Texto: Diana Manzo / Fotos: Red de Intérpretes
Oaxaca, Oax.- Ofelia Martínez, joven intérprete zapoteca de San Pedro Quiatoni, Oaxaca, e integrante de la Red de intérpretes y Promotores Culturales, presentó un amparo al Congreso de Oaxaca que le obliga a crear una Ley Estatal de Intérpretes y Traductores.
Ello ante la brecha de desigualdad que viven por la falta de reconocimiento a su profesionalización, seguridad y pagos.
La joven, quien además cuenta con una certificación por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, declaró a través de un comunicado que desafortunadamente las instancias y dependencias en Oaxaca no valoran ni reconocen esta profesión.
La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales es una asociación civil interdisciplinaria formada por 120 jóvenes indígenas, tanto estudiantado como quienes han egresado de distintas áreas del conocimiento (ciencias sociales, médicas, jurídicas e ingenierías) que se formaron en el 2018 ante la carencia de intérpretes de lenguas indígenas para las personas privadas de libertad en Oaxaca.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Red de Intérpretes y Promotores Culturales, en Oaxaca existen más de 1080 personas indígenas privadas de libertad, según datos del sistema penitenciario estatal.
Según diversos estudios realizados por organizaciones sociales, el 60% de esa población no ha contado con un intérprete en su lengua durante su proceso judicial.
Además, la falta de intérpretes provoca la dilación de expedientes de las personas indígenas, lo cual es una violación constante a sus derechos humanos.
“Las personas indígenas no puedan comunicarse con las autoridades judiciales o penitenciarias y con ello no existen mecanismos para la traducción de sus derechos mientras se encuentran en reclusión.
“Ante lo cual se convierten en víctimas de actos de discriminación e incluso tortura en los centros de reinserción social del estado”, expuso Eduardo Marguth, un joven zapoteca originario de Santiago Matatlán, quiént ha impulsado el reconocimiento a esta profesión poco valorada en Oaxaca.
Y es que el panorama para las y los intérpretes en Oaxaca es desolador: no existen mecanismos institucionales para la formación integral de intérpretes en lenguas indígenas, existe una fragmentación institucional en cuanto a los pagos, los cuales no son dignos.
“Te piden que seas intérprete, el Tribunal te paga 400 pesos, pero te los paga 5 o 6 meses después de brindar tu servicio, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas lo mismo, te paga después de que brindes el servicio y tienes que poner de tu dinero.
“El pago no es digno, no existe un registro estatal de intérprete a cargo de una sola institución, no existe un programa único de formación de intérpretes, te hacen viajar a grandes distancias y no existe un seguro, imagínate te pasa algo en el camino, nadie va a responder por ti”, dice Cecilia Ramón Justo, intérprete chinanteca.
Las palabras de Cecilia permiten dimensionar que la situación y el trabajo de las y los intérpretes en Oaxaca se encuentra invisibilizado, abandonado y no es dignificado por las instituciones.
Con esta Ley se pretende crear un mecanismo que permita regular los procesos de profesionalización, tabulador único de pagos, que contemple derechos y obligaciones de las y los intérpretes y pueda incluso brindarles un seguro de vida e incluso seguridad social.
** “Por una audiencia de 5 horas recibimos 400 pesos” ***
Erika Hernández Cuevas es intérprete chinanteca de San Pedro Yólox y viaja 8 horas para llegar a una audiencia que dura 5 horas, y por la que le pagan 400 pesos. Desde hace 6 meses el Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca (TJEO) le adeuda pagos pendientes.
La joven aseguró que con una Ley esta brecha de desigualdades de reconocimiento y salarial disminuiría, porque habría una dependencia encargada de velar por las y los intérpretes, por aquellas personas que como ella brindan un servicio igual de importante para la procuración de justicia.
Pero eso no es todo, los viáticos ella tiene que cubrirlos y las instancias jurídicas los pagan cuando ellos lo deseen, lo cual representa una pérdida y desgaste económico para quienes son intérpretes.
“No tenemos seguro de vida, tenemos que estar en audiencia de más de cinco horas y recibiendo salarios míseros, por ejemplo de 400 pesos, lo cual no reconoce nuestro trabajo,ñ.
“Creemos que nuestro trabajo es importante, porque las personas en reclusión merecen un acompañamiento en su lengua indígena, así lo dictan las leyes,pero a nosotros nos dejan en segundo término”, agregó.
A esta denuncia, Eduardo Marguth recalca que actualmente el límite de tiempo de las deudas se ha extendido, a 8, 9 y 10 meses.
“Nosotros tenemos que cubrir pago de traslado, alimentación y todos los viáticos que generemos, y eso es injusto.
“Desafortunadamente no hemos encontrado eco en las instituciones de procuración de justicia, como lo es el Tribunal Superior de Justicia, tanto federal como estatal, a cargo de la Dirección de Servicios periciales”, agregó.
La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales se especializa en servicios de traducción e interpretación en lenguas indígenas en el área jurídica, médica y social y en la consultoría para la defensa de derechos territoriales-ambientales, autonómicos, lingüísticos y demás derechos de pueblos y comunidades indígenas.
Actualmente brinda servicios de traducción e intérpretes en Oaxaca, México y Estados Unidos.
Por su parte, Litigio Estratégico Indígena A.C. , organismo autónomo que acompaña a la Red, ha sentado diversos precedentes sobre amparos por omisión legislativa, uno de los casos más relevantes es la sentencia de amparo que obligó al Congreso de Oaxaca a construir la Ley de Consulta Previa Libre e Informada para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca publicada el 22 de febrero de 2020, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.
Ambas organizaciones de la sociedad civil impulsan la lucha por la visibilidad, reconocimiento y dignificación de las y los intérpretes en lenguas indígenas a través de la demanda de amparo que fue admitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca el día 18 de enero de 2023 y bajo esta estrategia se pretende obligar al Congreso del Estado de crear la Ley de Intérpretes y Traductores.
