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La lucha por la libertad de los presos de Eloxochitlán llega a Ciudad de México
Por Alianza de Medios
24 de noviembre, 2021
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Una caravana por la libertad de siete personas de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, busca justicia en la capital del país. Piden que se revise el caso que mantiene presos a los pobladores con pruebas contradictorias basadas en las declaraciones de una diputada de Morena

Por: Alejandro Ruiz y Heriberto Paredes | Foto de portada: Alejandro Ruiz y Heriberto Paredes / SONY DSC | Pie de Página

ELOXOCHITLÁN, OAXACA.- Entre los cerros de la sierra mazateca, un grito de libertad se alza. Son 50 o 70 personas, todas habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; familiares de siete presos, pero también personas desplazadas bajo la amenaza de pisar la cárcel, sin pruebas de haber cometido delito alguno.

Van camino a la Ciudad de México a exigir justicia y libertad, no sólo para sus compañeros en la cárcel, sino también, y especialmente, para todo un pueblo al que desde hace siete años le han atropellado su dignidad.

Jaime Betanzos, Omar Morales, Alfredo Bolaños, Herminio Monfil, Fernando Gavito, Isaías Gallardo y Francisco Durán son los nombres de los siete presos, originarios de Eloxochitlán de Flores Magón, que aún permanecen recluidos en los Centros Penitenciarios de Tanivet, Cuicatlán y Villa de Etla, en Oaxaca.

Desde 2014, año de su detención, su defensa ha argumentado no sólo la inocencia sino la complicidad de distintos funcionarios públicos para forjar una culpabilidad sustentada en declaraciones falsas y favores políticos. La defensa y los familiares de las personas presas señalan directamente como responsable de la encarcelación a la diputada local Elisa Zepeda Lagunas, quien también presidió (hasta el 13 de noviembre de 2021) la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del estado.

Tras casi 7 años de su detención, los presos de Eloxochitlán no han podido acceder a la justicia. Los siete se encuentran sin una sentencia condenatoria, por eso sus familias han venido hasta las puertas de Palacio Nacional para exigirle al gobierno federal que revise su caso, pues acusan que al encontrarse Elisa Zepeda en la Comisión de Justicia, existió un conflicto de intereses que ha dilatato los procesos judiciales de sus compañeros.

Un grito en mazateco es coreado por las decenas de personas que ahí están:

“¡Kata bijondi’ni, xangié ra kiyá ndayá ko ra’ kingio!

¡Kata bijiondi’ni
Kata bijiondi’ni

Kata bijiondi’ni!”

(¡Libertad para los presos y los desplazados
Libertad
Libertad
Libertad!)

La caravana por la libertad ha comenzado, pero para recorrer sus pasos es necesario retroceder un poco para leer lo que en verdad está en juego.

I

La disputa política

Tal y como lo ha reportado la periodista Laura Castellanos desde 2019, el origen de estas detenciones y posteriores reclusiones se encuentra en una disputa entre dos formas de ejercicio político que tienen su desencuentro en esta comunidad de la sierra mazateca, lugar que, como lo dice su nombre, también fue cuna de Ricardo Flores Magón.

Por un lado, está la política partidista que beneficia a quien detenta el poder y logre conjuntar las relaciones y piezas claves para hacer de su función pública una mina de enriquecimiento.

En esta posición, algunas veces coyuntural y otras de corte estratégico, se han ubicado diversos actores políticos del pueblo, entre ellos Manuel Zepeda Cortés, padre de Elisa Zepeda, quien fue presidente municipal en Eloxochitlán, de 2010 al 2013, y a quien se le acusa de adquirir una concesión de agua en el manantial Buenavista para el uso de su empresa de piedra y cal.

Por otro lado, con una forma no individual sino colectiva, la Asamblea Comunitaria ha constituido un ejercicio de la política que trata de involucrar a la mayor cantidad de personas en la comunidad, no para impulsar el gobierno de una figura vinculada a un partido político, sino para discutir colectivamente el devenir de los ámbitos de la vida social, cultural y económica.

La trascendencia de esta Asamblea es fundamental, pues ahí se eligen autoridades comunitarias que deciden, entre otras cosas, sobre el territorio y las relaciones de producción que en él acontecen.

