Minería canadiense en México: ¿Quién se ha beneficiado de la relación bilateral?

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Minería canadiense en México: ¿Quién se ha beneficiado de la relación bilateral?

Llama la Colectiva Cambiémosla Ya a frenar el saqueo de empresas mineras, en particular las canadienses, que se han beneficiado del marco legal vigente en México, dejando graves daños en las regiones donde operan.

A partir de los años 1990, la minería en México se expandió aceleradamente. Entre 1990 y 2018, la Secretaría de Economía entregó 46,048 concesiones mineras, y hasta 2019 operaban 1,531 proyectos en el país. Estas concesiones abarcan una extensión similar a la del estado de Chihuahua.

La Ley Minera, publicada en 1992, en la antesala de la firma del TLCAN, dio enormes facilidades y privilegios a las mineras. Entre ellas, la operación sin restricción de empresas trasnacionales, entre las que destaca la presencia de corporaciones canadienses: de las 238 mineras que operan en el país, 151 son canadienses.

Esta nueva etapa de la minería en el país se caracteriza por la preponderancia de la extracción del oro y la plata, que se lleva a cabo en el 70% de las minas que operan en el país, 68% de las cuales son propiedad de corporaciones canadienses1. La mayor parte de estos proyectos mineros son tajos a “cielo abierto”, prohibidos en los llamados países desarrollados, pues generan deforestación, intensa sobreexplotación y contaminación del agua, así como del suelo y el aire, debido al uso de arsénico, cianuro, plomo, cadmio, sulfato de cobre e incluso mercurio.

Estos proyectos generan destrucción ambiental irreversible, dañan las economías locales y causan problemas de salud muy graves como daños dermatológicos y renales, distintos tipos de cáncer, afectaciones neurológicas y alteraciones en el desarrollo en niños, en especial los que van a nacer.

Esta destrucción se genera en zonas cuyos habitantes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, quienes lejos de mejorar su situación económica y su calidad de vida, como reza el discurso empresarial que promueve la minería como motor del desarrollo, han visto cómo se profundiza su desigualdad y se generan problemas adicionales, entre ellos la ruptura del tejido social y los desplazamientos forzados. En los 10 municipios mexicanos con la mayor producción de oro y plata los niveles de pobreza y pobreza extrema son mayores que los del promedio del país. A ello se suma la violencia que se ha extendido en muchas regiones mineras y los asesinatos de defensores ambientales, presentes en regiones como Mazapil, Zac., y Valles Centrales, Oax., entre otros, donde las mineras canadienses han impuesto condiciones de terror.

Las mineras canadienses en México se “especializan” en la extracción de oro; diversos especialistas han estimado que, durante los pasados 20 años, se ha extraído de México cinco veces más oro que el que se extrajo durante los 300 años del periodo colonial.

Más que ningún otro país, Canadá se ha beneficiado de la aurificación de la minería en el país. Las enormes ganancias de esta explotación no se reportan cabalmente a las autoridades mexicanas y contrastan con su ínfima contribución al bien público: escasos empleos y reducidos impuestos. Por ejemplo, en el año 2019, los ingresos fiscales de la extracción de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas el 0.13% de la recaudación total del gobierno federal por actividad económica; para 2020 la minería aportó 0.32%; para 2021 0.97%. A pesar de lo reducido de estas contribuciones, en 2020 y 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a realizar llamados a las autoridades canadienses para solicitar el pago de impuestos de algunas empresas mineras que operan en el país que se niegan a cumplir con sus obligaciones fiscales.

México, el país más laxo en materia de minería

Con la Ley Minera aprobada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y vigente hasta hoy, México pasó a ser uno de los países del mundo con mayores facilidades para la extracción de minerales sin dejar beneficios para el pueblo mexicano. La minería fue definida como actividad de “interés público” y “preferente” sobre cualquier otra actividad, por encima de la agricultura orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, o la conservación de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos indispensables, como la captación y preservación de la calidad del agua, la regulación del clima y la protección del suelo.

Dicha Ley dio la posibilidad a los titulares de concesiones de operar hasta por 100 años en los territorios concesionados y permitió la especulación financiera con las concesiones, es decir; la especulación con los bienes públicos de México. Esta ley concede además acceso casi irrestricto al agua, relegando las necesidades de las poblaciones y violando derechos humanos, derechos de pueblos y comunidades indígenas y derechos de los núcleos agrarios, las concesiones se han concedido en: territorios indígenas, ejidales y comunitarios; sitios arqueológicos, Áreas Naturales Protegidas e incluso en el mar.

Cabe reconocer que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han otorgado nuevas concesiones mineras, aunque la presión de las corporaciones, que en el caso de las canadienses han sido activamente impulsadas desde la embajada de su país, no se ha dejado de sentir. No obstante, nuevos proyectos mineros han empezado en estos años, al cobijo de una ley contraria a los intereses reales del pueblo de México. Aún en el contexto de las presiones contra las decisiones autónomas de los países que derivan de la economía globalizada, el alto a la destrucción y al despojo que genera la minería en la actualidad es un factor fundamental de la transformación del país.

Llamamos a las autoridades a aprovechar la reunión con los mandatarios de EU y Canadá para subrayar que las condiciones en las que se lleva a cabo actualmente la minería deben modificarse, para poner en el centro la protección de los derechos humanos, la naturaleza y las finanzas del país.

#CambiémoslaYa reúne a pueblos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio que buscan reformas profundas en la Ley Minera. Más información en: www.cambiemoslaya.org.mx y en asisevelamineria.org.mx.

Contacto para medios y entrevistas: Cecilia Navarro: 555454 0678 y cecilianavarro@ccmss.org.mx.