Por: Samantha Anaya y Aletse Torres | Foto de portada: ZonaDocs | ZonaDocs
Jalisco no cuenta con un registro certero que dimensione la magnitud de la crisis de desapariciones en contra de las infancias y adolescencias. Sus instituciones (Fiscalía General y Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas) no han tenido la capacidad de vincular este crimen con otros delitos, como adopciones ilegales, explotación laboral, explotación sexual y trabajo forzado dentro del crímen organizado.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero al 21 de octubre de 2021 se encontraban desaparecidas 36 personas menores de edad en el estado. De este total, 13 fueron desaparecidas en el municipio de Guadalajara; siete en Zapopan; cuatro en Tlajomulco de Zúñiga; tres en El Salto; 2 en Chapala y Lagos de Moreno; Teocaltiche, Tepatitlán de Moreno, Jalostotitlán, Jocotepec y Tizapán El Alto cada uno con un caso.
El mismo RNPDNO, muestra que de enero a octubre han sido localizadas 82 personas menores de edad, de las cuales 31 son hombres (37.8%) y 51 mujeres (62.2%). De este total, 76 fueron localizadas con vida, y, lamentablemente, seis sin vida.
A pesar de que en este año han desaparecido 36 menores de edad en el estado, la dependencia encargada de emitir alertas de búsqueda, Alerta Amber, sólo ha emitido 13 fichas de búsqueda del 6 de enero al 20 de octubre de 2021. Por su parte, Protocolo Alba (focalizado en la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres) de enero a octubre de 2021: no generó ni difundió ni una sola ficha de búsqueda de menores de edad, a pesar de que hasta esa misma fecha se encontraban desaparecidas 17 niñas y adolescentes.
La Fiscalía del Estado de Jalisco (a través de una solicitud de transparencia) reportó que de enero de 2015 a abril de 2021, tenían un total de 448 niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos. Sin embargo, sólo reconocen tener 407 indagatorias activas.
Por su parte, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (que depende de la misma Fiscalía General) reportó contar con 321 reportes de personas menores de edad desaparecidas, pero sólo 291 carpetas de investigación.
La diferencia es de 127 menores desaparecidos y de 116 carpetas de investigación.
¿Quiénes y cómo son las y los menores desaparecidas y desaparecidos en Jalisco?
De las y los 36 menores de edad que han sido desaparecidos y desaparecidos durante 2021, 19 son niños y adolescentes hombres (52.8%) y 17 son niñas y adolescentes mujeres (47.2%). De las personas menores de edad que fueron desaparecidas en este año, ocho de ellas tenían entre 0 y 12 años de edad, mientras que 28 tenían entre 13 y 17 años.
No sólo existe disparidad en las estadísticas que cada instancia gubernamental tiene en relación a la cantidad de niñas, niños y adolescentes que han sido desaparecidas y desaparecidos en la entidad; lamentablemente, estas no son las únicas diferencias en los registros, pues tampoco coinciden las características físicas de quienes dicen estar buscando, lo cual debería ser un dato relevante al pensar en la posibilidad de delinear perfiles de las víctimas de desaparición en estos rangos de edad.
Al hablar de menores de edad desaparecidas y desaparecidos la realidad es que, dependiendo de ciertas características físicas, algunas y algunos son aún más vulnerables, tal y como lo ha denunciado la directora de Back Home, Mayra Hernández. La activista insite en la relevancia que tiene que las líneas de investigación alrededor de la desaparición y la trata de personas se trabajen de manera coordinada y paralela; en su experiencia, sólo así habrá mayores posibilidades de localizar y rescatar a quienes han sido desaparecidas y desaparecidos para ser explotadas y explotados bajo las diversas modalidades de la trata.
Esta cuestión debería ser analizada y trabajada, pues las víctimas de desaparición en el estado coinciden con las edades de las víctimas de trata, quienes también oscilan entre los 12 y 17 años.
¿Y qué pasa con los protocolos?
“Yo se las pedí (las cédulas de búsqueda), pero en Fiscalía me dijeron que la Alerta Amber no me la podrían dar como tal porque mi hijo había desaparecido con un mayor de edad, entonces, por eso la carpeta iba a ir inmediatamente a la Fiscalía de Desaparecidos. Después la que me atendió me dijo que la Alerta sí estaba, pero que sólo se había mandado a dependencias como hospitales y la Cruz Roja, pero que no era pública”, relata Estela, madre de Christian Alexander Valencia Ruiz.