No es, como en otros casos, una Asamblea que corte de tajo su relación con los poderes estatales. Se constituye como un órgano a la par, que inclusive, dentro de Eloxochitlán, puede llegar a superar la autoridad de las regidurías o el municipio.

Es decir, se establecen acuerdos con las autoridades de estado, en donde se delimita la injerencia de éstas en las tierras, programas sociales y el ejercicio del recurso público, siempre desde una posición de horizontalidad. De ahí su relevancia.

La Asamblea, sin embargo, no es monolítica. Debido a su trascendencia y la capacidad de ejercer poder en los cargos que de ella derivan, es un ente en disputa donde constantemente se reflejan las pugnas políticas de la región mazateca.

Parte de estas pugnas, alimentadas en parte por el régimen político en turno, se han cristalizado, en los últimos años, entre dos grupos que se identifican con Manuel Zepeda y el profesor Jaime Betanzos.

Pese a su distanciamiento, aparentemente irreconciliable, ambos personajes (quienes de alguna forma están emparentados) tienen mucho en común. Los dos han ejercido cargos emanados de la asamblea. Los dos son polémicos y contradictorios.

La diferencia más marcada entre ambos es que Jaime Betanzos, desde diciembre de 2014, se encuentra en la cárcel sin una sola prueba que demuestre su culpabilidad o participación en los delitos de los que se le acusa.

Un día antes de su detención, Eloxochitlán celebraba una asamblea para elegir a su nuevo alcalde, y después de una serie de eventos indescifrables a la distancia, los Zepeda se establecieron como un grupo hegemónico en el municipio.

2014

El 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán se llevó a cabo una asamblea para elegir a sus nuevas autoridades comunitarias, concretamente a su alcalde. La elección no fue fácil. Previamente había estallado un conflicto político entre el grupo de Manuel Zepeda y el del exalcalde Jaime Betanzos.

Días antes, las autoridades estatales violentaron los acuerdos al interior de la asamblea de Eloxochitlán. Desconocieron al entonces presidente municipal Alfredo Bolaños Pacheco, quien era cercano a Jaime Betanzos. Esta operación, acusan pobladores, fue orquestada por Manuel Zepeda Cortès.

Los ánimos estaban candentes, y ese día, durante la asamblea, se comenzaron a escuchar disparos en contra de los asistentes. Algunos aseguran que el grupo de Zepeda inició el conflicto, otros, que fue el grupo de Betanzos. Lo realmente verificable es que ese día Eloxochitlán vivió una jornada de violencia.

Entre las múltiples versiones que existen sobre el 14 de diciembre, algunas oficiales, otras extraoficiales, y otras más de la gente de la comunidad, cuatro hechos detonaron las detenciones: las muertes de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada; el incendio y daños a propiedad privada, y el supuesto intento de feminicidio en contra de Elisa Zepeda y su madre.

En todos los casos los acusados son los mismos, y suman más de 100 personas, entre ellas los siete presos que actualmente claman por su libertad.

Cuatro expedientes, una prueba, ninguna sentencia

El caso principal que detona las órdenes de aprehensión es el asesinato de Manuel Zepeda Lagunas, hermano de Elisa Zepeda. Ambos, hijos del dirigente Manuel Zepeda Cortés.

Antes de su muerte, de acuerdo con algunas versiones y declaraciones policíacas contenidas en el expediente 02/2015, Manuel llegó al ministerio público con vida, por lo que su defunción, como se sostiene en diversas declaraciones, no pudo haber ocurrido durante la trifulca.

Empero, las declaraciones de Elisa y su padre sostienen que Manuel murió a causa de los golpes que recibió durante el conflicto en la Asamblea, con ellos y un grupo de personas como testigos.

Nadie, sin embargo, ha investigado a los policías. Y después del 14 de diciembre se acusó de este hecho a 35 personas, algunas de ellas, como lo comprobó la absolución de Miguel Ángel Peralta, ni siquiera estuvieron en Eloxochitlán el día del conflicto.

