ERNESTO REYES
(Pagina3).-La casta golosa que prevalece en los altos mandos del Instituto Nacional Electoral ha impedido, hasta concluir estas líneas, cualquier esfuerzo de negociación o de entendimiento para que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama atemperen sus pretensiones personalísimas de continuar la vida de lujos y excesos que como servidores públicos le permitieron ejercer los poderes políticos anteriores.
El INE está obligado por ley y, hasta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a organizar, sin obstrucciones y retraso, la consulta de revocación de mandato para el mes de abril próximo como un ejercicio de participación ciudadana, plenamente justificado por alrededor de 9 millones que lo han solicitado. Sin embargo, el consejo general del organismo aduce que le faltan alrededor de dos mil millones de pesos; de lo contrario no garantizan que el ejercicio sea exitoso y convoque a millones de ciudadanos.
Según las indagatorias ordenadas por el gobierno de López Obrador, estos individuos consumen la friolera de 750 millones en viajes, comidas, asesores, vehículos y otros gastos, mientras los empleados y auxiliares, ésos que nos registran en los módulos para entregarnos o renovarnos la credencial de elector o quienes imparten cursos de capacitación ciudadanos, apenas si alcanzan los siete mil pesos mensuales. Un consejero percibe 262 mil pesos mensuales, más prestaciones.
Los del INE pudieran limitar gastos y recursos que mañosamente ocultan bajo la forma de fideicomisos, a fin de llenar una bolsa millonaria para realizar este ejercicio y no queden casillas por instalarse. Ya la Secretaría de Hacienda les contestó que del presupuesto de egresos 2022 no puede destinarse más dinero que los 19 mil millones que les corresponden, porque estaría recortando los apoyos sociales, por lo que les recomienda aplicar medidas de austeridad y ajustes presupuestales.
Si ahorraran 700 millones de pesos en sueldos y se bajaran su salario entre 12 y 50 % como ya lo hicieron funcionarios federales en todas las dependencias, quitándose lujos y excesos, darían una gran contribución a la democracia, que al parecer es lo que menos le interesa a la dupla Córdova-Murayama.
El fondo de la disputa entre el gobierno que insiste en que deben bajar sus gastos y ellos, que se niegan a aceptar cualquier sugerencia en este sentido, sigue anclado en dos modos enfrentados de país.
Quienes se resisten a abandonar el mundo de privilegios, bajo el argumento de que el trabajo de organizar elecciones debe estar tan bien pagado que, incluso puede rebasar y, por mucho, a las percepciones del presidente, y quienes les hacen ver que es hora de acostumbrarse a vivir en la justa medianía que para un servidor público exigía el presidente Benito Juárez.
No más lujos, ni comidas ni vehículos, teléfonos o gasolina y gastos médicos, pagados por los mexicanos para que las y los señores del INE – las cúpulas insisto- se prodiguen la gran vida, mientras un burócrata o empleado de abajo, en el sector público, viaja hasta la oficina, come, se cura, y llama por teléfono, con los raquíticos sueldos que recibe.
La actitud de negarse a aceptar la realidad que vivimos millones de mexicanos y rendirse ante la presión que ejerce el gobierno, escudándose en el argumento de pertenecer a un “organismo autónomo” y asumiendo que ellos son quienes “protegen a la democracia y garantizan la viabilidad de las elecciones”, esconde una mezquina postura tanto ideológica como política, apegada al centro derecha que gobernó al país hasta 2018.
Pero esa fiesta ya se les acabó. El México en que ellos sueñan está muriendo, solo que las y los consejeros – no todo el personal del INE ni sus correspondientes en los estados, insisto- no se han dado cuenta. La raíz de todos lo males, ha dicho con su tabasqueña ironía el titular de Gobernación, es simplemente el dinero. Dinero de todos nosotros.
