Siete de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyaron mantener la prisión preventiva oficiosa, como demanda el presidente López Obrador. La decisión final se toma este jueves
Texto: Alberto Nájar | Foto: Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO.- Día 2 en el debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa.
El ministro presidente Arturo Zaldívar respondió a los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador:
Cancelar esa determinación legal establecida desde 2019 en la Constitución no provocará la liberación de miles de presuntos delincuentes, como argumenta el presidente de la República.
“¿Van a salir en libertad? Por supuesto que no, este tribunal constitucional no podría ser tan irresponsable de dar una decisión en ese sentido”, respondió en la sesión de este martes del pleno de la Corte.
“No desconocemos la situación de inseguridad, de violencia y crimen organizado que hay en el país, pero un Estado democrático tiene la obligación de perseguir con eficacia, con absoluto respeto a los derechos humanos”.
La posición de Arturo Zaldívar fue la última en el segundo día de debate de los ministros de la Corte, sobre la propuesta de suspender la obligación constitucional de aplicar en automático el encarcelamiento a los acusados de algunos delitos graves.
El catálogo forma parte de una modificación a la Constitución aprobada en 2019 por el Congreso de la Unión, y que fue promovida por el partido en el gobierno, Morena.
El tema ha sido duramente criticado por el presidente López Obrador, quien insiste en que cancelar la prisión preventiva oficiosa prácticamente cancelaría su estrategia contra la inseguridad.
Por eso la respuesta del ministro Zaldívar, que fue apoyada por otros como Alfredo Gutiérrez y Norma Piña.
El argumento: dejar sin efecto esta figura de la Constitución no implica, en ningún caso, la excarcelación de 92 mil delincuentes de alto riesgo como argumentó hace unos días el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja.
Tampoco, añadieron los ministros, significa que no se pueda mantener a los presuntos delincuentes de alta peligrosidad en la cárcel mientras dure el proceso judicial.
“Si las fiscalías hacen su trabajo adecuadamente y los juzgadores también no tiene por qué haber un colapso porque se pase a un sistema de prisión preventiva justificada, que es el que tienen prácticamente todos los países democráticos del mundo”.
En los dos días de debate siete de los once ministros adelantaron que votarían en contra del proyecto presentado por Luis María Aguilar Morales.
La propuesta es suspender la aplicación de los párrafos del artículo 19 constitucional que contienen la prisión preventiva de oficio en algunos delitos graves.
El catálogo forma parte de una modificación a la Constitución aprobada en 2019 por el Congreso de la Unión, y que fue promovida por el partido en el gobierno, Morena.
El tema ha sido duramente criticado por el presidente López Obrador, quien insiste en que cancelar la prisión preventiva oficiosa prácticamente cancelaría su estrategia contra la inseguridad.
Por eso la respuesta del ministro Zaldívar, que fue apoyada por otros como Alfredo Gutiérrez y Norma Piña.
El argumento: dejar sin efecto esta figura de la Constitución no implica, en ningún caso, la excarcelación de 92 mil delincuentes de alto riesgo como argumentó hace unos días el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja.
Tampoco, añadieron los ministros, significa que no se pueda mantener a los presuntos delincuentes de alta peligrosidad en la cárcel mientras dure el proceso judicial.
“Si las fiscalías hacen su trabajo adecuadamente y los juzgadores también no tiene por qué haber un colapso porque se pase a un sistema de prisión preventiva justificada, que es el que tienen prácticamente todos los países democráticos del mundo”.
En los dos días de debate siete de los once ministros adelantaron que votarían en contra del proyecto presentado por Luis María Aguilar Morales.
La propuesta es suspender la aplicación de los párrafos del artículo 19 constitucional que contienen la prisión preventiva de oficio en algunos delitos graves.
La decisión final sobre el tema se pospuso para la sesión del próximo jueves a petición del ministro Aguilar Morales.
El objetivo es, dijo, analizar los argumentos de sus compañeros para incorporar las observaciones o, si es el caso, retirar su propuesta de suspender la prisión preventiva oficiosa.
En las cárceles “la mayoría son pobres”
En el debate el presidente de la Corte advirtió el riesgo de mantener la aplicación del encarcelamiento automático en algunos delitos graves.
“La prisión preventiva oficiosa tiene a miles de personas en la cárcel, la mayoría de ellos son pobres, los olvidados y marginados que no tienen quien los defienda y eso afecta de manera particular a las mujeres”, dijo.
Vayamos a las prisiones y díganme cuánta gente rica hay y cuánta pobre. A cuántas personas se les fabrican delitos o se les ponen agravantes para que ya no puedan salir y se pasan 10, 12, 15 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia”.
Una situación que claramente viola los derechos humanos que son, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, el principio rector de las leyes del país.
“Condenamos a la gente a los infiernos que son las cárceles mexicanas y les hacemos perder la esperanza, sin que un juez haya valorado si hay elementos que justifiquen que deben estar en una prisión mientras se lleva a cabo su proceso”.
Es parte de la realidad del sistema de justicia del país, que al menos en el caso de la prisión preventiva de oficio parece destinado a permanecer:
Siete de los once ministros expresaron su rechazo a suspender la aplicación del concepto establecido en el artículo 19 de la Constitución, como propuso el ministro Aguilar Morales.
Para que la prisión preventiva oficiosa quedara cancelada era necesario el respaldo de al menos 8 ministros en su favor, lo que no ocurrió en el debate.
El costo, advierte el presidente de la SCN, puede ser grave.
“Si se decanta la votación como veo”, dijo Arturo Zaldívar, “para los delincuentes de cuello blanco, para los defraudadores fiscales, para los factureros no va a haber prisión preventiva oficiosa y para el resto del pueblo mexicano, sí. ¿Eso es justo, es constitucional?”.
“No puedo aceptar que éste sea el precio a pagar, ni que sea la única manera de salvaguardar la seguridad de nuestro país”.
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