Cerca del pueblo guatemalteco El Estor, una empresa rusa-estonia extrae níquel a cielo abierto, contamina al lago Izabal y pone en riesgo la vida de los Q’eqchi`. La lucha del pueblo contra la minería provocó ya muchas respuestas violentas, ya que todo indica que la compañía financió a la policía y manipuló una consulta para seguir explotando el territorio
Texto y fotos: Wolf-Dieter Vogel
GUATEMALA.- Las nubes son bajas, algunas de las montañas verdes alrededor del lago Izabal ya desaparecieron detrás de la niebla. En cualquier momento, una lluvia tropical típica del Caribe guatemalteco podría caer del cielo. Sin embargo, Eduardo Bin Poou estrangula el motor fuera de borda y deja que su barco de pesca se deslice lentamente sobre el agua. Señala un área gris, casi negra, que se puede ver entre varias chimeneas humeantes, pipas industriales y naves de fábrica en la orilla. «Hay metal pesado en este lodo y se le almacena a solo 50 metros del lago», dice el pescador. Si llueve mucho, la suciedad fluye hacia el agua. «La empresa minera no tiene permiso para depositar estos residuos», subraya.
Para Bin Poou, de 57 años, con gorra roja, camisa azul y pantalones de trabajo grises, el barro tóxico es solo uno de los muchos problemas ambientales en su ciudad natal El Estor, en el este del país centroamericano. Con una mirada triste, habla de burbujas en las mojarras y de las manchas rojas que de repente han aparecido en el agua en 2017, lo que provocó protestas fuertes del pueblo y una reacción tremenda del estado y sus fuerzas de seguridad.
Luego, en octubre del año pasado, la policía otra vez actuó de forma bastante violenta contra la resistencia del pueblo. Hasta hoy el pescador es perseguido por la justicia, porque participó en estas protestas y nunca se sabe, si en algún momento, lo van a detener. Ahora, en estos días, tiene sus audiencias por supuestas detenciones ilegales y amenazas. “Inventan cosas que uno nunca ha hecho”, dice Bin Poou. Y todo esto, dice convencido, porque la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) extrae níquel allí. Es una empresa que pertenece al Solway Investment Group, una firma con capital de una familia rusa-estonia con sede en Suiza.
Nunca hubo una consulta previa ni informada
Nunca se ha preguntado a los habitantes si están de acuerdo con la minería, critican los mayas del pueblo Q’eqchi`, que viven en la zona. “Los pueblos indígenas tienen el derecho, garantizado a nivel internacional, a la consulta previa si se va a extraer materias primas en sus tierras”, insiste el pescador. «Por eso el gobierno y Solway están actuando ilegalmente, ignorando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales», dice Bin Poou mientras acelera su bote nuevamente. Así lo vio también la Corte Constitucional de Guatemala. Por eso los jueces obligaron en 2019 al Ministerio de Energía y Minas a detener las operaciones. Más del 90 por ciento de los 73 mil habitantes de El Estor son indígenas. Mientras no se realizó una consulta previa e informada, a la mina no se le permitió continuar extrayendo níquel, dictaminaron los jueces en enero del año pasado.
Sin embargo, los volteos y los camiones largos y cargados de minerales seguían conduciendo incesantemente por el camino sin pavimento y flotante de tierra hacia las instalaciones de Solway. A unos seis kilómetros de El Estor, la compañía opera la mina CGN-Fénix y la fábrica CGN Pronico, que produce de la materia prima extraída del suelo, el níquelhierro para la exportación a Europa. Es una de las minas a cielo abierto más grande de Centroamérica. El portavoz de la compañía, David Orellana, también tiene su oficina allí. Enfatiza que Solway respetó el fallo de la Corte y dejó de extraer níquel en este entonces. «Siempre nos hemos adherido a los requisitos legales», dice Orellana. El 5 de febrero del año pasado, la mina Fénix fue cerrada. Después Pronico solo había procesado tierra que contenía níquel, que había sido comprada de otras compañías, insiste el portavoz. Eso sorprende, ya que Solway según sus propias declaraciones tenía beneficios récord durante este periodo.
Bloqueos y una reacción desmedida de policías y soldados
Bin Poou y muchos otros de sus vecinos en El Estor no querían creer las afirmaciones de la empresa sobre el cierre temporal de la mina. Ya han sido engañados demasiadas veces por los diversos operadores de la planta, incluso han sido asesinados personas en los conflictos con la minera. Para garantizar el cumplimiento de la orden judicial, varios cientos de indígenas ocuparon la calle en octubre del año pasado. Durante 20 días, no permitieron que un camión pasara transportando material para el CGN. «Todos los demás, es decir, taxis, autobuses o coches particulares, podín continuar», subraya el pescador.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad reaccionaron con dureza: después de casi tres semanas de actividades, el 22 de octubre, la policía y los soldados rompieron violentamente el bloqueo. «Eran fuerzas especiales, venían con helicópteros y rociaban gas lacrimógeno», dice Luis Ich Choc. Al igual que Eduardo Bin Poou, el hombre de 35 años participó en las actividades. Familias enteras habrían sufrido por el gas. «Las autoridades afirman que cuatro policías resultaron heridos por disparos, pero no fuimos nosotros», sostuvo. Sí, puede ser que alguien lanzó unas piedras, pero ¿disparos? «No tenemos armas», subraya Ich Choc, quien forma parte del Consejo Ancestral, el órgano de gobierno de la comunidad indígena. Hasta el día de hoy, le molesta que las fuerzas de seguridad actuaran en nombre de la compañía minera: «Como en una procesión, la policía acompañó a cada camión.” El portavoz de la compañía, Orellana, considera que la operación policiaca estaba justificada. «Algunos vehículos resultaron dañados y el carbón necesario para la producción se había agotado», dice. «Necesitaba una respuesta del Estado.”
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