Al Grano: Cáncer y muerte por plaguicidas: mayor probabilidad en Argentina

Emmanuel González-Ortega.

Se siembran cultivos genéticamente modificados (o transgénicos) desde hace aproximadamente 30 años en algunos países del mundo. Dichos cultivos fueron modificados mediante ingeniería genética para introducirles principalmente dos rasgos que no tienen los cultivos convencionales: la tolerancia a herbicidas como glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D, o Dicamba; y la resistencia a insectos (mediante la expresión de proteínas de origen bacteriano con capacidad insecticida). También se han generado variedades transgénicas que contienen ambos rasgos. Progresivamente, los productos de dichos cultivos transgénicos (soya, maíz, algodón, canola y ahora, trigo) inundaron las cadenas agroindustriales de muchos países (occidentales, principalmente) a través del control que las empresas alimentarias fueron generando, sin considerar los impactos ambientales por dicho modelo de producción, como la erosión genética de la diversidad agrobiológica, ni la salud de la población humana.

Aproximadamente el 78% de los cultivos transgénicos se siembran sólo en tres países: Estados Unidos, Brasil y Argentina, y aunque se promocionó que un beneficio de los cultivos transgénicos sería una disminución en el uso de plaguicidas con el consecuente aumento en los rendimientos agrícolas, se ha demostrado que los cultivos transgénicos ni disminuyen el uso de herbicidas, ni aumentan los rendimientos en comparación con la agricultura convencional. En contraste, se han evidenciado daños al ambiente: acumulación de químicos en aguas y suelos, pérdida de la fertilidad en los suelos, afectaciones al microambiente de las raíces de las plantas; alteraciones genéticas, metabólicas, neurológicas y fisiológicas de especies que no son blanco de los plaguicidas, y daños a la salud humana.

Una investigación publicada en la revista científica internacional “Epidemiología Clínica y Salud Global”, presentó los resultados del trabajo de campo realizado durante 9 años por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, que consistió en el levantamiento de encuestas por parte de estudiantes del último año de medicina -como parte del examen final de la carrera- en pueblos pequeños, menores de 10,000 habitantes, para conocer el estado de salud de la población y su relación con los agroquímicos aplicados por la actividad agrícola transgénica industrial. Para dicho estudio se eligieron 8 comunidades dedicadas al agronegocio en la provincia de Santa Fe, dichos pueblos se encuentran entre 0 y 400 metros de distancia de campos de cultivo. Las Pampas es una de las regiones argentinas en la que, desde mediados de la década de 1990, se implementó el modelo agrícola basado en cultivos genéticamente modificados (principalmente soya transgénica), acompañados del uso intensivo de agroquímicos, tales como el herbicida glifosato, que fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para humanos. En la región de Las Pampas se produce el 85% de los cultivos principales: maíz y soya de Argentina, que se destinan mayormente a la exportación para la alimentación de cerdos. Se tienen datos de que se aplican anualmente, para cada cultivo, 7.1, 5.4 y 2.8 kilogramos por hectárea, respectivamente, de pesticidas agrícolas (herbicidas, fungicidas, insecticidas), que en total equivalen a aproximadamente 138 millones de kilogramos de pesticidas aplicados a los alimentos cada año, cantidad mucho mayor a la empleada en Europa o aún en los Estados Unidos.

Durante el tiempo que se realizaron los campamentos sanitarios de la Facultad de Medicina, se entrevistaron 27,644 personas (casi el 70% de la población) de los ocho pueblos elegidos para el estudio. Comúnmente, los agroquímicos aplicados no se quedan solo en el cultivo: estudios previos han comprobado la presencia de pesticidas en los suelos, en los mantos freáticos, en lagos, en la lluvia cerca de asentamientos urbanos, en las mismas comunidades urbanas e incluso en escuelas rurales. Se han documentado afectaciones a nivel genético en niñas y niños que viven en pueblos fumigados con agroquímicos en la región de Las Pampas. Además, se han detectado plaguicidas en la placenta de mujeres embarazadas y, aun así, no se han realizado investigaciones más amplias por parte de los órganos gubernamentales encargados de la salud de la población.