El segundo hecho es la muerte de Gustavo Andrade Estrada, quien de acuerdo con el expediente 55/2014 murió a causa de un machetazo. Sin embargo, en ese mismo expediente, un perito declaró que ésa no es la causa de muerte de Gustavo Estrada.

En este expediente se encuentran cuatro acusados, entre ellos Isaías Gallardo y Omar Morales, a quienes testigos aseguran haberlos visto machetear a aquel hombre. Pero esa causa de muerte fue desechada por un perito oficial, por lo que la prueba testimonial dejaría de surtir efectos. La perito que realizó los dictámenes, Erika del Rocío Patiño Ortiz, no se ha presentado a declarar porque, según versiones de la defensa de los presos, fue desaparecida por la Fiscalía estatal. El tribunal, sin embargo, no ha examinado esta contradicción, y ambos hombres siguen en prisión, sin sentencia.

El tercer hecho es un incendio y daños provocados a propiedad privada, donde de acuerdo con el expediente 16/2016 hay 63 personas acusadas.

En una apelación presentada por la defensa legal de los prisioneros de Eloxochitlán, argumentaron que el delito había prescrito después de un año de haberse cometido, por lo que toda acusación debería de dejar de surtir efecto. Aunque existe un amparo a favor de un acusado de nombre Gaspar, donde dan razón a la prescripción, la Fiscalía del estado no ha revisado el caso de las otras 62 personas acusadas.

El cuarto hecho, y tal vez el más polémico, es la tentativa de feminicidio en contra de Elisa Zepeda y su madre, hechos que de acuerdo con el expediente 04/2015 ocurrieron el mismo día en que murieron Manuel Zepeda y Gustavo Estrada.

De acuerdo con el expediente 04/2015, por este hecho hay cuatro acusados, mismos que fueron acusados de, al mismo tiempo, asesinar a Manuel Zepeda.

En un inicio, esta acusación no se incluyó con los primeros tres hechos, pero después de que en 2019 un tribunal absolviera a Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Fernando Gavito y Omar Morales del homicidio de Manuel Zepeda, su hermana Elisa presentó una ampliación en su declaración en donde acusaba un intento de feminicidio por parte de estos cuatro hombres que, tal vez por casualidad, estaban a punto de ser liberados.

En su declaración Elisa argumentaba que ella fue agredida con un machete por estos cuatro hombres, a la misma hora que, supuestamente, estas personas atacaban a su hermano.

Esta declaración, señala el abogado Daniel Sosa, quien lleva el caso de los presos de Eloxochitlán, representa una contradicción entre lo que se señala en los expedientes 02/2015 y el 04/2015, pues de acuerdo con el testimonio de Elisa Zepeda (el cual da cuerpo a ambas acusaciones), ella y esos hombres tuvieron que estar en dos lugares al mismo tiempo y tendrían que haber cometido dos delitos distintos.

“O sea, al mismo tiempo donde supuestamente le estaban pegando a Manuel, al mismo tiempo agredían a Elisa y a otras tres personas, entonces se necesita que esos expedientes queden firmes para hacer una confrontación de las declaraciones y demostrar que éstas son inverosímiles”
Abogado Daniel Sosa.

La polémica en torno a esta acusación deriva de varios videos en el que se muestra a la madre de Elisa con una herida en la cabeza. La mujer, que se encuentra sangrando, es cargada por un grupo de personas. Los videos comenzaron a circular en 2016, y nunca se han integrado como prueba en este expediente.

Los expedientes, sin embargo, jamás se han confrontado, y pese a ello, la acusación de tentativa de feminicidio ha sido uno de los principales discursos públicos que Elisa Zepeda ha elaborado para acusar de “homicidas y criminales” a las más de 100 personas de Eloxochitlán.

De los hechos de violencia al menos 100 personas fueron a la cárcel o fueron acusadas de homicidio y de diversos tipos de agresiones, de las cuales no hay datos ni pruebas concretas para considerar culpable de los delitos imputados a nadie. La mayoría fueron puestos en libertad, aunque ocho mazatecos quedaron en prisión preventiva y otros más tuvieron que desplazarse por temor a ser detenidos o violentados nuevamente por el grupo de apoyo a la familia Zepeda Lagunas.

