Jaime GUERRERO
OAXACA (#página3.mx).- Déficit de personal, carpetas sin judicializar, falta de autonomía operativa y recursos sin asignar por la Fiscalía General del Estado -a cargo de Arturo de Jesús Peimbert Calvo-, trabaja la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, de acuerdo al estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción” 2022.
Además, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Peimbert Calvo, apadrinado por el ex consejero Jurídico del Gobierno Federal, Julio Scherer, le oculta y no transfiere 19 millones 774 mil 731 millones de pesos que fueron transferidos a la FGJEE.
Arropados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la asociación Tojil, realizaron un diagnóstico de los avances y retrocesos de las condiciones actuales de las Fiscalías Anticorrupción (FA) en nuestro país.
A nivel nacional, tres Fiscalías Anticorrupción, judicializaron más del 15 por ciento de las investigaciones iniciadas, Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato.
De acuerdo al estudio, la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción carecen de los recursos necesarios para un combate efectivo a la corrupción.
De 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción locales en 2022, solo 4.3% llegaron ante un juez y 0.2% obtuvieron una sentencia. En 2022 la suma del presupuesto reportado por 25 Fiscalías Anticorrupción asciende a 808 millones de pesos. En tanto, Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con una Fiscalía Anticorrupción en operación.
Las Fiscalías Anticorrupción en México están encargadas de la atención, investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México, analizaron los avances y retrocesos de las condiciones actuales de las Fiscalías Anticorrupción, posterior al estudio realizado en diciembre 2021 Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción.
Al analizar el marco jurídico, los recursos, el capital humano, los procesos y resultados, se encontró que la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción (FA) se mantienen con avance deficiente o nulo, es decir, aún no cuentan con las condiciones requeridas para funcionar correctamente y lograr resultados en la lucha contra la corrupción.
En el caso de Oaxaca, sólo el 1 por ciento de sus investigaciones se han judicializado. Según el análisis del IMCO y la ONG, de mil 146 investigaciones iniciadas, sólo 12 pasaron a dicho proceso; de las que, el 58 por ciento (7 casos) se vincularon a proceso.
Con relación al número de Ministerios Públicos de la Fiscalia Anticorrupción, desde 2020, Oaxaca aumentó 1, al pasar de 10 a 11 entre el 2020 y el 2020; no obstante, conservó el mismo número de policías, y sólo cuenta con dos.
Respecto al cumplimiento de las Fiscalías Anticorrupción en el eje de capital humano, en el 2022, Oaxaca calificó como deficiente. En su jurídico, se determinó un resultado regular, debido a que no cuenta con reglamento interno, manual de protocolos, protocolos de investigación, protocolo de protección a testigos, entre otros.
Por su nivel de cumplimiento en el eje de procesos, fue satisfactorio; en el eje de resultados, regular.
En el escenario nacional, el IMCO y Tojil, difundieron que la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción del país, carecen de los recursos necesarios para un combate efectivo a la corrupción.
De 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción locales en 2022, sólo 4.3 por ciento llegaron ante un juez y 0.2 por ciento obtuvieron una sentencia.
Sobre el total del presupuesto reportado por 25 Fiscalías Anticorrupción, el monto asciende a 808 millones de pesos.
Con el objetivo de analizar los resultados de las Fiscalias Anticorrupción, con base en criterios objetivos, esta sección presenta cuatro indicadores estratégicos que fueron desarrollados tomando en consideración algunos de los indicadores emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Modelo de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal: porcentaje de investigaciones judicializadas, determinadas por archivo.
MARCO JURÍDICO
Falta autonomía de las FA en 11 estados. En Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas el nombramiento del titular de la Fiscalías Anticorrupción es realizado por el fiscal general, lo que implica un riesgo en la imparcialidad y objetividad.
Ausencia de protocolos para investigar corrupción en 28 entidades. Solo las Fiscalías de Sonora y Querétaro cuentan con protocolos para investigar casos de corrupción, y únicamente la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo tiene un protocolo para llevar a cabo los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas en casos de corrupción.
RECURSOS
Los presupuestos se incrementaron solo en 11 estados. Entre 2019 y 2022 solo Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas incrementaron su presupuesto. Ciudad de México, Morelos, Nayarit y Oaxaca no reportaron presupuesto para su FA en 2021 y 2022.
No obstante, en fecha posterior a la información recabada, la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca informó que el 8 de septiembre de 2022 la Secretaría de Finanzas le comunicó a la Fiscalía Anticorrupción que en 2022 cuenta con un presupuesto de 19 millones 774 mil 731 millones de pesos que fueron transferidos a la Fiscalía General del Estado, lo cual no había sido informado ni entregado a la Fiscalía Anticorrupción para su ejercicio.
