Comunidad internacional detecta inacción del gobierno para detener la violencia en comunidades indígenas

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Zapatistas de Nuevo San Gregorio

Por Yessica Morales | Chiapas Paralelo

Denunciaron la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y desplazamiento de miles de personas durante el año 202, en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares. Así como 49 ataques con arma de fuego los días 7, 8, 9, y 10 de enero del presente año.


The Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders expresaron su preocupación ante la nueva ola de violencia en contra de comunidades indígenas tsotsiles y tseltales en Chiapas. Al inicio de 2022, organizaciones locales les informaron sobre los constantes agresiones por parte de grupos armados en los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón y Pantelhó.

Las comunidades afectadas reportaron que la impunidad ante este tipo agresiones favorece un ambiente de inseguridad y desplazamientos forzados. Por su parte, IPRI ha documentado testimonios directos que indican que quienes integran estos grupos armados son de manera presunta hijos de paramilitares, entrenados por el Ejército mexicano en la década de los noventa, reproducen prácticas de intimidación con el objetivo de controlar el territorio e inhibir la organización comunitaria, así como el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por ello, las organizaciones destacaron el caso de Simón Pedro Pérez López, defensor de los derechos indígenas e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, asesinado el pasado 05 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, este permanece impune al no haber avances importantes en las investigaciones, lo que ha permitido que nuevos hechos de violencia sigan afectando el tejido social y la seguridad de las comunidades organizadas. Simón Pedro Pérez López.

Así mismo, han recibido información sobre varias agresiones por parte de grupos armados en contra de la población civil de las comunidades indígenas de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco’, Stselej Potov y la Cabecera Municipal de Aldama. El 05 de enero, lo habitantes de este último, alertaron a las autoridades del gobierno del Estado sobre detonaciones de explosivos en su territorio.

A su vez, el 09 de enero, continuaron los disparos en diversos puntos del municipio. En el poblado Xuxch, las detonaciones alcanzaron a Javier Hernández de la Torre cuando se dirigía a su cafetal en compañía de su familia. El indígena tsotsil es integrante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en la actualidad se recupera de una herida de proyectil que le atravesó la cabeza.

Después, el 10 de enero, Lorenzo Gómez Ruíz fue alcanzado por un proyectil en la comunidad de Stzelejpotobtik y murió mientras recibía atención médica en el hospital de San Cristóbal de Las Casas. El mismo día, cerca de la una de la mañana, un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas ingresó a la comunidad autónoma 16 de Febrero, ubicada en el municipio de Ocosingo.

Posterior a ello, las personas armadas golpearon a un menor de edad y forzaron a Hilaria Hernández Gómez a salir de su casa con su hijo de 3 años, en brazos. Aunque más tarde se localizaron con vida. Las organizaciones locales reportaron que el grupo continúa posicionado dentro de las tierras de la comunidad.

Las comunidades indígenas del Estado que fueron agredidas en estos hechos defienden de manera pacífica sus derechos colectivos al territorio, autonomía y libre determinación. Estos derechos se defienden de manera colectiva, a través de aquellas prácticas que integran la libre determinación. Las agresiones armadas en contra de estas comunidades defensoras son una forma de lastimar el tejido comunitario y al sujeto colectivo comprometido con la salvaguarda de sus derechos, indicaron las organizaciones.

Por esta razón, rechazaron los altos niveles de violencia que se registran contra las comunidades defensoras de los derechos indígenas en Chiapas. En especial los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón y Pantelhó. Además, reiteraron su preocupación ante el clima de impunidad y la falta de condiciones de seguridad adecuadas para la defensa de derechos humanos.

Llamamos a las autoridades federales y estatales a esclarecer los nuevos hechos de violencia, a conducir una investigación con debida diligencia para llevar a los responsables ante la ley de forma expedita y a asegurarse de que las comunidades defensoras puedan vivir en un ambiente seguro para defender y ejercer sus derechos humanos colectivos e individuales, expusieron las organizaciones.

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