Este lunes el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU escuchará a los 22 colectivos de familiares en búsqueda de personas desaparecidas para conocer la situación del Estado
Por: Marcos Vizcarra | Foto de portada: Revista Espejo | Revista Espejo
En promedio, cada 8 horas es desaparecida una persona en Sinaloa. Este crimen ha generado una nueva forma de sobrevivencia en este Estado mermado por la violencia social y burocrática: el de evitar ser desaparecido.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene una cita con los 22 colectivos que buscan a las 5 mil 027 personas que siguen desaparecidas. Culiacán, Mazatlán y Ahome concentran el 76 por ciento de los casos.
Escucharán a quienes integran las organizaciones civiles porque son los colectivos de búsqueda los que encabezan la lucha para la localización de hijos, esposos, sobrinos, nietos y más, y a los que ahora se les ha prometido la actuación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para buscar entre morgues y panteones a personas sin identificar y tratar de regresarlos con sus familias.
“El Mecanismo va a ser una herramienta, pero no va a ser todo”, dijo María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, que aglutina a más de 300 familias en búsqueda de personas desaparecidas en Culiacán.
“Eso va a ser solo un pedacito para encontrar a nuestros hijos, pero nos va faltar saber la verdad de los casos. Las autoridades no investigan, somos nosotras y cuando encontramos no sabemos muchas cosas, porque seguramente las autoridades fueron quienes los desaparecieron, pero no lo sabemos, solo sospechamos y esa pregunta siempre queda, quién lo hizo, para qué”.
La ONU hará esta visita a Culiacán como parte de una agenda de reuniones en 22 estados del País, así como con expertos, periodistas e investigadores que trabajan este tipo de casos, luego de una aceptación del gobierno mexicano a la intervención de la Organización en el País.
Parte de lo que encontrará aquí es que más de la mitad de los casos registrados en denuncias ante el Ministerio Público o la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa involucran a autoridades, basado en el análisis de 338 expedientes, en el que en 142 señalan a policías municipales, estatales o miembros del Ejército, la Marina, la Policía Federal y hasta funcionarios de la SEP.
En Sinaloa solo hay un caso juzgado por desaparición forzada, aunque este permanece impugnado por los elementos que se resisten a declararse culpables.
A esto se suma otra situación, lo que el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) ha denominado como violencia burocrática, descrito en el libro Nadie detiene el amor (2020), la cual ocurre cuando hay criminalización de las víctimas, se descuida las investigaciones, se revictimiza y ocurre presión por las autoridades para que las familias no continúen.
Casos concretos para ejemplificar esa violencia burocrática son las fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos, hechas por la Fiscalía de ese Estado, la incineración de cuerpos en Nuevo León y Jalisco, los tráileres con cuerpos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el envío de centenas de cuerpos sin identificar a fosas comunes en Sinaloa.
El Mecanismo Extraordinario tendrá un reto en todo el País y una radiografía está aquí: durante los últimos 10 años -entre 2010 y 2020- se han desenterrado más de 600 cuerpos y más 10 mil restos de huesos humanos de fosas clandestinas. La mayoría sigue sin ser identificada y reconocida por sus familias.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene un registro de 533 cuerpos de personas sin identificar que están en morgues del Servicio Médico Forense y funerarias del Estado. Esto no es normal, deja a Sinaloa como el segundo estado con más casos a nivel nacional.
Eso se explica porque la mayoría de los cadáveres son de personas asesinadas y encontradas en terrenos baldíos, abandonadas a su suerte, pero hay también quienes fueron halladas en fosas clandestinas.
El registro oficial establece que hay 258 hallazgos de fosas clandestinas entre 2010 y 2020, la mayoría por los 22 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y han encontrado a más de 500 personas.
La Comisión Estatal de Búsqueda, con 17 empleados y un presupuesto de 36.7 millones de pesos en sus dos primeros años, encontró 45 cuerpos en fosas clandestinas y a 22 personas con vida.
Esos hallazgos, sin embargo, han sido dirigidos por los colectivos
Las personas que integran esos grupos son en su mayoría mujeres madres, hermanas, amigas, cuñadas, abuelas e hijas que se han manifestado en múltiples ocasiones para exigir resultados y menos desapariciones, aunque las oficinas del Ministerio Público están saturadas.
La Fiscalía General tiene 16 agentes para investigar desapariciones y cada uno posee, en promedio, 670 carpetas de investigación. En los últimos cuatro años han llevado 117 casos a los tribunales, pero solo 55 han sido resueltos.
No es todo, hay más de mil 600 personas enterradas en 17 panteones con fosas comunes y por lo menos mil 217 personas no tienen identificación correspondiente. Es decir, no se les hizo pruebas suficientes para poder tener un expediente que sirva para reconocerlos.
Lo que sí es normal es que esas personas hayan sido revisadas por especialistas, se les haya tomado muestras y resguardadas en laboratorios o morgues del Servicio Médico Forense.
La Fiscalía General de Sinaloa tiene cuatro edificios para poder cumplir con ese propósito, pero solo usa uno. Otro es una bodega de cadáveres en Mazatlán, uno más son oficinas y otro es un edificio vacío.
El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense es un organismo multidisciplinario creado en México con un reto mayúsculo, el de regresar el nombre a los casi 30 mil cuerpos de personas no identificadas enterradas en fosas comunes o resguardadas en morgues.
“No basta que sigamos con las labores de búsquedas y exhumación de cuerpos si no garantizamos el derecho a la identidad de las personas que lamentablemente perdieron la vida y fueron desaparecidas, y garanticemos el derecho a las familias a que sus familiares regresen dignamente con ellos”, afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos el 30 de agosto de este año al presentar al equipo de expertos.
El Mecanismo servirá para tratar de sanar y mediar entre los familiares de personas desaparecidas. Cumplirá con la exigencia de iniciar a resolver la crisis forense en el País.
Habrá, sin embargo, una crisis psicosocial que ha alimentado el enojo y descontento contra las instituciones de manera histórica. Eso, señaló la Tanatóloga Verónica de León de Cueto, fundadora de la organización Déjalos ir con Amor, será otro reto que será más visible cuando se empiece a entregar ataúdes con restos o cuerpos de personas de las que no hubo una despedida.
“Hay un estrés postraumático después de una pérdida, no solamente de los seres queridos, viene a un lado lo que llamamos un duelo sin cadáver, porque no se ha visto el funeral, no se ha visto a la persona”, dijo.
La experta refirió que esa crisis es similar a la la desatada al inicio de la pandemia de Covid-19, cuando las personas contagiadas ingresaban a hospitales y en miles de casos ya no regresaron con vida, sino dentro de ataúdes cerrados, herméticos para evitar la propagación del virus.
Los familiares comenzaron a tener duelos suspendidos a falta de una despedida.
Ambas crisis no son equiparables, pues una se dio por un virus que a la fecha sigue sin ser conocido en sus causas y orígenes, es algo fuera de las manos de la humanidad; pero la otra por una ausencia u omisiones estatales, por violencia incontenible a manos de hombres con comportamientos criminales.
