Acusan que es una obra llena de irregularidades, conflictos y corrupción.
Diana Manzo
El Espinal, Oax.- “A nosotros como espinaleños nadie nos consultó, la obra llegó y las autoridades locales decidieron renovar la unidad deportiva municipal bajo el argumento de obras sociales, pero en realidad es una obra impuesta por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), explica Gisela Gómez Nolasco, presidenta del Comité de Contraloría Social creado en agosto de 2022.
Gisela, originaria de El Espinal, Oaxaca, quien realiza trabajo comunitario con su iniciativa “Fuerza Istmo Colectivo”creado a raíz de los pasados sismos del 2017, recuerda que ese día salió a realizar sus ejercicios cuando observó que estaban reunidos un grupo de personas, y se enteró que un día anterior habían publicado la Convocatoria Pública para formar parte del Comité de Contraloría Social de una obra federal y que ese día era la elección.
“Me sorprendió que no hubiera publicidad, ni una convocatoria para formar dicho comité, y que haya sido de un día para otro”.
Gisela decidió participar. Sedatu solicitó a los interesados en elegir a su presidente, por lo que se propuso y por votación pública quedó como Presidenta del Comité.
El Comité de Contraloría se convirtió en vigilante del cumplimiento de la obra, pero su presencia al exigir información comenzó a incomodar a los encargados de la obra.
Junto con los integrantes de su comité, realizaron la inspección ocular del sitio de manera oficial el 5 septiembre, y por única ocasión firmó una minuta, después de esa fecha se le ha negado la visita oficial, y ha tenido solo visitas de seguimiento –14 de septiembre, 28 de octubre, 12 de noviembre, 10 diciembre- sin firmar minutas, pues los responsables de Sedatu nunca han estado presentes.
Después de esas visitas, Gisela, abogada de profesión, y los integrantes del Comité informaron vía escrito a Sedatu de las anomalías detectadas, además le exigieron una reunión, información de la obra, pero no hubo respuesta.
“Ví con mucha tristeza varillas oxidadas que estaban usando, 55 árboles muertos que habían sido plantados por los usuarios del deportivo años anteriores, poco avance de la obra al mes de septiembre, 9 meses después de haberse iniciado la obra, no habían ni siquiera trabajado los dos campos de futbol, las gradas en malas condiciones no habían sido demolidas sino resanadas, todo esto lo incluí en nuestra bitácora”.
También cuenta la abogada que observaron la construcción de una barda junto al borde del Río de los Perros, sin que tuviera precaución.
Las fotografías que mostró como prueba dan cuenta de varillas oxidadas, una barda derribada sin que fuera necesario, también la destrucción de un gimnasio que se encontraba en óptimas condiciones y en reiteradas ocasiones se pidió no derribar por los deportistas y vecinos, y que finalmente sí ocurrió, sin mediar un estudio o diagnóstico sobre la resistencia del material, su idoneidad para permanecer o ser destruido.
La obra está a cargo de la empresa Constructora LAP, S.A. de C.V., por la cantidad de $54,201,935.51 como parte de los apoyos que realiza la SEDATU a municipios del Istmo de Tehuantepec, quienes integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La falta de transparencia y la nula atención de los contratistas de la obra, de la propia autoridad local y federal en dotar de información y atender las observaciones del Comité de Contraloría Social obligó a Gisela a buscar otras alternativas.
“Solicité datos, informes y todo lo relacionado a la obra desde la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del INAI y también realicé denuncias a las dependencias como la Procuraduría de Protección Ambiental (PROFEPA) y lo peor es que nada ha pasado”, señaló.
De acuerdo con datos oficiales proporcionados por el INAI, la obra lleva un porcentaje de avance financiero del 90% sin que en la realidad se detecte físicamente que el avance corresponde a ese porcentaje, puesto que el Comité de Contraloría Social observa un escaso avance de un 60% a finales del mes de Enero 2023, faltando en la obra aún por terminarse la pista de atletismo de tartán, los nuevos pisos de las dos canchas de basketball, inclusive falta el techo del nuevo gimnasio, y la nueva barda oriente que está por colapsarse.
Además el Comité también se ha reunido con deportistas y ha solicitado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) información.
“El 12 de Diciembre del 2022 presenté escrito ante CONAGUA para que nos informaran si la parte Sur del Deportivo, que contempla una cancha de futbol profesional, una pista de atletismo con Tartán, una Barda de malla ciclón, es o forma parte de la Zona Federal del Cauce del Río de los Perros, porque la intención es saber si hay permisos o concesiones para desarrollar un proyecto como lo es esta obra de remodelación, además de saber si hay riesgo humano por la parte sur del deportivo, pero hasta el momento no hay respuesta de ninguna dependencia” dijo.
