firmantes del pronunciamiento piden que su sentencia se apegue a los instrumentos internacionales y a su conciencia ecológica, sobre todo en momentos en que la crisis climática se manifiesta dramáticamente día con día, y siendo que el territorio comunal de Los Chimalapas, constituye todavía, la zona de mayor producción de servicios ecosistémicos del país.
Recordaron que la controversia fue “presentada por el gobierno del estado de Oaxaca, contra la impune invasión de soberanía estatal y de territorio indígena del pueblo zoque de Santa María y San Miguel Chimalapa, de parte de sucesivos gobiernos del estado de Chiapas, amparando y brindando con ello, cobertura y protección -desde 1950 a la fecha- a depredadores intereses de madereros, ganaderos y rancheros invasores neolatifundistas.
Estos grupos chiapanecos han utilizando como “escudos humanos” a cientos de familias indígenas pobres (la mayoría tsotsiles provenientes de la región de Los Altos) a quienes -ilegalmente y bajo engaños- los gobiernos chiapanecos y federal, pretendieron a lo largo de 40 años, otorgarles dotación de ejidos, dentro de los bienes comunales chimas.
Dicha Controversia Constitucional, admitida formalmente por la Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y el ministro José Fernando Franco González Salas, el 20 de diciembre de 2012, fue presentada por el gobierno oaxaqueño de Gabino Cué, gracias a la pacífica y constante presión ejercida por las comunidades chimalapas.
El conflicto fue creado luego que el gobierno de Chiapas conformó, el 23 de noviembre de 2011, un nuevo municipio que nombró “Belisario Domínguez”, el cual ubicó totalmente dentro de la soberanía oaxaqueña y dentro del territorio comunal y municipal de Santa María y San Miguel Chimalapa.
Con el respaldo del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, integrado por una red plural de la sociedad civil, explicó que “como tal no estamos a favor del estado de Oaxaca y en contra del estado de Chiapas, sino que, en todo momento hemos ratificado nuestro compromiso de desarrollar una permanente labor de cabildeo, cobertura y difusión, de las estrategias y acciones de carácter pacífico, que encabezan, promueven y desarrollan las comunidades indígenas de San Miguel y Santa María, a través de sus representantes comunales comunal, para la defensa de su territorio indígena ancestral y para la conservación y no privatización de sus invaluables bienes naturales”.
“Es por ello que hoy día, reiteramos nuestra denuncia y profunda indignación y preocupación, por haber constatado todos estos 30 años, cómo a pesar de haberse confirmado jurídicamente la propiedad comunal de San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca, mediante la emisión de dos decretos presidenciales, actas de posesión y deslinde y planos definitivos, el dolosamente creado conflicto interestatal Oaxaca-Chiapas”.
Luis Bustamante Valencia y Miguel Ángel García Aguirre, coordinadores nacional y regional, respectivamente, consideran que los gobiernos de Chiapas han creado de facto los conflictos para ‘alegar’ que la superficie en diferendo, de aproximadamente 160 mil hectáreas de la zona oriente del territorio comunal de Los Chimalapas, no sólo ‘está ubicada en el estado de Chiapas’, sino que ‘es propiedad de éste’, desconociendo así la propiedad comunal chimalapa y amparando política y policialmente, a los intereses de empresas madereras, contrabandistas, ganaderos y rancheros que, a la fecha -según estimaciones de técnicos nuestros- han devastado ya, casi 50 mil ha de selvas, bosques de pino-encino y bosques de niebla”.
