OAXACA.- Si bien es cierto, la legislación en relación con la delincuencia organizada, es de competencia exclusiva de la federación, lo cierto es que las entidades federativas en el ámbito de sus facultades constitucionales respecto de la legislación penal y tipificación de delitos que son de su competencia, están obligados a adecuar su marco jurídico para garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dijo Liz Concha, Diputada local del PRI por el Distrito 04 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, durante su intervención en la tribuna de la Sexagésima Quinta Legislatura de Oaxaca.
La Presidenta de la Comisión de Gobernación explicó que esa exigencia obedece a que, para 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron que las, organizaciones de la sociedad civil y académicos estimaban que aproximadamente 30 mil menores cooperaban con grupos criminales en todo el país, sin embargo, en el ámbito local la situación es preocupante, considerando que el INEGI en 2016 estimó que 7 mil 785 adolescentes habían ingresado a algún sistema de ejecución de medidas para adolescentes, por delitos de orden común.
Por lo anterior, dijo, “es indispensable que se ajuste y precise la legislación estatal en la materia penal, para que en el ámbito de la competencia constitucional de éste Congreso se considere como una de las modalidades de corrupción de menores la incorporación de niñas, niños y adolescentes en asociaciones delictuosas y la obligación o inducción a cometer delitos con una penalidad mayor, toda vez que actualmente tales modalidades se castigan con la misma gravedad que conductas que representan un riesgo menor”.
Por esa razón propuso también que se considere como corrupción de menores “la facilitación, inducción u obligación que se ejerce contra un menor para portar o utilizar armas prohibidas que el propio Código Penal de la Entidad establece”, asimismo dicha iniciativa también establece como elemento que, se agrava el delito y consecuentemente aumenta la pena, cuando las víctimas sean niñas, niños y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, tal como la orfandad, el abandono familiar o su condición de migrante, toda vez que estas constituyen categorías especiales que los exponen potencialmente a ser víctima de asociaciones delictuosas que, aprovechándose de la incapacidad legal que tienen, los utiliza para cometer delitos.
̈Por lo anterior, consideró fundamental que esta iniciativa de reforma y adición sea discutida, analizada y resuelta a la brevedad.
Es necesario que desde esta Soberanía se impulse la adecuación del marco legal para proteger de manera más efectiva a nuestras niñas, niños y adolescentes que terminan siendo víctimas de la comisión de estos delitos por sus especiales condiciones de vulnerabilidad”, externó la legisladora.
Liz Concha profundizó explicando que los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes están reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo como principio de interpretación el INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, donde el Estado velará y cumplirá con este principio, garantizando de manera plena sus derechos.
Precisó que, tratándose de un asunto relacionado con los derechos humanos, este debe interpretarse y aplicarse conforme al principio de progresividad, que garantiza y protege los derechos humanos establecidos en el artículo 1o. constitucional.
No obstante, lo anterior, hay preocupación en relación a la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país e incluso, instancias internacionales como la del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en 2015 realizaron una serie de observaciones,.
Señalaron en el apartado de violencia contra niñas y niños, su preocupación por la falta de tipificación del reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los grupos del crimen organizado y en general, por la creciente participación de menores en actividades delictivas de los órdenes federales y estatales, así como la cada vez más común práctica de obligarlos a participar en asociaciones delictuosas”.
Aunado a esto dijo que resulta preocupante también la insuficiencia de las medidas adoptadas para prevenir esos delitos y la falta de protección y de apoyo psicosocial a niñas y niños víctimas. Por lo que en su momento se recomendó tipificar tales conductas, incluidas las que corresponden al ámbito estatal, por estos motivos, la Diputada Liz Concha solicitó el apoyo de los diputados y diputadas para aprobar dicha Reforma al Código Penal de Oaxaca.