De fondo, acusan los familiares de los presos, se encuentra la influencia política que ha adquirido Elisa Zepeda, quien en 2014 no tenía ninguna carrera política, pero posterior a los hechos llegó al poder municipal, y luego al legislativo, bajo las siglas de Morena.

Favor con favor se paga

El primer puesto público que desempeñó la legisladora fue la presidencia municipal de Eloxochitlán en 2016, cargo del que pidió licencia para brincar a una diputación en 2018 cuyo periodo concluyó en noviembre de 2021. Durante su periodo como diputada, presidió comisiones importantes en materia de derechos humanos y justicia, sin embargo, en su último año como legisladora ha sido señalada como responsable de mantener en el cargo a ciertos magistrados, llamados espurios: Ana Mireya Santos López, René Hernández Reyes, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, Narciso Abel Alvarado Vázquez y Tito Ramírez González.

En diciembre de 2018, el caso de la personas presas y desplazadas de Eloxochitlán de Flores Magón “fue catalogado por el Senado de la República, como ‘un caso de criminalización selectiva caracterizado por la judicialización de los conflictos sociopolíticos a través de la fabricación de delitos graves y/o en perjuicio de activistas opuestos a regímenes autoritarios’”, según consta en un documento elaborado y compartido por las familias de los presos políticos, titulado “El caso de los presos y desplazados mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca”.

Tras muchos procedimientos jurídicos, estrategias y un sinfín de recursos de amparo, los mazatecos recluidos sólo han recibido dilación en los términos procesales, negativas y la confirmación de que su situación responde a un complejo y enredado sistema de lealtades del que tiene control Elisa Zepeda.

Esto es una situación que se ha prolongado a partir de la colusión de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJE) con el poder político que ostenta la entonces presidenta de la Comisión de Procuración y Administración Justicia del Congreso local, tal y como segura Argelia Betanzos, abogada e hija de uno de los presos:

“Cuándo empezamos a asomarnos a lo que estaba pasando, descubrimos algunas notas periodísticas en donde Elisa, como presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, ya estaba participando en la designación de magistrados. Dije, ‘creo que por aquí está la cosa’[…] Cuando ocurrió esto ya estábamos entendiendo que la actitud de los magistrados no era una casualidad, sino que era una cuestión de obediencia al Congreso”.

Dilaciones intencionales y negación de amparos

Ser un preso en México es ya un calvario burocrático, ser un preso político es una doble tragedia, pero tener, además, la actitud activa de una política con buenos contactos para impedir la aplicación de la justicia conforme a derecho es el acabose.

Argelia Betanzos refiere que, tras la salida de Miguel Ángel Peralta, las familias de los demás presos comenzaron a darse cuenta que el juzgado de Huautla de Jiménez, en donde estaban adscritos los casos, no había tramitado los recursos de apelación en contra de los autos de formal prisión, elaborados por los siete presos políticos a comienzos de 2019.

“La ley penal marca que el juez tiene 48 horas para tramitar el expediente de apelación y turnarlo al Tribunal Superior para que lo resuelva, luego el Tribunal Superior lo recibe y le asigna sala y número de expediente y tiene 15 días, es decir, que aún cuando Huautla estuviera lejos, cuando mucho debería llevarse mes y medio en todo esto para que tuviéramos un resultado”.

A finales de 2019 no había trámite alguno, por lo que las familias de los presos tomaron el juzgado y exigieron que esta situación se resolviera para iniciar con los trámites de los recursos de amparo. Sin embargo, a pesar de que esto sucedió, el Tribunal Superior de Justicia del estado comenzó a rechazar la documentación argumentando la falta de una firma, un sello o cualquier pretexto, hasta que todo se pospuso por la pandemia de covid-19, a finales de marzo de 2020, “dicen, ‘aquí ya no hay nadie que los pueda atender, hablen con el particular’, y el particular dice ‘efectivamente, ya no estamos atendiendo a público, lo sentimos mucho, regrésense con su documentación hasta que se vuelva a habilitar la atención al público’”.

