Jaime GUERRERO
Luego de más de 12 años de haberse instalado en los corredores y portales del Palacio de Gobierno, bajo el amparo de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes de la etnia triqui de Copala, Juxtlahuaca, fueron desalojadas.
En todo momento se negaron al diálogo con la Secretaría General de Gobierno.
Los y las triquis que se habían apoderado de los corredores del palacio utilizaban esos espacios para la venta ilegal de productos que, entre los decomisados por las policías estatal y municipal, se encontró droga y alcohol adulterado.
El operativo inició poco después de las 01:00 horas y fue coordinado por el Gobierno del Estado, una vez que el gobernador Salomón Jara Cruz, y el ayuntamiento que preside Francisco Martínez Neri -del Partido Morena- tomaron la determinación conjunta para despejar esos espacios públicos.
Las arengas de inconformidad de vendedores ambulantes salieron a relucir y de inmediato se victimizaron y pidieron su retorno a San Juan Copala.
Pese a que personal del gobierno del municipio capitalino les leyó el acuerdo de cabildo para iniciar el retiro, mujeres con la vestimenta triqui se negaron es escuchar y recibir las notificaciones.
“Somos comerciales, somos desplazados! Mejor que venga el gobernador a platicar con nosotros, que venga Salomón Jara, el pueblo estuvo con él”, reclamaba una mujer, mientras que al costado del palacio, la chantajista “cautelada” Lorena Merino también se victimizaba y con lágrimas reclamó la acción.
“Les pedimos por favor se retiren, de lo contrario les vamos a decomisar la mercancía”, advirtió la directora de Comercio en Vía Pública del ayuntamiento, Bibiana García.
Vino entonces la advertencia a las personas triquis:
“En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Bando de Policía del municipio de Oaxaca de Juárez y en cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado por el ayuntamiento en sesión ordinaria del 20 de enero de 2022 y el acuerdo número 381 de fecha 10 de agosto de 2022 de la 65 Legislatura, relativo al exhorto que realiza al Congreso al presidente municipal, para implementar un programa de revisión de documentos de comercio en vía pública”.
“En virtud de no contar con permiso expedido por la autoridad municipal para ejercer actos de comercio y además estar en zonas prohibidas, según lo establece la normatividad en la materia, se solicita el retiro voluntario de su mercancía e implementos, apercibido de que en caso de no hacerlo en forma inmediata se procederá a su retiro y aseguramiento”.
“Alerta, alerta, alerta! ¡Alerta que camina, los desplazados por América Latina”, solo fue la respuesta y con ella la negativa de los triquis que por el origen de una disputa entre grupos de afines al MULT y MULTI se detonó el desplazamiento forzado y derivó en medidas cautelares de la CIDH que han sido utilizadas por las personas triquis para el lucro y chantaje.
Tras la advertencia, inició el desalojo y personal del gobierno municipal retiró la mercancía ilegal ahí encontrada.
La ropa y artesanías que expendían de forma ilegal fueron depositadas en camiones de volteos. Otras personas triquis que no opusieron tanta resistencia, optaron por llevarse su mercancía antes de ser decomisada.
En tanto, en un comunicado, el gobierno de Salomón Jara Cruz informó que de manera conjunta, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y el Gobierno del Estado de Oaxaca, realizaron este viernes acciones de verificación del comercio informal en la vía pública, con la finalidad de recuperar después de 12 años el Zócalo Capitalino y los Portales del Palacio de Gobierno, y con ello garantizar el derecho al libre tránsito de todas la personas.
“Esta acción se llevó a cabo después de haber agotado las instancias de diálogo, en las que se invitó al comercio irregular a retirarse de este espacio público, ofreciéndoles alternativas de reubicación para la comercialización de sus productos, además de atender y canalizar de manera efectiva las exigencias que originaron su llegada a este espacio y su permanencia”, plasma el documento.
Es importante resaltar que los cuerpos de seguridad pública que intervinieron no portaba ningún tipo de armas, de lo cual se dio fe pública, recalca.
Destaca que en la estrategia de recuperación intervinieron los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal en coordinación de los órganos autónomos como lo son la Fiscalía General del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el Sistema Estatal DIF, destacando que en todo momento se privilegió el diálogo, se garantizó el respeto de los derechos humanos y salvaguardó la integridad de las personas que ocupaban el espacio público, cumpliéndose los protocolos para la protección en especial de la niñez, mujeres y adultos mayores.
“Esta acción responde a una postura clara: los espacios públicos son de todas y todos, especialmente el Zócalo, que representa un escenario de encuentro familiar, cultural, social, político y de libre manifestación consagrado en nuestra Constitución”, asienta el comunicado del gobierno de Jara Cruz.
Reitera al Pueblo de Oaxaca su voluntad de trabajar en un marco de respeto a los derechos humanos, que privilegie la comunicación.
“Invitamos a todo el pueblo de Oaxaca a celebrar la recuperación de los espacios públicos”, cierra el comunicado.
⚠️‼️#Extra‼️⚠️
Desde 2013 la @OEA_oficial – @CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) negó a 135 personas #triquis de #Oaxaca ampliar “medidas cautelares” para exhortar al Estado Mexicano” para venta de artesanías en corredores de Palacio de Gobierno de #Oaxaca. pic.twitter.com/hEm3TH3bNU
— Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) December 2, 2022
