Texto: Amapola Periodismo | Fotografía: Carlos Navarrete
Chilpancingo.- En agosto del 2015, cuando el perredista Juan Mendoza Acosta era alcalde electo, circuló un video de una reunión que tuvo con hombres armados, en el que se escucha prometer que devolverá el favor de apoyarlo para que ganara la elección del 7 de junio de ese año.
Se ve que el entonces edil, quien este miércoles 5 de septiembre fue asesinado a balazos junto a su hijo, quien era el alcalde en funciones, Conrado Mendoza Almeida, convive, entre botellas de alcohol, con hombres armados identificados como miembros del grupo criminal de Los Tequileros.
Mendoza Acosta declaró a reporteros después que esos hombres armados lo habían obligado a reunirse con ellos.
Semanas antes de que él ganara la elección fue privado de su libertad junto a dos integrantes de su campaña por personas armadas; horas después lo dejaron en libertad.
Se supo que ese grupo delictivo habría sometido al edil.
Los Tequileros, dirigidos por una persona identificada como Raybel Jacobo Dealmonte, de acuerdo con fuentes oficiales, se dieron a conocer en el 2013; iniciaron sus acciones delictivas en la región, como secuestros, extorsiones y asesinatos.
Sus secuestros eran masivos. Llegaban a las comunidades y se llevaban 15, 20 personas. Las dejaban libres conforme las familias pagaban los rescates.
Cuando ocurría algún asesinato o secuestro, en la escena dejaban mensajes escritos en cartulinas que firmaban así: «El Comando suicida los tequileros”. Una estrategia muy usada desde que comenzó la supuesta actividad de combate al narcotráfico, lo que contribuyó a justificar esa estrategia armada desde las instituciones.
El auge delictivo de Jacobo Dealmomte y su grupo fue entre 2013 y 2016 en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y una parte del municipio de Arcelia.
En 2016, realizaron secuestros masivos de personas. En enero de ese año, secuestraron a 21 personas que iban a una fiesta a la comunidad de La Palma, Arcelia y en otro hecho, a cuatro maestros de la secundaria técnica 114 de Santana del Águila, en Ajuchitlán; a todos los dejaron en libertad, pero en el contexto de estos secuestros asesinaron a dos más. En septiembre del 2016, Los Tequileros también se adjudicaron –y lo confirmaron las autoridades– el secuestro de un grupo de mineros.
Ese mismo año, se supo que Los Tequileros secuestraron en San Miguel Totolapan al constructor de obras, Isauro de la Paz, lo que enfureció a un grupo de ciudadanos, algunos de ellos se armaron, lo que obligó a las autoridades para buscar la liberación de la víctima.
La ciudadanía y el grupo de la supuesta policía comunitaria –las personas armadas– retuvo en esa población a la mamá de Jacobo Dealmonte, a quien la obligaron a exigirle a su hijo que dejara en libertad al ingeniero del pueblo.
Cuando las autoridades anunciaron que las fuerzas federales y estatales iban a San Miguel Totolapan para capturarlo, el entonces fiscal general, Xavier Olea Peláez, acusó al diputado local con licencia del PRI, Saúl Beltrán Orozco, de tener relación con el grupo Los Tequileros.
El mismo Olea Peláez interpuso una demanda de juicio político contra el legislador, pero la petición fue rechazada por el Congreso local.
Este señalamiento del anterior fiscal pone de manifiesto varios elementos, de principio, que los grupos del crimen organizado no sólo son personas dedicadas al tráfico de las drogas, más bien son una red donde participan personajes políticos y económicos de las regiones que se mueven tanto en acciones lícitas como ilícitas.
Una autoridad en funciones señaló a quien fuera un legislador como el articulador de un grupo criminal. Del priísta –filiación partidista a la que pertenecía el gobernador de entonces, Héctor Astudillo Flores– no se sabe nada desde entonces. De sus últimas apariciones públicas, fue cuando se paseó por el zócalo de Chilpancingo, ya con las acusaciones en su contra.
Esas operaciones policiacas y del Ejército no lograron la captura de Jacobo Dealmonte, quien, al parecer, buscó refugio en la Sierra del municipio de Heliodoro Castillo, donde estaría un largo tiempo, porque en enero del 2019 la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de altercados de su grupo con otros presuntos delincuentes, hechos en los que habría muerto el líder de Los Tequileros.
La FGE tenía 15 órdenes de aprehensión en su contra por delitos de secuestro y homicidios. A él le atribuyen los asesinatos de la ex regidora del PAN de San Miguel Totolapan, María Félix Jaimes, y del sacerdote Gregorio López Gorostieta de Ciudad Altamirano.
Con la muerte de Jacobo Dealmonte y la falta de noticias de Beltrán Orozco, Los Tequileros habrían entrado en un receso, pero con los ataques en San Miguel Totolapan, donde asesinaron al menos a 20 personas, entre ellas el alcalde y su padre, y varios funcionarios, las autoridades federales los trajeron a la escena pública.
