Por: Norma Trujillo Báez | Foto de portada: CONANP | La Marea
La atención de organizaciones defensoras del medio ambiente nacionales e internacionales estará puesta en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 12 de enero cuando resuelvan un amparo que busca proteger el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
El recurso de amparo fue presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en 2016 en contra de la ampliación del Puerto de Veracruz con el objetivo de proteger la extensa zona de arrecifes de coral que se encuentra frente a la costa de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.
Después de varios reveses en tribunales del Poder Judicial, el recurso legal llegó en 2021 a la Primera Sala de la Corte y el ministro José Luis González Alcántara Carranca formuló el proyecto que será sometido a la votación de las y los ministros el próximo día 12.
Tanto CEMDA como otras organizaciones que están pendientes del caso se pronunciaron en una conferencia de prensa e informaron que en los últimos días han enviado “elementos” a la Corte para robustecer los argumentos del amparo, que esperan sea aprobado por mayoría.
En caso de que así sea, quedaría marcado un “antes y después” en el acceso al derecho de acceso a la justicia ambiental, tanto en México, como en América Latina, porque se trataría de una decisión que generaría jurisprudencia que ayudaría a abordar otros casos similares.
“La decisión que debe tomar la Corte es de suma importancia porque definirá cómo se tomarán más proyectos en el futuro”, explicó Xavier Martínez, director operativo de CEMDA.
Al interponer el amparo, en 2016, esa organización valoró defender dos aspectos principales. Uno es que todas las personas y todas las comunidades “están facultadas para defender sus ecosistemas de los cuales dependen sus proyectos de vida”.
En este caso, la población afectada es de alrededor de un millón de personas (según estimaciones recientes del Banco Mundial) que viven en el área metropolitana de Veracruz, Boca del Río y Medellín, el principal núcleo de población del estado de Veracruz.
El otro aspecto se refiere a “fortalecer una de las garantías más importantes que es la evaluación de impacto ambiental frente a los proyectos de desarrollo”, dijo el especialista, y señaló también que la construcción de la ampliación del puerto de Veracruz no presentó un solo Estudio de impacto Ambiental (MIA), sino 26 proyectos distintos.
Para conseguir la defensa de esos dos aspectos, CEMDA espera que la Corte deje insubsistentes las autorizaciones para la ampliación; restaure los servicios ecológicos que se hayan afectado, y que se ordene la reparación del daño.
“Si la Corte resuelve a favor… pues en 2016 se pidió la suspensión de las obras. Ahora ya está en operaciones el Puerto. De hecho, hace un año arribó el primer barco al nuevo puerto. Estamos en un dilema”.
Guillermo Zúñiga Martínez, miembro del Programa Internacional de la organización EarthJustice dijo que el caso que se discutirá en la Corte mexicana es “paradigmático” porque colocaría a la justicia ambiental del país “en la corriente” de las democracias más avanzadas del mundo.
“El derecho de acceso a la justicia ambiental es uno de los principales y más avanzados derechos de las democracias modernas. Esto va a facultar a cualquier persona poder acudir a autoridades y protegerse frente a cualquier afectación al medio ambiente del cual disfruta, en cualquiera de sus elementos”, dijo Zúñiga.
Air Justice -agregó Zúñiga- se sumó a la acción legal de CMDA para que la Corte reconozca “el vínculo” del Parque Arrecifal y con la calidad de vida de las personas que viven en el lugar, puesto que ayuda a la protección del entorno ante eventos climáticos y provee de diversos servicios ambientales más.
“Si la Corte en su primera sala protege por mayoría y reconoce el derecho a la justicia ambiental, tendremos una jurisprudencia. Va a ser un criterio vinculante en todos los juzgados del país. Marcaría una nueva forma en la protección al medio ambiente”, señaló.
Alejandra Serrano, representante de Environmental Law Alliance Worldwide, contó que esa organización se sumó al envío de argumentos a la Corte para intentar fortalecer el amparo de cara a la discusión del próximo 12 de enero.
“Las autoridades deben basar sus decisiones en la mejor información científica disponible. Es necesario que se entienda la naturaleza del sitio y los impactos que podrían generar a la población aledaña y beneficiada por el sistema arrecifal”.
Esa organización se encargó de presentar ejemplos de casos similares de otros países en donde otras cortes garantizaron el derecho a la protección al ambiente.
Sandra Miguel, integrante del Programa de diversidad marina y protección costera de AIDA, que también aportó elementos al amparo en días recientes, señaló que este movimiento que se ha generado en torno a la defensa del Parque Arrecifal “va a abonar al movimiento regional e internacional sobre la protección a arrecifes de coral” y será replicable en muchos países en la región en caso de que el resultado sea favorable en la Corte.
En su caso, AIDA presentó el 3 de enero un escrito que contiene argumentos y opiniones que apoyan el contenido del amparo con ejemplos similares de países como Ecuador, Argentina, Colombia y Costa Rica. “Señalamos que los demandantes están siendo congruentes con el derecho internacional”.
El Parque Arrecifal abarca 65,516 hectáreas, con 28 arrecifes que en algunos casos tienen lagunas arrecifales con pastos marinos con playas.
“Los arrecifes coralinos son el principal ecosistema y objeto de conservación de este Parque Nacional ya que contribuyen a la mitigación de los impactos a la costa provocados por tormentas, huracanes y vientos. Así mismo, los arrecifes mantienen la línea de costa relativamente estable, producen oxígeno y captan bióxido de carbono (CO2)”, señala la descripción oficial en línea del Parque.
En 2006, el Parque Arrecifal fue incorporado a la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) y en 2014 fue inscrito en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria Internacional de la Convención Ramsar.
En la web del Parque se señala que la ampliación del Puerto de Veracruz es “colindante” al polígono que define al área protegida y que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó esa obra “de manera condicionada” en 2013.
“De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada ante la Semarnat en 2013, el proyecto generará aproximadamente siete mil empleos directos y alrededor de 20 mil empleos indirectos en la etapa de construcción y cerca de diez mil empleos directos y 30 mil empleos indirectos para la operación de la obra”.
Según esa dependencia, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) “ha supervisado el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación acordadas en el resolutivo de la MIA”.
Esas medidas incluyen la reubicación de organismos arrecifales (se afirma que se han reubicado ya más de 48,000 colonias coralinas), la construcción de rompeolas para evitar que se diluyan los sedimentos a causa de las obras, y “monitoreo de flora y fauna marinas y parámetros físico-químicos en el PNSAV realizado por la Universidad Veracruzana”.
