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Piden a Segob aprobación y publicación de Programas contra violencia y trata

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Ciudad de México. Integrantes de “Nosotras Tenemos Otros Datos” entregaron este 24 de noviembre una carta al secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López Hernández, a fin de que rinda cuentas sobre porqué el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y la Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, no han sido elaborados ni publicado conforme se había prometido, a pesar de que 11 mujeres son asesinadas al día y hay más de 22 desaparecidas. 

En la carta, las integrantes explicaron que estos programas forman parte del “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2021” y que tiene por objetivo ser el instrumento rector del sistema de planeación nacional y orientar las prioridades de acción pública de la presente administración, a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Estos dos programas, enfatizaron, se encuentran a cargo de la Secretaría de Gobernación, sin embargo a la fecha están ausentes. 

Cabe recordar que el “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2021” es el documento en el cual el gobierno federal explica sus objetivos durante el sexenio, así como políticas públicas y acciones específicas que realizará para alcanzarlos. Los programas presupuestarios deben ser elaborados con base en el Plan. En 2019, de acuerdo con datos oficiales, el gobierno en turno estableció 30 proyectos y programas prioritarios a fin de reactivar la economía nacional, y beneficiar a la población vulnerable. 

Estos dos programas, agregaron, son vitales para el desarrollo de políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sin embargo no se les ha dado la suficiente importancia, por lo que la Secretaría de Gobernación tienen la obligación de elaborar su presupuesto y destinar recursos necesarios para los programas. 

“En este caso ambos programas ausentes representan instrumentos claves en la consolidación y correcta implementación de los Derechos Humanos de las mujeres reconocidos en la legislación nacional e internacional en la materia. Además, dichos programas tienen fundamento jurídico en la “Ley de Planeación” y en la “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”; detallaron. 

Resaltaron que estos dos programas buscan combatir la trata de personas, generar medidas para la prevención de este delito y brindar atención a la víctimas, por ello es necesario su creación. “Ambos programas deben ser aprobados mediante Decreto publicado en el Diario de la Federación, sino se desconoce el contenido o alcance de los mismos, toda vez que sean sometidos a consulta con organizaciones, academia o expertas en la materia”. 

Recordaron que en septiembre de 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia presentó el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sin embargo carece de validez jurídica porque no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Ante este panorama, exigieron al secretario Adán Augusto López Hernández, la aprobación y  publicación de ambos programas a fin de que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea garantizado por el Estado.  

Es necesario decir que datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, revelaron que en los primeros 8 meses de 2021, el delito de trata de personas tuvo un aumento del 21 por ciento y se concentró en 11 entidades de México; las principales víctimas fueron mujeres y niñas, quienes fueron explotadas de manera sexual y laboral, problemática que se agravó en lo que va de la pandemia, debido al incremento de la pobreza, precariedad, necesidades y al uso de las tecnologías.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2021, revelaron que el delito de trata de personas se reforzó en la pandemia y afectó en particular a las menores de edad, quienes pasaron a ser 30 por ciento del total de las víctimas cuando eran 10 por ciento hace unos años, mientras el número de víctimas adultas se redujo hasta un 50 por ciento. Sin embargo, dada la naturaleza oculta de este delito, el número real de víctimas es mucho mayor.

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