Para determinar las afectaciones del modelo agrícola en las comunidades, la encuesta realizada por los miembros del Instituto de Salud Socioambiental incluía preguntas tales como: ¿Alguien de la casa ha padecido un tumor o algún tipo de cáncer en los últimos 15 años?, ¿Algún miembro del hogar ha muerto en los últimos 15 años? Las respuestas obtenidas se compararon con los valores existentes para el resto de la población argentina en general.

Los resultados confirmaron la relación entre el modelo agrícola transgénico que usa plaguicidas de manera desmedida y la probabilidad de desarrollar cáncer: las personas jóvenes (entre 15 y 44 años de edad) tienen 2.5 veces mayor probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer (colon, pulmón, útero, mama, laringe, riñón, hígado, melanoma, cerebro, de tiroides) y morir por ello, en comparación con personas que viven en zonas donde no se aplican agroquímicos. Muy grave: las mujeres que viven en alguno de los 8 pueblos bajo estudio tuvieron hasta 66% más probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer durante el año previo inmediato, en comparación con el resto de la población argentina. Aunque es complejo explicar la razón por la cual se presentan los tipos de cáncer específicos en los pueblos de Argentina bajo estudio, se sabe que algunos plaguicidas están específicamente relacionados con ciertas enfermedades: se ha asociado al glifosato con el linfoma tipo No-Hodgkin; el cáncer de pulmón con el herbicida conocido como 2,4-D; la atrazina con cáncer de ovario o leucemia. Desde la toxicología, la epidemiología y la sociología clínica existen ya muchas evidencias de que los agroquímicos son altamente peligrosos. Además, debe considerarse que en la agricultura se utilizan combinaciones de sustancias plaguicidas que podrían producir impactos tóxicos en la salud que sean mutuamente aditivos o sinérgicos y que pueden derivar en la muerte. En el periodo de 9 años que duró el estudio en los pueblos argentinos, se contabilizaron 49 muertes de mujeres por cada 100 mil habitantes, mientras que la media argentina son 20 por cada 100 mil.

La investigación sanitaria, coordinada por el Dr. Damián Verseñazzi, confirma lo que han dicho, padecido y denunciado desde hace 20 años colectivos de habitantes de pueblos fumigados (por ejemplo, la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, Madres de Ituzaingó, el Colectivo Paren de Fumigar, la Coordinadora Basta es Basta, el Encuentro de Pueblos Fumigados): el modelo de agricultura transgénico y el uso inconsciente de plaguicidas, mata.

De manera lamentable, la continuidad de estudios como este, que involucran a las y los estudiantes y científicos comprometidos en el diagnóstico y solución de problemas que afectan a la sociedad, están bajo amenaza: actualmente el Dr. Verseñazzi ha sido separado de la cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y se han suspendido de manera indeterminada los campamentos sanitarios en los pueblos fumigados. Como antecedente directo, en noviembre de 2016, la oficina de la Facultad de Medicina que almacenaba más de 96 mil historiales clínicos, recabados durante los campamentos sanitarios en los pueblos fumigados, fue clausurada, imposibilitando el acceso y bajo peligro de pérdida de la información. Esto ocurrió mientras el médico Verseñazzi se encontraba en los Países Bajos, en el juicio ciudadano internacional a la compañía biotecnológica Monsanto, por la comercialización del herbicida glifosato y los daños a la salud y al ambiente que ha provocado desde hace décadas. Repetidamente se ha señalado la responsabilidad de los intereses empresariales de la agricultura transgénica argentina, junto con las autoridades universitarias, en la censura y boicot al trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.

Es muy urgente y necesario que iniciativas académicas como esta, que generan información crítica para los pueblos cuenten con el apoyo y reconocimiento de la sociedad, todo en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Los estudios científicos críticos que se han ido acumulando sobre la toxicidad de los insumos químicos asociados al modelo industrial de agricultura deben ser tomados en cuenta por los países, sin importar en qué región se realizaron, esto en el sentido de proteger la salud de la población y la riqueza biocultural de los territorios, sobre el comercio o la economía.