Tortura: la impunidad en la justicia de Chihuahua

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Relatos de víctimas exhiben las entrañas de los tratos inhumanos o degradantes a los que fueron sometidos por agentes estatales

En 12 años, la tortura ha dejado 2 mil 422 víctimas en Chihuahua, la mayoría de ellas acusan a elementos de la Fiscalía de Chihuahua, instancia que a la fecha no ha logrado la sentencia de ninguno de sus agentes por este delito

Por Marco Antonio López / La Verdad

En Chihuahua, ningún agente de la Fiscalía General del Estado ha sido sentenciado por tortura a pesar de ser la instancia más denunciada y, a la vez, la encargada de investigar este delito.

Tan solo en Ciudad Juárez se iniciaron investigaciones contra 216 elementos de la Fiscalía General del Estado en ese periodo de tiempo. Ninguna ha concluido. En esta instancia laboran entre 280 y 300 agentes ministeriales, de acuerdo con el fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.

Desde 2010 se iniciaron en el estado 1,715 carpetas de investigación por el delito de tortura. De esas, en 872 casos se señala como responsable a un empleado estatal. Le siguen de cerca con 814 carpetas las diversas instancias municipales, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua recibidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En Ciudad Juárez se abrieron en los últimos doce años 1,153 carpetas de investigación por el delito de tortura: 469 contra empleados estatales y 663 contra empleados municipales. En la ciudad sólo existen cinco sentencias por este delito; todas ellas contra agentes municipales.

La instancia encargada de investigar es la Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Interna de Control para el caso de los agentes adscritos a la misma Fiscalía y la Unidad de Delitos contra la Paz para el caso de agentes municipales, federales o particulares

La aplicación de la tortura es una trampa del sistema de procuración de justicia, una falla en la democracia y un atentado contra la dignidad humana y la sociedad en general, de acuerdo con activistas, derechohumanistas, abogados y especialistas.

“Es un sistema de fraude de justicia, todo lo que se estructura alrededor de la tortura. Si las instancias de administración de justicia utilizan la tortura están quebrando un pacto esencial democrático, que es que las autoridades procuren que las personas gocen de igualdad de derechos. Entonces ahí lo que hay es una trampa”, dice al respecto Ángel Salvador Ferrer, oficial de prevención de la tortura de la asociación civil Documenta, que desde la Ciudad de México incide en el país para construir un sistema de justicia apegado a los derechos humanos.

“Cómo puede ser que existan tantos casos de tortura que cumplen con tantos patrones, lo primero que nos lleva a decir es que no son hechos aislados. Vemos que hay unas estructuras de poder que utilizan de forma muy ventajista la tortura y eso no lo pueden hacer las autoridades digamos razas, primeros respondientes, no es que todos los policías de investigación se pongan de acuerdo para decir ‘ahora vamos a torturar a todo el mundo de la misma forma y vamos a proceder igualmente’, eso no ocurre así, entonces a qué responde, pues a estas cadenas de mando donde más arriba suele haber alguna autoridad que dirige alguna instancia o corporación que utiliza con un fin político muy claro la tortura”, menciona.

De acuerdo con el especialista hay un primer actor que comete la tortura directamente al infligir dolor y sufrimiento a un detenido. Pero es importante ver esta violencia con una perspectiva más amplia, dice, ya que hay personas más arriba que instigan para que esto ocurra.

 

“Podemos investigar la tortura con la óptica más corta, una óptica miope en la que decimos aquí hay un caso de tortura y el policia este es el torturador. Pero si quieres analizar el problema de una forma más general tienes que ir un poquito más arriba, hacer un mapa contextual que te va señalando estructuras más elevadas. El problema es que al exhibir esto públicamente el riesgo es mayor”, agrega.

 

“La autoridad siempre te va a decir que va en la persecución de un delito y que va buscando a presuntos culpables, pero lamentablemente no se hace un trabajo de investigación y la intención de las detenciones que a veces se hacen de manera arbitraria es precisamente para ellos facilitarse el trabajo y sin un trabajo previo de investigación se van a un interrogatorio para la fabricación de culpables”, de acuerdo con Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), desde donde acompañan legalmente casos de víctimas de tortura en Ciudad Juárez.

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