Ocho meses de gobierno de Evelyn Salgado y van 742 asesinatos en Guerrero

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En la última semana la violencia alteró la cotidianidad de Chilpancingo: dejó a una parte de la ciudad sin el servicio del transporte público y suspendió la venta de pollo tras la quema de por lo menos seis vehículos y el homicidio de siete trabajadores de la producción y distribución del pollo.

Texto: Jesús Guerrero | Fotografía: Amílcar Juárez y Oscar Guerrero

En los primeros ocho meses de gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda en Guerrero se han implementado cuatro operativos con Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal para frenar la violencia pero han sido poco útiles.

 

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 15 de octubre del 2021, cuando asumió la gubernatura, hasta este 15 junio se han registrado 742 homicidios dolosos en todo el estado.

 

El martes 7 de junio fue el último despliegue de fuerzas de seguridad que puso en marcha Salgado Pineda se trata de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) integrada por militares, policías estatales y Guardia Nacional para frenar la ola de violencia que existe en las calles de Chilpancingo y en el poblado de Petaquillas.

 

Después de que la noche del martes 7 de junio los pobladores de Petaquillas liberaron las cinco patrullas con efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal tras nueve horas de retención, esta comunidad vive en una situación tensa.

 

Petaquillas es la entrada al municipio de Quechultenango, el centro de operaciones del grupo delictivo de Los Ardillos. Ahí, el 16 de febrero, los pobladores retuvieron a 50 militares durante cinco horas.

 

En la última semana la violencia alteró la cotidianidad de Chilpancingo: dejó a una parte de la ciudad sin el servicio del transporte público y suspendió la venta de pollo tras la quema de por lo menos seis vehículos y el homicidio de siete trabajadores de la producción y distribución del pollo.

Hasta este miércoles, la venta de este producto se restableció en los mercados de la capital pero en forma parcial y con sobreprecio.

Para reforzar la seguridad llegaron cien elementos de Marina a esta ciudad pero la violencia no para ya que este miércoles fue asesinado a balazos un joven de 25 años en la colonia Omiltemi y en la calle Cristóbal Colón, a una cuadra del zócalo, un individuo hirió de bala a un empresario a quien presuntamente trató de asaltar.

Acapulco, gobernado por la morenista Abelina López Rodríguez, ocupa el primer lugar en Guerrero en homicidios dolosos.

A nivel nacional, el puerto ocupa el lugar diez de los 50 municipios del país con el más alto índice de asesinatos, según datos del SESNSP.

Socorro Gil Guzmán forma parte de uno de los colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados en Acapulco. Dice que desde diciembre del 2018 busca a su hijo Jonathan Guadalupe Romero y la violencia en el puerto no para.

«Todos los días hay mensajes en Facebook o en otras redes sociales de familiares que buscan a un pariente desaparecido», señala Gil Guzmán quien acusa a los policías municipales de Acapulco de haber desaparecido a su hijo.

«Vemos como las camionetas de militares, policías estatales, Guardia Nacional y la Marina pasan por las calles pero no vemos que la violencia pare e incluso en la misma costera Miguel Alemán hay hechos de violencia», externó.

El 21 de noviembre del 2021, Salgado Pineda anunció en Acapulco el “Operativo Refuerzo 2021” con el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Este despliegue también incluía a Chilpancingo e Iguala aunque después se extendió a Huitzuco debido a que en esos días un grupo delictivo impuso un toque de queda en ese municipio.

Para diciembre, Salgado Pineda puso en marcha otra operación y en marzo de este año, uno más.

El secuestro de la adolescente Yoseline en el fraccionamiento San Agustín, en la zona suburbana de Acapulco desató la furia de sus familiares, vecinos y amigos que cerraron el viernes 20 y sábado 21 de mayo la carretera federal Acapulco-Chilpancingo a la altura del punto conocido como Paso Limonero.

Al bloqueo llegó la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, a tratar de desactivar la protesta, pero los manifestantes le dijeron que iban a abrir la vía cuando la menor apareciera con vida.

Durante la noche del sábado 21 también arribó al bloqueo la gobernadora para platicar con los familiares de la menor de edad.

Pero la madrugada del domingo, horas antes de la inauguración del Tianguis Turístico, Yoseline fue puesta en libertad por sus captores y recientemente uno de ellos fue detenido por la Fiscalía de General del Estado (FGE).

Después del caso de Yoseline han aflorado otras protestas de familiares reclamando a la fiscalía y a la gobernadora que también busquen y localicen con vida a sus desaparecidos en Acapulco.

En los últimos días se recrudeció la violencia es en el destino turístico de Zihuatanejo de Azueta. De acuerdo a versiones extraoficiales, la violencia se generó después asesinato de Oliver Sánchez Coria, líder del grupo delictivo pues integrantes de esta organización comenzaron a pelear el liderazgo.

Esta ola de violencia, provocó que en Zihuatanejo los días 2 y 3 de junio, los industriales de la masa y la tortilla cerraron sus establecimientos, se suspende el servicio de transporte público después de que presuntamente recibieron amenazas por parte de la delincuencia.

La ciudadanía entró en pánico cuando hombres armados incendiaron dos unidades de transporte público. Durante los días de violencia, ningún medio periodístico publicó lo que aconteció en la ciudad porque desde hace años han sufrido amenazas de la delincuencia.

«Al parecer ya regresó esto a la normalidad pero no sabemos hasta cuando ya que los delincuentes pueden regresar a la hora que se les antoje porque saben que no serán detenidos por el gobierno», lamenta un empresario hotelero de Zihuatanejo.

Para el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el gobierno de Salgado Pineda tiene dos opciones para frenar la violencia: dialogar con los grupos delictivos para que realicen un pacto entre ellos o bien aplicarles mano dura deteniéndolos.

«Hasta ahorita el gobierno de Morena en Guerrero ha sido ineficaz para frenar la violencia que provocan los grupos de la delincuencia».

Rangel Mendoza prevé que la espiral de violencia en Guerrero aumente porque hay una inacción del gobierno federal y estatal.

«Los cobros de piso, las extorsiones y hasta regular los precios de la tortilla, la carne, el refresco y otros productos los hacen los grupos de la delincuencia que tienen controlados muchos municipios de Guerrero», asegura.

Insiste en que la gobernadora dialogue con estas organizaciones para que haya paz en Guerrero.

Presume que dialogó con varios grupos delictivos y logró restablecer la paz en varias regiones que estaban azotadas por la violencia.

Puso como ejemplo Chilapa en donde ahora, según él, hay tranquilidad, aunque informes de la fiscalía aseguran que este municipio es controlado la delincuencia que desplazó a otra organización.

Dicha agrupación delictiva ha tenido un crecimiento al igual que los políticos que han gobernado este municipio de la Montaña baja.