Pedro Matías
*Ahora piden a Salomón Jara que intervenga para ejecutar la sentencia de la SCJN que favorece a la soberanía de Oaxaca
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas denunció que a mas de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una histórica e inatacable sentencia que reconoce la soberanía de Oaxaca “no sólo no hay avances en su cumplimiento, sino que ha existido una pública y manifiesta reticencia a llevarla a efecto”.
Pese a que ya pasaron ocho meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia relativa a la Controversia Constitucional 121/2012 que reconoce los derechos de los municipios indígenas zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa no hizo nada por hacerla acatar.
“Ante el nulo avance en el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el clima de provocación a las comunidades chimas de la zona oriente, que vuelve a manifestarse desde el gobierno y la oligarquía chiapaneca, así como de parte de caciques regionales, provocaciones del riesgo de un estallido social, artificiosamente provocado”, piden la intervención del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.
El Comité Nacional respalda totalmente las 3 exigencias expresadas ante el director de CONANP, por la asamblea y base comunal de Los Chimalapas.
Exigen que los tres gobiernos (Chiapas, Oaxaca y Federal) se apeguen a lo establecido en el Resolutivo Cuarto de dicha Sentencia, mismo en el que se establece un plazo de doce meses, luego de la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución a los Congresos de esas entidades.
Así como la obligatoriedad de modificar Constituciones y leyes respectivas, “a efecto de que incorporen los puntos limítrofes de la frontera que ha sido reconocidas en esta sentencia”.
“(Dada la importancia ecológica de esta región) “…realizar dentro de los doce meses siguientes, todos los procesos y acciones pertinentes para establecer un programa de ordenamiento ecológico regional que abarque esta zona y fije criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales localizados”.
Piden la realización inmediata, con participación directa de las autoridades comunales y municipales chimas, así como de representantes de las Congregaciones comunales de la zona oriente, del brecheo y amojonamiento definitivo, de los puntos limítrofes que establece la Sentencia.
Y que el nuevo gobierno de Oaxaca exija ante el gobierno federal, que el Instituto Nacional Electoral (INE) readecúe -en función de los límites establecidos en la multicitada sentencia- el mapa de re-distritación del estado de Oaxaca, aprobado y publicado desde 2015 y, en consecuencia, realice una campaña de credencialización actualizada, entre la población de los núcleos agrarios de origen chiapaneco, ubicando su residencia en el estado de Oaxaca y en los municipios de Santa María y san Miguel Chimalapa.
Aunado a ello, para instrumentar la exigida solución agraria definitiva, en cuanto los 126 supuestos propietarios y nacionaleros privados, identificados plenamente por la Procuraduría Agraria, instrumentar a la brevedad d su desalojo pacífico y, en cuanto a los núcleos agrarios de origen chiapaneco, -la mayoría indígenas tsotsiles- a quienes con engaños y presiones se les reubicó en territorio comunal.
En materia Ecológica, exigen el reconocimiento y apoyo a la Reserva Ecológica Campesina de Los Chimalapas (REC) manejada y administrada por las propias comunidades, bajo criterios de ordenamientos ecológicos comunitarios y estatutos comunales, con brigadas de técnicos prácticos indígenas y con un consejo técnico consultivo asesor (y no al revés, como ocurre en las Áreas Naturales Protegidas impuestas).
Que, en vez de tirar dinero público en el polémico Programa “Sembrando Vida” se elabore, con participación directa de técnicos prácticos comunitarios, un Programa Especial de Restauración Ecológica, basado en técnicas agroforestales y silvopastoriles, para aplicarlo en las 50 mil hectáreas devastadas por los ganaderos invasores en la zona oriente de Los Chimalapas, así como en las zonas de las cabeceras, donde la ganadería extensiva ha provocado la deforestación de grandes extensiones de selva alta, selva mediana y selva baja.
Que, desde ya, se prepare e implemente, un Programa especial e integral, de prevención combate y control de incendios forestales, para la inminente temporada de sequía 2023, basado en la experiencia de las comunidades chimas, sobre todo en la zona oriente, donde es posible esperar incendios provocados intencionalmente por los intereses afectados con la Sentencia de la SCJN.
Y que se apoye a las comunidades chimas, para revivir las actividades de extracción y comercialización de resina de pino, suspendidas desde hace más de tres años
Finalmente, El Comité lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté tan mal asesorado, en cuanto a la problemática socio-ambiental y a la histórica lucha comunal de Los Chimalapas en defensa de su ancestral territorio y de sus invaluables bienes naturales (montañas, bosques, selvas, ríos)
Lo cual se refleja también, hoy día, tanto en Los Chimalapas, como en relación a todos los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec, considerados dentro del denominado “Corredor interoceánico”, macroproyecto prioritario de AMLO 4T, que constituye una grave amenaza, etnocida y ecocida, y un riesgo para la Soberanía Nacional.
Finalmente, piden el restablecimiento inmediato de la Mesa Interinstitucional Agraria Ambiental de Los Chimalapas, establecida en 2011 y que operó hasta principios 2013, del más alto nivel; presidida y coordinada por la SEGOB, y con participación directa de las autoridades comunales y municipales de San Miguel y Santa María Chimalapa, y de los secretarios auxiliares y agentes municipales de todas las Congregaciones de la Zona Oriente; del Comité Nacional, como red de la sociedad civil; de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, así como de las instancias federales directamente involucradas: en la problemática señalada: SRA; PA; SEMARNAT; PROFEPA; CNDH, entre otras.
Cabe mencionar que los días 8, 11 y 16 de noviembre del 2021, luego de 70 años de impune invasión de 160 mil hectáreas de la zona oriente del territorio comunal y municipal de Santa María y San Miguel Chimalapa, de parte de ilegítimos y depredadores intereses de empresas madereras, ganaderos, talamontes y neolatifundistas, todos ellos bajo cobertura de los sucesivos gobiernos chiapanecos (1947-2021) -con la abierta complicidad del gobierno federal y la omisión e indiferencia de los sucesivos gobiernos de Oaxaca- y luego de 9 años del juicio de Controversia Constitucional 121/2012, el pleno de la SCJN, aprobó por 10 votos a 1, la propuesta de Sentencia final e inatacable, propuesta por el Ministro ponente José Fernando Franco González-Salas, mismo que, conjuntamente con la exministra Olga Sánchez Cordero, revisaron y admitieron dicha Controversia, presentada -tras muchos avatares y gracias a presiones de Comunidades Chimas y de este Comité- por el Gobierno de Oaxaca, el 29 de noviembre de 2012 a las 23.40 hrs. (¡20 minutos antes de que se venciera el plazo constitucional de 30 días!)”.
Fue así que, la (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, al continuar con el análisis de la controversia constitucional 121/2012, promovida por el Estado de Oaxaca en contra del Estado de Chiapas, estableció los límites que deben regir entre ambas entidades federativas.