El joven de 16 años que fue desaparecido el 31 de diciembre de 2019 en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en Guadalajara, cuando acudió al llamado de un hombre que supuestamente le compraría su motocicleta.
El testimonio de esta madre refleja la desarticulación que existe entre quienes deben buscar a los niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Jalisco, pero también hace evidente la falta de acciones de seguridad para inhibir la comisión de este delito, pues en plena pandemia, la incidencia de desaparición en menores de 18 años no se detuvo. De acuerdo con los registros oficiales, en 2020 se registraron 132 casos de menores de edad desaparecidos.
Uno de los casos más sonados en ese año fue el de Daniel Rodríguez Sandoval, de 16 años quien, junto con su amigo Bryan Carrillo de 18 años, fueron desaparecidos en Teocaltiche el 18 de julio de 2020, mientras trabajaban recolectando chatarra.
Sobre ellos tampoco se sabe nada, pese a que sus familiares, tras realizar diversas manifestaciones frente a Casa Jalisco, obtuvieron del propio gobernador, Enrique Alfaro, la promesa de que él mismo encabezaría la búsqueda de ambos jóvenes.
“Cuando fuimos a poner la denuncia me pasaron a Alerta Amber, pero nunca subieron a mi hijo a la plataforma. La encargada, Amparo Ramos, nos decía que era por sigilo, por cuidarlo, pero lo que yo quería era en ese momento subir la foto de mi hijo y que todo mundo lo viera”.
Este testimonio pertenece a Aracely Rodríguez, mamá Daniel Rodríguez Sandoval, mujer combativa que le preguntó de frente al gobernador de Jalisco por qué no se estaba haciendo nada por buscar a su hijo y a su amigo Bryan. Las respuestas y las acciones que prometió Enrique Alfaro nunca llegaron.
Otro caso de desaparición, en el que la actuación de las autoridades encargadas fue opuesto al de los otros casos, es el de Bryan Alexander de 11 años, quien fue desaparecido el 9 de mayo, en la colonia Rancho de la Cruz, en Tonalá. Miriam, su madre, narró que al día siguiente fue a interponer la denuncia a la Fiscalía, y de manera inmediata le activaron la Alerta Amber, además pasado los días, le marcaban por teléfono para comentarle que ésta seguía activa.
Afortunadamente, el 31 de mayo de 2021, en la Plaza de Tesistán, Bryan Alexander fue localizado junto con su captor Gustavo J., quien fue detenido. Ese día, el menor regresó a casa con su familia.
Cuando las madres que han sido entrevistadas supieron del caso, se alegraron porque todo reencuentro implica, para ellas, una victoria. Sin embargo, no dejaron de cuestionar qué hubiera pasado si en los casos de sus hijas e hijos la Alerta se hubiera emitido a tiempo, como sucedió con Bryan.
Ese no saber por qué en unos casos sí y en otros no, deja evidencia de la mala aplicación de todos los protocolos y el trato diferenciado y excluyente para algunas víctimas, en este caso para adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad.
La falta de empatía por parte de las autoridades
Cuando un menor de edad desaparece, no debería de importar ni su edad, género o la situación en la cual se encontraba al momento de ser desaparecida o desaparecido. Sin embargo, para las autoridades en Jalisco parece ser todo lo contrario.
En los boletines de prensa que la Fiscalía suele compartir para informar sobre la localización de una o un menor, suelen destacar que estas desapariciones ocurrieron de manera “voluntaria”, producto de los supuestos conflictos personales y/o familiares que generaron la ausencia de la o el menor, lo que minimiza y estigmatiza la crisis de desaparición de infantes y adolescentes, obviando, además, la vinculación de este delito con otros crímenes, como la trata de personas.
En esta comunicación oficial se asegura, sin ofrecer pruebas, que la mayoría de estas y estos menores se ausentan por voluntad propia y retornan a sus hogares de la misma manera. Por tanto, como un mantra que pretende excusarlos de su responsabilidad, simplemente recomiendan: “padres deben hacer un mejor trabajo cuidando a sus hijos e hijas”.
