Mal mensaje manda gobierno de Salomón Jara al apostar por la impunidad y la violación a los derechos humanos en el caso de Claudia Uruchurtu

*Pesó más su influyentismo para proteger a la ex presidenta de Nochixtlán en el caso de desaparición forzada. *No le importó retar al presidente López Obrador y al gobierno del Reino Unido. *El caso de Claudia Uruchurtu se resolverá en los tribunales internacionales *El Poder Judicial de Oaxaca quedó ridiculizado y sometido al Ejecutivo

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Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El caso de la activista británico-mexicana Claudia Uruchurtu Cruz manchó el incipiente sexenio el gobernador Salomón Jara Cruz emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y dejó en claro que la “impunidad” será su carta de presentación.

Lo que por un momento fue calificado como un “hecho histórico” que servidores públicos fueran detenidos y sentenciados por el delito de desaparición forzada, finalmente, terminó como otro caso más de impunidad.

Y es que el “influyentismo” del gobernador Salomón Jara Cruz pesó más que el exhorto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y la amenaza del gobierno del Reino Unido de imponer sanciones económicas a México respecto al caso de la desaparición forzada y presunta ejecución extrajudicial de la defensora británico-mexicana Claudia Uruchurtu Cruz.

El poder Judicial de Oaxaca quedó en entredicho al favorecer a la ex edil emanada de las filas de Morena al consumar un acto “impunidad” y violatorio de los derechos humanos.

A unas horas de que Jara Cruz afirmó ser “un aliado de la justicia y un enemigo de la impunidad”, durante el informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, como una burla, se reclasificó el delito para que la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, protegida del actual gobernador, se le dictara una sentencia mínima.

“La Juez María Teresa Quevedo Sánchez como el presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez han sucumbido a otros intereses y han desvirtuado, una vez más, el significado de la justicia y la verdad”, afirmó la familia Uruchurtu Cruz al enterarse de la sentencia.

Su indignación es porque la jueza María Teresa Quevedo Sánchez del Tribunal de Enjuiciamiento de Huajuapan de León reclasificó el delito de la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, al pasar de ser la presunta autora intelectual de la desaparición forzada al de solo obstrucción en la búsqueda de Claudia Uruchurtu para sentenciarla únicamente a 4 años y 2 meses de cárcel.

Durante la audiencia realizada este jueves 15 de diciembre, Quevedo Sánchez llevó a cabo la lectura de las sentencias individualizadas para cuatro de los cinco implicados en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz.

Después de considerar los testimonios vertidos durante el juicio, la jueza determinó 60 años de cárcel para Juan Antonio Hernández Martínez, en su calidad de autor material, mientras que a Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita se le impuso una pena de 40 años de cárcel a cada uno en su calidad de participes de este crimen de lesa humanidad.

Sin embargo, la Jueza decidió reclasificar el delito a la ex edil Lizbeth Victoria Huerta y en lugar de considerarla partícipe de la desaparición forzada, la sentenció a 4 años y 2 meses de cárcel por obstrucción en la búsqueda de Claudia.

La familia adelantó que “seguiremos luchando a través de los recursos legales a los cuales tenemos derecho”.

E insistió que “para la familia la prioridad sigue siendo encontrar a Claudia. Seguiremos trabajando con las instituciones correspondientes. De igual forma, daremos seguimiento a las denuncias hechas por Claudia que han resultado en una serie de auditorías y sanciones consecuentes por la corrupción en la administración del municipio de Asunción Nochixtlán durante el periodo que Lizbeth Victoria Huerta fue presidenta municipal”.

“La mejor forma de mantener viva la lucha de Claudia es la continuidad de su labor, ahora todas somos defensoras de derechos humanos y vamos contra la corrupción e impunidad, todas somos ¡Claudia!”.

Luego de hacer una mención especial al presidente López Obrador y a las autoridades federales que han conocido del caso, advirtieron:

“¡Para los perpetradores, no impedirán que la lucha de Claudia termine, se ha sembrado una semilla y estamos seguras que habrán más Claudias, en Nochixtlán, Oaxaca y en el mundo!! ¡Hasta encontrarte Claudia! Familia Uruchurtu Cruz”.

