Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- Ingeniero agrónomo de profesión y defensor del medio ambiente y agua por pasión, hace una década, en mayo del 2012, fue asesinado el vocero de Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), Bernardo Vásquez por oponerse a la minería en San José del Progreso, Oaxaca.
Tres meses antes, el 19 de enero de ese mismo año, a Bernardo Méndez, integrante de la COPUVO también lo mataron por oponerse a ese mismo megaproyecto. Ambos asesinatos están impunes.
A diez años de ambos crímenes, nada ha cambiado aseguran los activistas y defensores quienes han buscado por todos los medios detener la extracción minera en San José del progreso, debido a que con pruebas aseguran hay una contaminación del río y denuncias por enfermedades gastrointestinales y urinarias.
La defensa del agua y el ambiente fue su principal preocupación desde 2008, año en que la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines se instaló en su comunidad ofreciendo bondades y beneficios: empleo, pavimentación de calles y un centro de cómputo. El desarrollo había llegado a San José del Progreso.
Bernardo Vásquez hábilmente supo leer el contubernio existente entre la empresa minera y las autoridades de los tres niveles de gobierno en México, por lo que inmediatamente se reunió con ciudadanas y ciudadanos de su comunidad, su principal premisa fue la organización del pueblo.
“Bernardo denunció este panorama y 10 años después lamentablemente no ha cambiado”, indicaron al señalar que en México las empresas mineras cuentan con el beneplácito del Estado.
El año pasado sin consulta y de forma autoritaria, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó una concesión de 10 años más a la minera Fortuna Silver Mines, lo que significa que realizará otra década de explotación comercial a las tierras de los valles centrales.
Mientras esto ocurre, no existe ningún avance en las investigaciones, ninguna persona ha sido detenida y juzgada por estos crímenes.
Las comunidades de los Valles Centrales conformadas por los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) y el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, aseguran que a pesar de la ineficacia del Estado y su respaldo a las empresas mineras, ellas no olvidan y la lucha de ambos ambientalistas es lo que les fortalece.
“Hay miedo, hay criminalización y acoso, además la minera opera en la legalidad, porque hasta la fecha no sabemos quién le otorgó el permiso, no hay resolución. Nosotros tenemos algo valioso que es la organización y el compromiso por nuestros recursos naturales, eso no lo tiene ni la Minera ni el gobierno”, recalcaron.
En la investigación “Efectos multidimensionales de la minería en San José del Progreso” elaborado por Aleida Azamar Alonso e Isidro Téllez Ramírez señala que lo que hay es pobreza en el estado, aun cuando la actividad minera debería traer bonanza económica, sin olvidar que la violencia que ha sufrido la población que se opone al proyecto.
También señala que la industria minera se orienta a la explotación intensiva de los recursos naturales mediante procesos de desterriorialización, que también criminalizan la protesta, lo cual tiene nulo o limitado impacto económico local, y recalca que la minera, no proporciona beneficio a la localidad, aunque eso es lo que se presume.
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