Ocho mujeres fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco tras tener un aborto espontáneo o parto fortuito en Yucatán entre el 2005 y el 2021. Cuatro de ellas, las mayores de 18 años, tuvieron que enfrentar un proceso penal por un delito que se castiga hasta con 60 años de cárcel
Texto: Katia Rejón y Lilia Balam | Pie De Página
Fotos: Lilia Balam
YUCATÁN.- Alejandra* acababa de cumplir 17 años cuando tuvo un aborto espontáneo en su escuela. Antes de ese día, su vida era “súper normal”, estaba enfocándose en terminar el bachillerato para estudiar una carrera. Ahora, lleva dos años enfrentando un proceso penal: la acusan de homicidio en razón de parentesco por esa emergencia obstétrica.
Ella desconocía que estaba embarazada, ni siquiera lo sospechaba: meses antes había tenido relaciones sexuales con protección. Después, tuvo su período menstrual como siempre. “Vi que me bajó y pensé ‘ya estuvo’. No le tomé importancia, porque siempre he tenido un período irregular”, narró en entrevista. Tampoco presentó síntomas característicos del embarazo.
El 30 de octubre del 2019, la joven comenzó a sentir molestias estomacales, pero las atribuyó a comer en exceso las naranjas dulces que había comprado para la celebración del Janal Pixán.
Incluso su padre, Gonzalo*, le llamó la atención: pronosticó que las frutas le harían daño. Al día siguiente, no le extrañó que Alejandra se quejara de dolor de estómago y pidiera no ir a clases. Él la reprendió y la llevó a la escuela.
Al llegar, la adolescente no aguantó más el malestar. Fue corriendo al baño, con la esperanza de aliviarse, pero no fue así.
“Vi que [el producto] cayó al inodoro, escuché el golpe y lo primero que hice fue agarrarlo. Quedé en shock porque yo no sabía que estaba embarazada. El baño es pequeño, entonces lo agarré y busqué donde asentarlo, quise subir mi pantalón para salir a pedir ayuda, pero ya no reaccioné. Ahí me desmayé, rompí una puerta al caer y solo escuché que alguien entró y habló a la coordinadora”, explicó.
Personal del colegio la sacó con una silla de ruedas del baño y la trasladó a la dirección, luego llamó a una ambulancia. Al llegar, los paramédicos la interrogaron con insistencia: creían que ella se había provocado un aborto. Llamaron a otra ambulancia para que auxiliara a la joven y la llevara al Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Benito Juárez”.
Mientras tanto, personal de Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la Fiscalía General del Estado (FGE), se presentó en la escuela para acordonar el área donde ocurrieron los hechos e interrogar al personal académico y docente.
No había pasado ni el mediodía cuando los agentes de la Fiscalía acudieron al hospital. Entrevistaron a Gonzalo, revisaron la mochila de Alejandra en busca de pastillas o vendas, u otros artículos que hubiera utilizado para ocultar el embarazo y también solicitaron el celular de la muchacha.
El personal de la FGE intentó entrevistarla ese mismo día, pero el doctor de Alejandra no lo permitió, recordó a los agentes que era una menor de edad. El médico advirtió a Gonzalo que no dejara que hablaran con su hija a solas, y le recomendó quedarse porque podrían tratar de interrogarla en la madrugada. Y efectivamente, así lo hicieron.
Entre tanto, Alejandra estaba luchando por sobrevivir. Tuvo un desgarre vaginal y una hemorragia tan fuerte, que le produjo anemia. De hecho, el doctor que la atendió regañó a los paramédicos por tardar tanto en trasladarla al hospital, pues cuando llegó estaba al borde de un shock hipovolémico.
La joven estuvo internada durante semana y media. A los pocos días, la Fiscalía apareció de nuevo. Citaron a declarar a su padre, su abuela, su tía y a una de sus amigas. Incluso localizaron a quien había sido la pareja de Alejandra y le pidieron acudir a la dependencia. En el 2020, citaron a declarar al hermanito de la joven, que en ese entonces tenía 15 años. En la Agencia 32 del Ministerio Público le dijeron a su tutor que él o la ex pareja de Alejandra podían denunciar a la joven por los hechos. El padre de la muchacha se negó.
“Me dijeron que si yo quería, sería uno de los principales para denunciar, si yo no estaba de acuerdo o sentía que mi hija fuera culpable. Pero no lo voy a hacer”, expresó.
Después el proceso se volvió a estancar hasta finales del 2020, cuando notificaron formalmente a Alejandra que estaba acusada de homicidio en razón de parentesco por el parto fortuito, porque, según su interpretación de la necropsia, ella asfixió al producto.
Alejandra es una de las ocho casos de mujeres que fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco por una emergencia obstétrica, es decir, tras tener un aborto espontáneo o parto fortuito en Yucatán entre el 2005 y el 2021.
De acuerdo con las sentencias encontradas en la página web del Poder Judicial de Yucatán y a través de solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la mitad de esas mujeres era menor de edad cuando sucedieron los hechos; las otras cuatro tenían entre 19 y 27 años y tuvieron que enfrentar un proceso penal por un delito que se castiga hasta con 60 años de cárcel.
¿Por qué se está acusando a las mujeres con emergencias obstétricas de asesinato? De acuerdo con especialistas y activistas, es una consecuencia de la criminalización del aborto en México: los estereotipos, prejuicios y las leyes que penalizan la interrupción voluntaria, así como aquellas que protegen la vida desde la fecundación, han ocasionado que se trate como delincuentes a quienes pierden un embarazo de forma espontánea o han tenido un parto fortuito, es decir, que entran en labor de parto de manera prematura fuera de un hospital.
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