La Auditoría Superior de Chihuahua detectó que el gobierno de Armando Cabada Alvídrez no pudo comprobar el gasto de casi 2 millones de pesos en más de 30 mil despensas que presuntamente entregó durante la contingencia COVID-19
Por: Itzel Ramírez | Foto de portada: Gobierno de Ciudad Juárez | La Verdad Juárez
El DIF del Municipio de Juárez gastó más de 1.7 millones de pesos para la compra de despensas de las que no hay evidencia que fueron entregadas a beneficiarios, en una operación irregular de adjudicación directa en el 2020, durante el gobierno de Armando Cabada Alvídrez, detectó la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua en la revisión de la Cuenta Pública 2020.
Sin fotografías, registros, ni evidencia suficiente, el DIF no pudo comprobar que el desembolso benefició a la “población más vulnerable”, a quienes se entregarían las despensas, según se aprecia en el dictamen de justificación disponible vía transparencia.
La auditoría de desempeño publicada por la ASE en diciembre pasado encontró que con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19, el DIF municipal de Juárez adjudicó la compra de 30 mil 251 despensas a la empresa Aval Comercializadora, Productora y Operadora de Insumos y Servicios S de RL de CV; el argumento de la institución –presidida por Alejandra Carrillo Trevizo, esposa del entonces alcalde Armando Cabada–.
Sin embargo, la ASE determinó que no hay elementos que permitan constatar que las despensas fueron entregadas, además de que no hay datos completos de beneficiarios. Incluso, siempre según el informe, la ASE constató que dentro de los supuestos beneficiarios se incluyó a algunos que habían recibido una despensa, pero en 2018 o 2019.
“El soporte documental de la entrega de despensas por contingencia Covid-19 es insuficiente para acreditar la recepción del apoyo por los beneficiarios”, concluyó la observación 5 del informe de la auditoría.
“… del análisis de la documentación se identificó que gran parte de los registros no cuentan con número de teléfono, localidad, firma del receptor de la despensa o algún otro dato de identificación y algunas correspondían a otros programas de asistencia social.
“De las escasas llamadas telefónicas que se lograron concretar, se observó que algunos beneficiarios correspondían a apoyos entregados en los meses de enero y febrero del 2020, antes de que iniciara la contingencia, e incluso en años anteriores (2018 y 2019) que no correspondían al periodo de la pandemia”, señaló el documento de la ASE.
De las fotografías entregadas por el DIF con motivo de la auditoría, no hay posibilidad de corroborar fecha ni lugar, por lo que tampoco se pudieron considerar evidencia de la entrega de las despensas, apunta el texto.
El DIF contestó a la auditoría que debido a la contingencia, no estuvo disponible el personal que generalmente hace entrega de las despensas, por lo que guardias, veladores y otros trabajadores no supieron cómo hacer el registro de los beneficiarios.
Posteriormente envió las remisiones de almacén, un documento que la ASE consideró “pudiera constituirse en soporte documental que confirmara la entrega de las despensas a las brigadas de distribución”, sin embargo, la documentación presentada por el DIF tampoco brindó la información suficiente para desvirtuar la observación. En consecuencia, la ASE emitió una recomendación para mejorar los registros de beneficiarios y la evidencia de las entregas de insumos.
La Verdad buscó una entrevista con funcionarios del DIF municipal para conocer qué seguimiento se dará a lo señalado por la auditoría y para saber si había otras posibles irregularidades encontradas por la actual administración, que entró en funciones en septiembre del año pasado; sin embargo, Perla Viridiana Márquez García, vocera de ese organismo público, dijo que no habría comentarios ni declaraciones sobre los hallazgos de la ASE.
Justifica compra por COVID antes de la emergencia
Por el mismo contrato de despensas, el órgano fiscalizador emitió otra recomendación, en este caso por no cumplir con la normatividad para ser una excepción de licitación y realizar la adjudicación directa.
“El contrato para la compra de despensas (…) se fundamentó en la causal por excepción a la licitación pública para realizar el procedimiento mediante adjudicación directa por causas de fuerza mayor derivado de la contingencia de la pandemia COVID-19, sin embargo, se celebró antes de que el Consejo de Salubridad General declarara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (covid-19) y a la publicación del Acuerdo nº 058/2020 mediante el cual se establecen los ‘Lineamientos Técnicos en Materia de Contratación Pública en el Estado de Chihuahua’ para atender la emergencia sanitaria…” indicó la ASE.
Las 30 mil 251 despensas básicas tuvieron un costo de millón 732 mil 500 pesos que fueron pagados a la empresa Aval Comercializadora, Productora y Operadora de Insumos y Servicios S de RL de CV, en un contrato formalizado el 9 de marzo de 2020; mientras que el acuerdo para simplificar las contrataciones por COVID-19 fue publicado el 8 de abril, es decir, un mes después.
Incluso la declaración de emergencia en la entidad, el 30 de marzo de 2020, fue posterior a la firma del contrato.
El DIF justificó que al proveedor se le dio una copia del contrato con fecha equivocada y que al momento de redactar el convenio se tomó como base otro contrato previamente firmado con el mismo proveedor y “por error involuntario no se estableció la vigencia”.
Cuando se notificó al proveedor del error “éste no quiso pagar el costo por el cambio de fianza. Nosotros (el DIF) no podíamos cubrir el costo de la fianza nueva, por lo que nos enfocamos a la atención de la pandemia y se optó por elaborar un convenio modificatorio para corregir los errores del contrato”, argumentó el DIF.
La ASE dijo que el ente no pudo probar sus dichos, por lo que la observación se mantenía.
En la recomendación consecuente, la ASE llamó a las autoridades investigadoras a presentar la denuncia por posibles faltas administrativas y delitos.
Otras omisiones
En la auditoría de desempeño se evaluaron además los programas Unidad Básica de Rehabilitación, Aparatos funcionales, Albergue México Mi Hogar y Albergue Granja Hogar, en los que hubo también observaciones.
En el caso del programa de aparatos funcionales, la ASE encontró que no hubo reglas de operación, lo que deriva en riesgo de que el programa no opere de manera eficiente, transparente y no discrecional.
Otra recomendación hecha al DIF municipal fue por la falta de aprobación de los tres convenios de coordinación firmados en 2020, y otra más porque no se incorporaron los beneficiarios de sus programas al padrón general de la Secretaría de Desarrollo Social de Chihuahua.
Por último, en el informe se detalla otra observación por la falta de inscripción de los albergues Granja Hogar y México mi Hogar al el Padrón de los Establecimientos de Asistencia Social del DIF Estatal.
En la misma observación se señala que no hay evidencia de que el DIF municipal diera seguimiento a las observaciones hechas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua tras una inspección al Albergue Granja Hogar.
“(se) afecta la calidad en la prestación del servicio, genera incertidumbre entre los residentes respecto a sus derechos y obligaciones y puede tener un impacto negativo en recibir apoyo del comité para la gestión de recursos, servicios y apoyos, el recibir programas en capacitación para personal y acceder a otras prerrogativas, apoyos e incentivos”, señaló la ASE.
