ERNESTO REYES
La desconfianza hacia las instituciones de gobierno, que poco hacen para desterrar los niveles históricos de violencia que pesan sobre periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, situación que se manifiesta en asesinatos, allanamientos, amenazas y otros agravios cometidos, en su mayoría por servidores públicos, han motivado a caminar juntos a gremios que tienen bastante tiempo denunciando esta situación; desde el gobierno de Diódoro Carrasco hasta el actual régimen.
En un documento, presentado en público, observan un preocupante escenario de impunidad, en los primeros meses de la nueva administración de Salomón Jara, cuyo gobierno mantiene una estrategia -dicen- de dividir a las diversas expresiones críticas. Recordaron que han propuesto un nuevo sistema de protección jurídica a sectores que han luchado por la defensa de los derechos fundamentales de las y los oaxaqueños, pero el poder morenista los ha ignorado.
En este contexto, hacen hincapié en la necesidad de profundizar reformas legales ante el aumento en la frecuencia y el nivel de violencia de ataques contra periodistas y personas defensoras en el estado. Existe una larga lista de personas lastimadas físicamente, que las han llevado hasta la muerte; de activistas comunitarios, sociales y comunicadores a lo largo y ancho del estado, sin que autoridades de la fiscalía general y jueces apresuren el paso para procurar e impartir justicia.
La iniciativa ciudadana que busca protección para activistas y periodistas fue presentada en agosto pasado ante el Congreso del estado por 38 organizaciones. Se propone reformas y adiciones a cinco ordenamientos jurídicos locales y diversas disposiciones del Código Penal, la Ley Orgánica Municipal y las leyes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la de Responsabilidades Administrativas del Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La iniciativa es punitiva, afirman, porque incluye sanciones penales contra servidores públicos perpetradores, cómplices u omisos, así como la revocación de mandato si ejercen cargos de elección popular.
Entre sus razones cuenta la constatación de hechos, motivo de escándalo, que han alarmado a la sociedad por el comportamiento negativo de servidores públicos que protegen a violadores de la ley, como el caso del “pacificador estrella” del gobierno, Donato Vargas. Esto último es interpretación desarrollada en estas líneas, al ver cómo se ignora a las víctimas de violencia de género y otros delitos.
Han observado también, las y los denunciantes, que la cámara local de diputados -controlada ampliamente por Morena- no ha dado curso efectivo a dichos planteamientos, pues solo les han informado que están siendo analizados en cuatro comisiones. Sospechan que las reformas no avanzarán hasta que de palacio de gobierno no llegue la instrucción que acelere el proceso legislativo.
Voceros de ambos colectivos señalan que mientras no haya evidencias que protejan la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos “no queremos más esquelas, ni una caja para sepultar a los colegas, ni discursos de condenas, ni tampoco un fideicomiso; queremos hechos concretos”. Y advirtieron que, en caso de que la nueva clase gobernante rechace la iniciativa ciudadana, se estará enviando un mensaje de impunidad a quienes violan la ley, y sepultando derechos que son fundamentales para el florecimiento de la democracia.
Conviene saber que dicha iniciativa ha tenido el visto bueno de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, es decir del gobierno de López Obrador y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Mientras se espera un desenlace a esta demanda, el gobierno de la 4T se apunta un segundo tanto tras la detención, mientras se refugiaba en Italia, de uno de los notarios del “Cártel del Despojo”: Jorge Merlo. Pero faltan muchos más exfuncionarios del primer círculo de Alejandro Murat, que deben ser llamados a cuentas. El exmandatario también puede resultar implicado, si no le tiemblan las corvas a quienes toman las decisiones.
Oaxaca se beneficiaría mucho si Salomón Jara y el grupo gobernante empiezan a limpiar de corrupción las dependencias que estuvieron a cargo de mexiquenses y políticos locales; primero, castigando el criminal saqueo muratista y, segundo, demostrando, con hechos, que no hay protección tampoco a los nuevos funcionarios, aparentemente relacionados con actividades y comportamientos irregulares, por decir lo menos, que hoy están al frente de importantes funciones. Los habitantes de una entidad altamente politizados no aguantarán un sexenio más de simulación, depredación o derroche, envuelto en la bandera de la Cuarta Transformación. No hay que olvidar al clásico: “Es tonto aquél que cree que el pueblo es tonto”.
@ernestoreyes14