Asimismo, en una nota adicional la Fiscalía Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí reportó un ajuste al dato proporcionado en la solicitud de información requisitada por la Fiscalía General del Estado, en la que se precisó que su presupuesto para 2022 fue de $5,193,500.00 pesos y no de $705,330.00 como fue reportado previamente. Sin embargo, para efectos de la tablas y datos del reporte se consideró la información oficial recabada a través de la solicitud de transparencia conforme a la metodología aplicada.
CAPITAL HUMANO
Conservan o disminuyen el número de Ministerios Públicos. Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas reportan tener el mismo número de Agentes del Ministerio Público desde el 2020. Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tamaulipas disminuyeron el número de Ministerios Públicos de la FA desde el 2020. En tendencia opuesta, únicamente Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Yucatán aumentaron el número de Ministerios Públicos de la FA desde 2020.
Disminuye el número de policías en siete FA. Colima, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora disminuyeron el número de policías desde el 2020. Por otra parte, Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala conservaron el mismo número de policías desde 2020. Esto es especialmente relevante en el caso de Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca y Tabasco que solo cuenta con dos policías.
Altas cargas de trabajo para los MP. Colima (140), Edomex (123), Nuevo León (182), Tlaxcala (140) y Zacatecas (131) reportan que cada Ministerio Público tiene más de cien investigaciones a su cargo.
PROCESOS
Las Fiscalías Anticorrupción, realizan investigaciones de oficio. Se destaca como un aspecto positivo que la mayoría de las Fiscalías reportaron el inicio de investigaciones de manera inmediata cuando conocen de un acto de corrupción. Sin embargo en 10 FA aún no se inician investigaciones de oficio, lo que retrasa e incluso podría omitir las investigaciones por hechos de corrupción.
Existen canales para recibir denuncias anónimas. De las 30 Fiscalías Anticorrupción, todas -con excepción de Yucatán- reportaron recibir denuncias anónimas por actos de corrupción.
Empoderamiento de las víctimas de corrupción. Al igual que en la edición pasada, 22 estados reportaron que los ciudadanos presentaron denuncias y la FA les reconoció y otorgó carácter de víctima. Estos criterios resultan de vital relevancia, ya que en un futuro permitirán una participación más activa de la sociedad civil en la vigilancia de la investigación de estos delitos.
RESULTADOS
Mayor número de investigaciones. En 2022 se abrieron 1,340 investigaciones más por delitos de corrupción en las Fiscalías Anticorrupción que en 2020 (19,289 contra 17,949). La FA del Estado de México es la que destaca en la última edición por tener el mayor número de investigaciones iniciadas: 5,648.
Número de investigaciones que sí llegaron a un Juez. En 2022, solo 4.3% de las investigaciones de corrupción llegaron ante un Juez. El Estado que ha judicializado el mayor número de investigaciones respecto a las iniciadas es Querétaro con 26%, seguido por Tlaxcala con 23% y Guanajuato con 17%. Chiapas, Morelos y Nayarit no reportaron datos sobre las investigaciones judicializadas.
Menos sentencias condenatorias. Mientras que en esta edición solo nueve Fiscalías Anticorrupción (Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas) reportaron haber obtenido alguna sentencia, durante 2020 fueron 11 Fiscalías. El Estado de México tiene el mayor número de sentencias condenatorias en 2022, con 35.
Como en la edición anterior, este reporte incorporó una sección de investigación cualitativa basada en entrevistas a funcionarios de las FA de Oaxaca y Quintana Roo. Se pudo concluir que muchos de los logros de las fiscalías se relacionan con la capacidad de liderazgo de los titulares y los Ministerios Públicos. Sin embargo, las FA aún carecen de los mecanismos de autonomía operativa y presupuestal para el debido ejercicio de su función, y subsisten importantes carencias de personal y de capacitación.
Así, aunque existen algunos avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los desafíos se mantienen: hace falta autonomía, presupuesto suficiente, el desarrollo e implementación de herramientas de investigación, mayor capital humano y resultados. El IMCO y TOJIL proponen en cada uno de los rubros analizados:
En el caso de la Autonomía:
Impulsar reformas constitucionales para otorgar autonomía constitucional a las Fiscalías Anticorrupción a través de los congresos locales.
Presupuesto: Promover la designación de una partida presupuestal especial para las Fiscalías Anticorrupción.
Instrumentos jurídicos especializados en corrupción: Implementar normatividad y estrategias para la adopción de técnicas especiales de investigación en las Fiscalías Anticorrupción, por ejemplo, planes de investigación y protocolos para operaciones encubiertas y las entregas vigiladas.
Profesionalización: Garantizar que el personal de las Fiscalías Anticorrupción cuente con los conocimientos técnicos y jurídicos suficientes a través de la participación constante en actualizaciones, talleres y cursos.
Empoderamiento de las víctimas de corrupción: Impulsar que las Fiscalías Anticorrupción reconozcan y empoderen a las víctimas, especialmente cuando se trata de los particulares que denuncian un caso de corrupción.