Al día siguiente y hasta el 4 de enero, se presentaron diversos conflictos laborales entre la empresa Constructora LAP y trabajadores, quienes realizaron un paro de labores el día 29 de Diciembre del 2022, y para el 4 de enero, en reunión en sala de cabildo y por instancia del presidente municipal, y tras presiones, los trabajadores renunciaron a sus derechos laborales, con un mínimo pago de indemnización.
“Todas estas irregularidades y corrupción, SEDATU lo sabe, la autoridad local a cargo de Joselito Valencia también, además ha creado conflictos internos, realmente es una situación tensa y preocupante, porque finalmente la obra no la pedimos nosotros, nos la impusieron, ha creado conflictos y nadie se hace responsable”.
El jueves 26 de enero, Gisela en representación del Comité presentó un Amparo Federal contra PROFEPA y CONAGUA con el acompañamiento de la Defensoría Pública Federal para hacer menos costosa la representación legal, puesto que el Comité no obtiene ningún pago por esta labor social.
“Los gastos han sido de mis propios recursos, todo sea para destapar esta corrupción que hemos encontrado a raíz de las solicitudes de transparencia, he solventado los gastos de los trámites realizados, las idas a ciudad de Oaxaca para presentar los escritos antes esas 2 instituciones, las idas a Salina Cruz a Defensoría Pública, todas las copias, escaneos, transporte, viáticos, mi colectivo y las ventas que hacemos en línea y con amistades es lo que nos ha ayudado”, señala.
Pero esto no es todo, Gisela ha solicitado más documentos, y en esta primera semana de febrero, el INAI le brindó nueva información.
En el documento público que tiene como testigo, señala que del 4 de febrero al 26 de agosto del 2022, la Constructora LAP había recibido de SEDATU la cantidad de $33,040,303.83 (Treinta y Tres Millones, Cuarenta Mil Trescientos Tres pesos 83/100 M.N.)
El Comité de Contraloría Social fue constituido el 24 de agosto del 2022, y no como debía de ser; desde enero del 2022 pasaron 9 meses para que la Contraloría supervisara la obra.
“Esta situación lo reportamos al delegado de Sedatu en Oaxaca, pero nos dijeron que no hay lineamientos actualizados previo a esa fecha, y según por eso no nos constituyeron, la cual es falso, y ya consultando con función pública nos informaron que la Contraloría se sujetaba a lineamientos pasados del 2016, es decir seguían vigentes los lineamientos pasados y podían constituirnos desde enero 2022”, agregó.
Gisela y los integrantes del Comité se enteraron que tuvieron que pasar tres meses, hasta el 23 de marzo del 2022, cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informó que la Constructora LAP que “no requiere previamente de la autorización en materia ambiental.
Pero en el mismo documento informó que:
“Sin embargo, si existe alguna omisión a la actividad propuesta, que cause desequilibrio ecológico o rebase los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el medio ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, se procederá conforme a la normatividad ambiental establecida para tal efecto”.
Los integrantes del Comité recalcaron que les niegan el acceso y les ponen muchas trabas para ingresar y supervisar la obra, y el delegado de Sedatu en Oaxaca, Abelardo Mendoza Sánchez, solicitó que sea el enlace municipal quien pida el acceso, cuando el manual operativo ni el convenio específico de colaboración entre Sedatu y municipio de El Espinal indica que si se puede.
Molesta y decepcionada por las irregularidades, corrupción y abuso de autoridad, Gisela recalcó que desafortunadamente la obra de Sedatu trajo conflictos internos, y eso ocurrió por la falta de consulta y transparencia de funcionarios y de la propia autoridad local.
“Creemos que hay mucha corrupción, irregularidades y hasta conflictos internos por la obra, hacemos un llamado urgente a SEDATU a inspeccionar su obra y atender nuestras solicitudes”, declaró.
Al igual lamentó que el daño ambiental sea irreparable, pues los 55 árboles derribados no han sido sembrados y tampoco hay una autoridad que supervise.
“El daño medio ambiental es tangible, un hecho notorio, existe riesgo a la vida, a la salud y a la seguridad para la población beneficiaria si no hay una correcta implementación del programa, no podemos ser ajenos a esta realidad, es urgente que tengamos mesas de trabajo con los diversos actores que intervienen, como beneficiarios, ejecutores, autoridades responsable, el Comité, y técnicos especializados, en sí, un trabajo multidisciplinario”, enfatizó.
La esperanza del comité es que exista una respuesta de Sedatu, tanto federal como estatal, porque hasta el momento se les ha negado información y acceso en una obra que es pública y que supuestamente beneficia a toda la comunidad espinaleña.
Apenas el sábado, a través de sus redes sociales, la autoridad local que preside Joselito Valencia, informó que hubo una inspección de la obra sin dar mayores detalles de costos ni infraestructura.
De acuerdo con Sedatu, dicha obra pretendía entregarse en este mes de febrero; sin embargo, no concluirá porque apenas abarca un 60 por ciento.
