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Víctimas de la violencia acusan a cuatro aspirantes a magistrados por ser protectores de feminicidas
Por Pedro Matías
14 de octubre, 2021
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Víctimas de violencia y defensoras de derechos humanos acusan a cuatro aspirantes a las magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado por ser supuestamente protectores de feminicidas.

Pedro Matías

Oaxaca, Oax. (página3.mx).- Víctimas de violencias y defensoras de derechos humanos cuestionaron a cuatro aspirantes a las magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado al tiempo que hicieron un llamado al Congreso de Oaxaca a elegir los perfiles idóneos para no contribuir a la impunidad.

Los aspirantes a los que acusan las víctimas de violencia

Las inconformes agregaron que Alejandro Magno González Antonio, Juan Carlos Díaz Carranza, Berenice Ramírez Jiménez y Joanna Vasconcelos Sánchez, carecen de probidad para el cargo y, sobre todo, es evidente su falta de compromiso con las víctimas, la justicia, la verdad y la reparación.

Las víctimas de violencia de género, personas afectadas por delitos asociados al feminicidio, defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil argumentaron que las propuestas que se encuentran en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca, son producto de componendas y compadrazgos políticos.

Entra las personas firmantes se encuentran Soledad Jarquín Edgar, periodista y madre de la fotoperiodista María del Sol, asesinada en Juchitán en 2018; María Elena Ríos, víctima de ataque de ácido en 2019; y Zoila Bengoechea, madre de Dafne Carreño Bengoechea víctima de feminicidio en 2013.

En una carta enviada a la opinión pública señalaron que entre las personas carentes de probidad para ocupar tan importante cargo público se encuentran Alejandro Magno González Antonio, Juan Carlos Díaz Carranza, Berenice Ramírez Jiménez y Joanna Vasconcelos Sánchez.

En el caso de Alejandro Magno González Antonio, indicaron que obstaculizó las investigaciones de los casos de María del Sol Cruz Jarquín y María Elena Ríos. La primera víctima de un feminicidio ocurrido en junio de 2018 y la segunda sobreviviente de feminicidio ocurrido en septiembre de 2019.

En el primer caso, coludido con el entonces fiscal Rubén Vasconcelos Méndez ocultaron información relevante a la familia y en el segundo caso protegiendo al ex diputado del PRI, Antonio Vera Carrizal.

De igual forma, señalaron que no cumple con los requisitos legales para ser magistrado por haber ocupado un cargo público en marzo pasado como Fiscal General del Estado de Oaxaca porque el Artículo 101, fracción VI, de la Constitución de Oaxaca establece: “No haber sido Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado de Oaxaca, Diputado Local, en el año anterior a su nombramiento”.

Respecto a Juan Carlos Díaz Carranza, argumentaron que es hijo de Juan Díaz Pimentel, político oaxaqueño e incondicional del exmandatario José Murat Casab padre del actual gobernador que “ha influido para que su hijo ocupe sin mérito alguno tan importante cargo”.

Resaltaron sus nexos con familias priistas como Juan Vera Carrizal, detenido por tentativa de feminicidio, y de la diputada Aurora López Acevedo, quién es tía directa de Alejandro Enrique Rivera López, feminicida de Dafne Carreño Bengoechea.

No sólo no ha ejercido la profesión de abogacía, como tampoco tiene residencia en Oaxaca (…) Juan Carlos Díaz Carranza responde a intereses de familias priistas”, sentenciaron en la misiva.

Sobre Berenice Ramírez Jiménez mencionaron que aún trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal con el magistrado Alejandro González Bernabé; es esposa de Juvenal Carbajal, quien la colocó en ese puesto cuando ocupaba un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); actualmente es magistrado de Circuito. 

Respecto a Joanna Vasconcelos Sánchez señalan que como jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro “ha faltado a los principios de probidad, excelencia y honorabilidad; pero sobre todo acuerda y resuelve inobservando el interés superior del menor y sin perspectiva de género, cometiendo a todas luces abuso de autoridad”.

Llamamos desde el dolor e indignación que genera la impunidad (…), a no permitir más impunidad, a no elegir estos perfiles que sin duda alguna corromperán la acción del Tribunal Superior de Justicia, pues es evidente su falta de compromiso con las víctimas, la justicia, la verdad y la reparación”.

En respuesta, organizaciones civiles como Consorcio Oaxaca, Espiral por la Vida, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA, GESMujer Rosario Castellanos, Colectivo Mujer Nueva, Centro Calpulli, Coordinadora Estatal de Madres Padres y Tutores en Defensa de la Educación Oaxaca, y Luna del Sur, manifestaron su apoyo total a las víctimas.

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