TALÓN DE AQUILES

De acuerdo con los hechos asentados en la causa penal 203/2021, el 26 de marzo de 2021, la víctima Claudia Uruchurtu fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar.

Cómo resultado de las investigaciones, la Fiscalía de Oaxaca logró, en primera instancia, la aprehensión de Lizbeth Victoria Huerta y de Juan Antonio Hernández alias “El Centinela”, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Control, que determinó vincularlos a proceso el 13 de mayo de 2021.

Asimismo, en julio de 2021, se logró la aprehensión de Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, alias “El Colas”, quienes también fueron vinculados a proceso y ahora sentenciados.

Este caso se convirtió en el talón de Aquiles de Salomón Jara, quien defendió a su amiga alegando que fue víctima de una “venganza política” y presionó de diferentes formas para lograr su libertad.

Sin embargo, desde Palacio Nacional, López Obrador le mandó un mensaje para sacar las manos de ese caso.

En la conferencia matutina del pasado 30 de noviembre de 2022, López Obrador afirmó que “hay un caso que tiene que ver con justicia. Ahorita tenemos uno que nos preocupa bastante, de Oaxaca, que tiene que ver con la actuación de autoridades locales y de juzgados, de influyentismo, que no se quiere castigar a responsables de una violación de derechos humanos, y ahí estamos pendientes”.

“Todos los días se está luchando y se está haciendo exhorto a ministerios públicos, a jueces, a magistrados, inclusive a los ministros, de manera respetuosa se les está pidiendo que actúen con rectitud y que haya justicia, es nuestra lucha permanente”, añadió.

Horas antes de que el Poder Judicial de Oaxaca emitiera su sentencia, es decir, este 15 de diciembre, el Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, desde la mañanera, afirmó:

“Aquí se informó que hubo un fallo condenatorio contra diversas personas entre ellas la alcaldesa de Nochixtlán Lizbeth N., la jueza condenó a estas cuatro personas al delito de desaparición forzada. Solamente estaba pendiente la audiencia de individualización de la sanción que se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre”.

“Sin embargo, en la audiencia se advirtió que la jueza pretendía que el ministerio público señalara pena para otro delito no para la desaparición forzada sino para el delito de desaparición de personas, aquí hay una diferencia sustantiva porque para el delito de desaparición forzada que es por la que se realiza la condena la pena va de 40 a 60 años de prisión y el otro delito es de 2 a 7 años de prisión.

Y agregó: “Este caso lo exhibimos porque es un caso que generó mucha indignación y además esta probado y sentenciadas las personas como responsables. Entonces aquí el punto es que la jueza no vaya a cambiar el fallo que ella determinó. Seria un caso de impunidad. Y se recurría a otras instancias si fuera el caso”, advirtió.

A pesar de las tempestades que fueron sembrando fuerzas políticas en la desaparición forzada y presunta ejecución extrajudicial de Uruchurtu Cruz, tres de los perpetradores recibieron penas máximas, excepto la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien fue protegida por el actual gobernador.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Parlamento Británico intervinieron para evitar que se cometiera una injusticia, finalmente se protegió a la presunta autora intelectual.

Apenas el 7 de diciembre, la familia Uruchurtu Cruz calificó de histórico el fallo de la juez:

“Son 18 meses sin Claudia. Hoy siete de diciembre de 2022 por primera vez en Oaxaca se logra una sentencia condenatoria en contra de ex servidores públicos por el crimen de desaparición forzada de nuestra hermana Claudia. Hoy siete de diciembre del 22 es un día que marca el final de la impunidad absoluta en materia de desaparición forzada en México. No es un día de celebración, es mas bien un día donde se abre un nuevo capítulo de esperanza para las mas de 106 mil familias que siguen luchando por el acceso a la justicia y a la verdad y por encontrar a sus desaparecidos”.

Ocho días después, por presiones políticas, se reclasificaría el delito para la ex presidenta municipal, protegida del gobernador, sin importarle pasar por encima del presidente López Obrador y que el Reino Unido pueda imponer sanciones económicas a México.

Cabe mencionar que en fechas recientes un comisión parlamentaria del Reino Unido realizó una visita a Oaxaca y su parlamento amagó con imponer sanciones económicas a México si no se respetaban los derechos humanos.

