Diana Manzo
Juchitán, Oax.- Las y los defensores oaxaqueños, Yesica Sánchez (Consorcio Oaxaca), Angélica Ayala (GES Mujer), Rogelia González (Grupo de mujeres 8 de marzo) , Marcos Leyva (Educa), y Carlos Beas Torres (Ucizoni) coincidieron que la militarización anunciada por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, no es la mejor opción para México, al contrario, acabar con la impunidad y privilegiar los Derechos Humanos de los mexicanos sería el ideal.
Entrevistados desde sus acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres, medio ambiente y territorio, las y los defensores alertaron que el ejército tiene una preparación bélica y no civil, por lo que podría repetirse el saldo rojo y hostil vivido en el sexenio de Felipe Calderón.
Recordaron que la militarización ha sido un problema delicado en Oaxaca y para muestra enumeraron infinidad de violaciones a los derechos humanos, encabezados por el ejército y también por elementos de la Guardia Nacional.
Yesica Sánchez, directora de la colectiva feminista “Consorcio Oaxaca” dijo que como agrupación saben el caso de un feminicidio ocurrido en manos de un elemento de la guardia Nacional y también una denuncia por acoso.
“Tanto los militares como los elementos de la guardia nacional tienen una formación de guerra, y no civil y mucho menos enfocada a los derechos humanos, por eso es que preocupa”, señaló.
Dijo que, ante la militarización, la opción podría ser fortalecer a las policías comunitarias, y es que precisó que en Oaxaca, de los 570 municipios, 412 se rigen por el sistema normativo interno, lo que significa que para la entidad debería ser un monitoreo distinto en caso de aprobarse la militarización.
“Pienso que debería existir un monitoreo por estado, porque todos son distintos, en el caso de Oaxaca, fortalecer a las policías comunitarias ayudaría mucho, la gente le cree a sus policías comunitarias, pero no al ejército ni a los militares”, dijo.
Marcos Leyva, director general de la organización civil “Servicios para una Educación Alternativa, Educa” dijo que le preocupa la iniciativa de incorporar a la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, y que el proceso dijo le parece violatorio a los Derechos Humanos.
Dijo que en Oaxaca, en lo que va del sexenio de López Obrador, 23 defensoras y defensores han sido asesinados, y de acuerdo con el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, esta entidad sureña es la que más defensoras y defensores tiene integrados a este mecanismo.
“Veo con tristeza que hay un apresuramiento que esta ley pase, ahora solo falta en el congreso de Oaxaca, por lo que es importante que se estudie bien y que se sepa si esta iniciativa viene a respetar a los derechos humanos, que tanto se han violado en Oaxaca”.
Para Carlos Beas, dirigente social y representante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), la militarización es una forma de intimidad, inhibir y hostigar el movimiento social indígenas ante la defensa del territorio contra los megaproyectos, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Dijo que la militarización también es una forma de despojo en el Istmo de Tehuantepec e implementarlo en las calles como civiles abre la posibilidad muy real de violentar los Derechos Humanos.
“El ejército no tiene una preparación de seguridad pública, sino de guerra, y eso es la mayor preocupación para los que no formamos parte del gobierno ni de las ideas del presidente o de Morena, por eso nos preocupa, porque de forma constante sabemos la violencia que ejercen contra los que se oponen a los proyectos obradoristas”, dijo.
***La militarización es una problemática que afecta a niñas y mujeres***
Angélica Ayala, defensora de las mujeres y directora del Grupo de Mujeres Rosario Castellanos “GES Mujer” relató que ante la propuesta de militarización del país, es necesario reconocer qué es una problemática documentada qué afecta a las niñas y las mujeres.
La militarización en el país y en el estado de Oaxaca, nos convoca como defensoras de derechos humanos a incrementar nuestras acciones para que las mujeres construyan redes de protección frente a estos riesgos.
Dijo qué, otra preocupación es la impunidad frente a todos los casos de violencia que enfrentan las niñas y las mujeres, que ya es grave ante la justicia civil y más todavía contra quiénes tienen fuero militar.
Destacó que en el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos ha dado seguimiento al impacto que tiene la militarización desde los años 90, que por supuesto se agrava por esta narrativa que desde la presidencia establece que es la manera de atender la problemática de conflictividad social qué existe en el país.
“Sabemos que la conflictividad social se da a nivel comunitario, qué el contexto en el que se encuentran la delincuencia organizada, la presencia de la guardia nacional, militares e incluso la marina, está colocando en riesgo la integridad, la libertad y la vida de las mujeres y de las niñas”, señaló.
Reconoció que la presencia de armas en las comunidades de una manera descontrolada, tanto las legales como las ilegales, evidentemente tienen un impacto en la violencia feminicida, qué es el grado máximo de violencia pero previo a ella estamos hablando de todas las formas de violencia, incluyendo la violencia física, emocional y sexual.
“Nuestra preocupación es que de acuerdo al monitoreo del GESMujer en los últimos cuatro años se ha dado un incremento de asesinatos violentos por armas de fuego. Hace 4 años se registraba de un 45 a un 50%, en el 2022 el registro nos dice que el 78% de niñas y mujeres asesinadas de manera violenta ha sido por arma de fuego”, dijo.
Finalmente, Rogelia González, defensora zapoteca y dirigente de la agrupación de mujeres “8 de marzo” puntualizó que sí militarizar significa acabar con la impunidad y la corrupción, entonces sería bueno, pero con los antecedentes que ha visto, todo ha sido en papel y no en hechos.
Dijo que es urgente atender la violencia que persiste en el país, y aplicar políticas publicas para combatirlo, especialmente porque las violaciones a los derechos humanos, feminicidios y violencia contra las mujeres no se detiene.
“Sí llenar de militares al país ayudará a que a las mujeres nos respeten y nos brinden seguridad, entonces sí, lo aprobamos, pero por los antecedentes que hemos vividos, lo dudo mucho, lo que se trata es de que se respeten los derechos humanos de las mujeres, de las defensoras y todas las personas en este país”, concluyó.
