Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Oaxaca ocupa el segundo lugar en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país, con 17 casos, y el quinto lugar de periodistas asesinados con cuatro casos, únicamente en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el titular de la Unidad para la defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos.
Por consiguiente, Oaxaca es uno de los estados prioritarios para el mecanismo de protección federal donde se encuentran 168 personas de Oaxaca beneficiarias, añadió el funcionario federal durante el foro “Hacia un nuevo sistema de protección a personas defensoras y periodistas” convocado por 38 organizaciones civiles de Oaxaca.
Hizo hincapié que “esto no es nuevo porque llevamos mas de 16 años con un aumento importante en las agresiones al gremio de defensores y de periodistas como lo demuestran las preocupantes cifras que han ido documentando:
“En el rubro de periodismo desde 2006 a la fecha tenemos registrados mas de 260 asesinatos hacia el gremio periodístico, mas de 101 asesinatos en el sexenio de Felipe Calderón y 97 en el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahorita hay mas de 60 periodistas asesinatos y mas de 100 defensoras de derechos humanos”.
Agregó que de estas cifras, “Oaxaca ocupa el segundo lugar en asesinatos hacia personas defensoras de derechos humanos y ocupa el segundo lugar de personas beneficiarias del mecanismo de protección federal y el quinto lugar de asesinatos en este sexenio de periodistas”.
En el foro, Irazoque Palazuelos y el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, respaldaron este jueves la iniciativa de reformas legales para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos presentada por organizaciones civiles del estado ante el Congreso local.
Irazoque Palazuelos enfatizó que la propuesta ciudadana es particularmente creativa al fortalecer mecanismos y herramientas ya existentes, en lugar de crear nuevas instancias, y destacó su enfoque integral, al buscar combatir la impunidad sobre los agravios a las personas cometidos por defender los derechos humanos o por el ejercicio de la libertad de expresión.
Reiteró la petición de que el Congreso de Oaxaca analice la propuesta y la aproveche, pues las medidas legislativas ahí propuestas fortalecerán la coordinación de las instancias locales con la Federación, y de esa manera contribuyen también a la construcción de una nueva política nacional en la materia.
Por su parte, el ombudsman Rodríguez Alamilla destacó que uno de los enfoques importantes de la propuesta de reformas es “darle más dientes” al órgano defensor de derechos humanos que él preside, con mayor posibilidad de exigencia y sanciones a funcionarios públicos. También ponderó de manera positiva que la propuesta busque garantizar medidas cautelares y obligar a los funcionarios a actuar de inmediato en caso de agresiones a periodistas y personas defensoras.
José Carlos Fuentes Ordaz, titular de la representación de la Segob en Oaxaca, recalcó que la iniciativa es de transcendencia para garantizar la protección a personas defensoras y periodistas en Oaxaca, estado que ocupa el segundo lugar a nivel nacional de personas defensoras y periodistas incorporadas en el Mecanismo de Protección de esa dependencia, con un total de 155 personas incorporadas, 131 personas defensoras y 24 periodistas.
El foro fue moderado por Marcos Leyva Madrid, director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y contó con la participación de Yésica Sánchez Maya, del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Pedro Matías Arrazola, periodista, corresponsal de la Revista Proceso y fundador de Página 3; Irazoque Palazuelos, Fuentes Ordaz y Rodríguez Alamilla.
Durante el evento se analizó la iniciativa ciudadana que busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, el Código Penal para el Estado, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La iniciativa fue entregada al Congreso del Estado el pasado 22 de agosto.
Yésica Sánchez Maya presentó la propuesta y explicó que se da en el contexto del impulso a nivel federal a la construcción de una ley general en materia de prevención y protección a periodistas y personas defensoras. Precisó que la iniciativa ciudadana busca responder a la situación, necesidades y especifidades de Oaxaca en paralelo del proceso nacional.
Agregó que la iniciativa que responde también a la descoordinación y falta de respuesta gubernamental, se centra en tres vertientes: el garantizar la labor, el exigir la protección a la labor y el sancionar a perpetradores de agravios contra personas defensoras y periodistas, así como a funcionarios que generan permisibilidad e impunidad por su actuar deficiente, cómplice, negligente u omiso.
Matías Arrazola explicó que la aprobación de esta propuesta es urgente frente a los altos índices de impunidad y simulación gubernamental en todos sus niveles. Compartió al respecto cifras particularmente preocupantes de la organización Artículo 19, que en México ha registrado 156 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha, 15 de ellos en Oaxaca.
Recalcó que la iniciativa establece instrumentos punitivos, encaminados a incrementar sanciones penales y administrativas en contra de quienes no garantizan y obstaculizan la protección y labor de defensa de derechos humanos y periodismo en Oaxaca.
Cabe mencionar que el pasado 22 de agosto, se entregó al Congreso local una iniciativa de reformas a cinco ordenamientos jurídicos locales, dirigidas a garantizar y proteger la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en Oaxaca ante un contexto de “impunidad, exacerbación de la violencia, el aumento de la conflictividad frente a la imposición de megaproyectos”.
La iniciativa ciudadana respaldada por 38 organizaciones de la sociedad civil advierte sobre la necesidad de las reformas ante el aumento en la frecuencia y el nivel de violencia de los ataques contra periodistas y personas defensoras en el estado, que han implicado asesinatos, allanamientos, amenazas y otros agravios, principalmente de servidores públicos.
La iniciativa propone incrementar sanciones penales y administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, con el fin de desalentar esas conductas.
La propuesta incluye también disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para garantizar la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.
El paquete legislativo, explicaron, es una propuesta ante la falta de respuesta gubernamental derivada de la falta de coordinación entre las diferentes instituciones relacionadas con el tema, lo que ha permitido que la impunidad y la corrupción sigan imperando en el estado.