Las familias atribuyen las dilaciones en los trámites y los resultados negativos a cada uno de los recursos de amparo que la defensa jurídica ha presentado a la relación que los llamados magistrados espurios tienen con quien fue responsable de revocarlos o ratificarlos en el cargo: nuevamente, la diputada morenista Elisa Zepeda.

Estos magistrados deberían haber acabado su permanencia en el TSJE a comienzos de 2019, sin embargo, no fueron revocados. “La diputada fue quién apoyó la permanencia ilegal de varias y varios magistrados, en el cargo, pues de acuerdo con determinaciones legales, desde 2019 debían haber dejado sus puestos”, puede leerse en el documento referido sobre el caso de los presos de Eloxochitlán. Estos magistrados tuvieron en sus manos la decisión sobre los recursos para conseguir la libertad de los siete presos mazatecos.

Ante esto, y después de sostener un plantón a las afueras del consejo de la judicatura federal durante meses, las familias de los presos mazatecos decidieron presionar en todas las instancias que les han cerrado las puertas, para de una vez por todas, alcanzar la justicia que por años les han negado.

II

Kata bijiondi’ni (Libertad)

Afuera del reclusorio de Tanivet, la soledad es la misma que en cualquier cárcel. Un sol que no traspasa los muros, y decenas de mujeres con comida hacen fila para pasar el primer filtro.

Lo único que rompe esta monótona y decadente fotografía de un país que erige más prisiones que escuelas es el retrato de Flores Magón pintado en la caseta de la entrada. “Presos políticos, libertad”, se lee, y las fotografías de los siete presos de Eloxochitlán comienzan a colgarse sobre la pluma que marca la frontera entre la libertad y el encierro.

“Vengo a corroborar el estado de los presos, a ver con mis propios ojos los abusos que se han cometido. A mí no me gusta que me cuenten, yo quiero ver”, dice la diputada Susana Prieto Terrazas, quien fue invitada por las familias de los presos a esta caravana que, de Tanivet a Ciudad de México, recorrió durante dos días una realidad que pocos se atreven a constatar.

Las miradas de las familias de los presos -en su mayoría mujeres, esposas, madres, hijas- se veían llenas de esperanza, pero también de indignación y rabia. Una de ellas, con el puño en alto y sosteniendo una ilustración de Ricardo Flores Magón, gritó, en mazateco y frente a la soledad del penal: Kata bijiondi’ni.

Kata bijiondi’ni significa libertad, y en ella se puede ir la vida.

De Tanivet a Cuicatlán

Pasaron horas hasta que salieron las familias de Alfredo, Fernando, Herminio, Isaías y Omar, los cinco presos que están en Tanivet. A su lado iba Susana junto con Daniel Sosa, un abogado incansable que durante estos años no ha cobrado sus honorarios. “A mí me mueve la justicia”, dijo en una entrevista en la que detalló el proceso jurídico de los presos.

En su primera declaración, Susana Terrazas no titubeó en señalar que, efectivamente, las cinco personas recluidas en Tanivet son presos políticos.

Ella, como cientos de hombres y mujeres en México, conoce esta realidad. En 2020 fue presa política por defender los derechos de los trabajadores norteños.

“Ese mismo discurso, de criminalizarlos, de tenerlos sin sentencia, de no escuchar sus historias y quedarse con la versión oficial que ofrece Elisa Zepeda, es algo que también quisieron hacer conmigo, y aunque logres la libertad, el estigma de ser una ‘criminal’ te persigue toda la vida”.
Susana Terrazas.

En la caravana, con un perfil más bajo, iba doña Fili, como es conocida la defensora del agua en los Pedregales de Coyoacán, al sur en Ciudad de México, reconocida por su desinteresado activismo en distintas luchas del país. La mujer de más de 80 años de edad, sin titubear y con el puño en alto, acompañó la exigencia:

“Presos políticos libertad”. Y así, durante 9 horas de recorrido por los penales de Oaxaca, por más de 157 kilómetros, el grito resonó hondo en los corazones de las familias.

Kata bijondi’ni xangié ra’ kingio (Libertad para los desplazados)

Cien personas acusadas, muchas de ellas desplazadas. Es el saldo de esta ofensiva motivada por el control político del territorio. Sin embargo, el miedo de pisar la cárcel no merma su coraje de exigir justicia.