De esta manera, la desaparición de las y los menores de 18 años es minimizada, pues registran sus casos exitosos bajo los criterios de “se fueron con una amiga”, “pretendía escapar con el novio o la novia” o “se fue porque la ponían a hacer el quehacer”.
¿Qué es lo pasa entonces? Pasa que al no aplicarse los protocolos de acción e investigación de manera adecuada, la mayoría de los casos se investigan de manera individual y sin un análisis de contexto que identifique modus operandis, patrones, relaciones territoriales, grupos del crimen organizado y/o incidencias delictivas que complejizan la investigación de estos hechos como vinculados y no asilados.
Si no están en su hogar ¿en dónde encontrarles?
El informe Global report on trafficking in persons reveló que la proporción de niños, niñas y adolescentes detectadas y detectados como víctimas de trata ha aumentado significativamente en comparación con las personas adultas. Aproximadamente, un tercio de las víctimas totales a ni-vel mundial eran niños, niñas y adolescentes, mientras que sólo el 20% eran hombres adultos.
En el caso de México, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados con más casos por trata de personas, de enero a julio de 2021, son: Estado de México (92), Nuevo León (78), Ciudad de México (52), Baja California (32), Puebla (29), y Chihuahua (14). Jalisco se posiciona en el noveno puesto a nivel nacional con siete casos de trata de personas. Sin embargo, este número no contabiliza la cifra negra de casos no denunciados.
En 2020, en el estado se generaron ocho carpetas de investigación, de las cuales tres casos ocurrieron en Guadalajara, dos en Puerto Vallarta y en municipios como Lagos de Moreno, San Gabriel y Tlajomulco de Zúñiga, en los que se registró un caso por municipio.
La organización Back Home y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han denunciado sobre la incidencia de este delito en Jalisco, donde de manera específica la Zona Metropolitana de Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta representan focos rojos a nivel nacional.
Por su parte, Edith Brambilla y Ricardo Cervantes de AHIC. A. C., señalan que otros de los puntos que han encontrado es el centro de Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde “los chicos van y no regresan”. Ambos activistas señalan que algunos de estos casos pueden estar involucrados en el reclutamiento por parte del crimen organizado para la realización de actividades delictivas.
Tanto Bambrilla como Cervantes coinciden en que la mayoría de las y los menores de edad que desaparecen terminan dentro del crimen organizado, en una pandilla o realizando prostitución forzada, razón por la que no se puede desvincular la trata de personas de la investigación y búsqueda de las personas menores de edad reportadas como desaprecidas.
Asimismo, consideran que una gran parte de estas y estos infantes ya no se encuentran en el estado, y que, de acuerdo a sus investigaciones, podrían haberles trasladado a estados como Puebla, Ciudad de México o Estado de México.
La trata de personas es perpetrada en diversos niveles y pueden dividirse en cuatro amplias categorías: explotación laboral, explotación sexual, adopción ilegal y crimen organizado.
Ante la creciente problemática, Otilia Arellano, cofundadora de Amigos trabajando en los cruceros, y Elena Azaloa, antropóloga e investigadora del Centro de investigaciones de estudios superiores en antropología social de occidente (Ciesas), expresan que el tráfico de personas es una grave violación de los derechos humanos, a la que ahora sólo le hacen frente las organizaciones civiles, pero sobre todo las familias de las y los menores que han sido desaprecidas y desaparecidos en Jalisco.
Y ¿qué pasa cuando una o un infante desaparece?
Los familiares ponen carteles y no descansan hasta encontrarle. En ocasiones, el gobierno ayuda y cuando realiza su trabajo de manera correcta, la o el infante regresa a su hogar, como ha pasado con las y los 76 menores de edad localizadas y localizados con vida hasta octubre de 2021.
Sin embargo, las familias de quienes aún se encuentran desaparecidas y desaparecidos persisten en una lucha que afrontan con o sin el apoyo de las autoridades, pues como sostiene Aracely, madre de Daniel, esto lo hacen solas porque “desgraciadamente ni el gobierno, ni la Fiscalía están poniendo nada de su parte”.
* El texto fue construido con algunos de los hallazgos más importantes de la investigación: “Niñez y adolescencia Desaparecida en Jalisco: una crisis inadvertida” publicada en ZonaDocs el 30 de agosto de 2021.