Desde el Parlamento Británico plantearon que se apliquen sanciones económicas a México donde “hay una epidemia de feminicidios y corrupción” como es el caso de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de la activista británico-mexicana, Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida el 26 de marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

Durante una sesión de trabajo realizada el pasado 14 de noviembre en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, la diputada Alicia Kearns, planteó se apliquen sanciones económicas a México como una “medida histórica” para mejorar los derechos humanos.

En el Parlamento británico abordan el caso Uruchurtu.

La coordinadora del Comité de Asuntos Exteriores y del Comité Conjunto de Seguridad Nacional del Parlamento Británico, Alicia Kearns le preguntó al ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly, si habrá sanciones para México debido a su mal record respecto de derechos humanos y en particular sobre el caso de Claudia Uruchurtu.

En un video de un minuto y 44 segundos se observa que en la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados Británica, Alicia Kearns, sostiene: “Antes de regresar a China sobre ese caso exacto (Claudia Uruchurtu), estamos analizando las sanciones de derechos humanos.

“Hay una epidemia de feminicidios y corrupción en México y esta es la clave para poder usar sanciones. Sé que no comentará si usaríamos las sanciones en casos específicos, pero sí quiero plantear el caso de Claudia Uruchurtu, sus hermanas (Sara y Elizabeth) son ciudadanas británicas”.

RAZONES POR LA QUE DESAPARECIERON A CLAUDIA

Entre abril 2019 y marzo de 2021 Claudia documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También la simulación de un proceso de contraloría ciudadana entre otras irregularidades.

En ese periodo, Claudia envió misivas a funcionarios de los tres niveles de gobierno alentando sobre la situación y solicitando apoyo para investigar y detener los posibles actos de corrupción en su pueblo, ubicado en la Mixteca Oaxaqueña.

Después de agotar varias vías y ante la insistencia y evidencias reunidas por Claudia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) determino procedente iniciar en noviembre 2019 una auditoria por situación excepcional al municipio de Asunción Nochixtlán, y así se lo notifico a Claudia en enero de 2020. A esta auditoria se le asigno el numero OA/AECSEM/002/2019.

Meses después, cuando Claudia solicito a través de transparencia información con los avances de dicha auditoria, el OSFE le respondió que declaraba la información bajo “reserva” durante cinco años.

El 5 de mayo de 2021, el OSFEO dio a conocer que detectó irregularidades por 8 millones 795 mil 285 pesos en la administración de Victoria Huerta, cantidad que no pudo comprobar ante el Organismo.

Medio año después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades al investigar los recursos federales asignados a Nochixtlán durante el ejercicio fiscal 2020. Según la ASF el municipio no disponía de un adecuado sistema de control interno y administración de riesgos, y obtuvo 0 de100 puntos en la evaluación practicada en ese sentido. Por lo cuál emitió la recomendación 2020-D-20006-19-1104-01-001.

Además, la Auditoría dictaminó que “el municipio excedió los recursos disponibles, debido a que se reportaron erogaciones financiadas con otras fuentes de financiamiento”. Finalmente, la auditoría determinó que el municipio de Nochixtlán no pudo comprobar ni justificar el ejercicio de 270 mil 603 pesos por el pago de servicios personales, que no se ajustaron a lo establecido en los contratos revisados.

Derivado de esto, la Auditoría Superior de la Federación concluyó, entre otras cosas, que “en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca”.

La activista a través de su cuenta de Facebook Claus Uruchurtu subió fotografías y documentos donde exhibe a la entonces presidenta municipal de “robar”, de entregar estados de cuenta de 80 mil pesos de gasolina al mes, la compra de camionetas (dos honda), un KIA, una audi, un Versa, comidas de 90 mil pesos…

También el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca inició una investigación contra la presidenta de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta por el reparto de despensas con fines electoral en medio de la pandemia causada por el covid-19.

Mediante el oficio CQDPCE/025/2020 de fecha 15 de abril del 2020, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEPCO requirió a la Presidenta de ese municipio un informevdetallado sobre la entrega de esas despensas.

En sus redes sociales, Claudia difundió que la presidenta tenía en su haber 10 denuncias en su contra y que el 24 de diciembre de 2021 tomó la caseta de cobro de Huitzo, lo cual es un delito federal, donde intimidó a la Guardia Nacional.