Es la una de la madrugada, y en Eloxochitlán las antorchas se encienden para recibir su caravana. De fondo, la música no deja de sonar, mientras de la entrada al pueblo se marcha hacia el zócalo municipal, el mismo que hace casi siete años vio colapsar a su asamblea comunitaria.

“No tenemos miedo, aquí estamos, y vamos a exigir justicia para los desplazados y presos políticos”, dijo un hombre en una entrevista. Él fue acusado, junto con otras 34 personas, de asesinar a Manuel Zepeda. Hoy, con el riesgo de ir a la cárcel, vuelve a pisar su pueblo para demandar justicia.

La mañana siguiente a esta demostración de fuerza y dignidad, seis camionetas comenzaron a hacer fila alrededor de la plaza principal. Era el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, y en el jardín que plasmó en sus cartas desde la cárcel, una corona de flores rodeaba su monumento.

Alrededor, y con el puño arriba, cerca de 80 personas se preparaban para salir hacia la Ciudad de México. “Ricardo estaría en esta reunión, Ricardo iría con nosotros”, dijo una mujer que minutos más tarde subiría a la camioneta número dos.

Arrancó la caravana hacia la capital del país.

La solidaridad y la esperanza

Mientras la caravana pasaba por Teotitlán, el pueblo que vio nacer a la madre de los hermanos Flores Magón, una noticia llegó a las familias y desplazados: en Puebla habían detenido a dos comunicadores.

“Vamos a llegar a Puebla, con los compañeros, ahí vamos a encontrarnos para expresarles nuestra solidaridad”, dijo Argelia Betanzos, quien desde un día antes no había parado de gritar frente a las cárceles que sus compañeros, y su padre, eran inocentes.

Pasaron más de 4 horas, y al llegar a Puebla, a la casa de los pueblos que antes fue una planta de la empresa Bonafont, los gritos y consignas comenzaron a llenar el ambiente.

Una mujer poblana, frente a un micrófono, expresó que la lucha de Eloxochitlán era también la lucha de la gente de Puebla. Muy claramente, como un abrazo, su palabra caló hondo: “No están solos compañeros”.

La caravana avanzó hacia la Ciudad de México.

Las puertas cerradas, como las cárceles

El objetivo era simple: las y los pobladores de Eloxochitlán vinieron hasta la capital del país para solicitar la intervención de la federación en su caso. No confían en los jueces oaxaqueños, a quienes han acusado de estar bajo el mando de Elisa Zepeda. Los hechos no han demostrado lo contrario.

Nadie los recibió, solo un grupo de policías que no dejó avanzar a la caravana hacia el zócalo capitalino. Frente a la Suprema Corte, las consignas volvieron a sonar, mientras que las puertas cerradas no daban pista de abrirse.

“Vamos a Gobernación entonces”, dijeron al micrófono, y marchando por las calles del centro capitalino llegaron a una Secretaría de Gobernación que en sus calles refleja la crisis humanitaria de México.

Desplazados, víctimas de la violencia, madres y padres buscando a sus hijos habitan ahí desde hace meses. Al igual que las familias de Eloxochitlán, ellas y ellos esperan justicia.

“Queremos ver a Alejandro Encinas, que nos diga de frente que nuestros familiares son culpables, pero aquí, frente a él, cara a cara, demostrarle que está equivocado y que debe hacer algo para liberarlos”, dijeron al micrófono mientras una decena de policías miraban estupefactos detrás de las rejas.

“Ahora ellos parecen los presos”, dijo un señor, mientras tendían las fotos de sus familiares sobre la calle.

Nadie abrió la puerta, y el subsecretario de Derechos Humanos no apareció. En 2019, Nestora Salgado le dio una carta con 199 nombres de presos políticos que recibirían amnistía por órdenes del presidente López Obrador. En esa lista estaban los siete presos de Eloxochitlán. Hoy, en 2021, siguen en la cárcel.

Las familias siguen expectantes, como desde hace siete años, y con la frente en alto, en una ciudad que parece despreciar todo lo ajeno a ella, aseguran que no se moverán hasta ver al último preso en libertad.

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