Tras una impugnación hecha por activistas ambientales, juez de control reabre investigación por uso indebido de explosivos en el cerro «La llovizna«, en Unión Hidalgo.
Diana Manzo | Fotos: Diana Manzo
Oaxaca, Oax.(página3.mx).- A través de una impugnación que hicieran activistas ambientales y comunitarias que defienden el Cerro «La Llovizna«, un juez de control concedió audiencia a la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca. Además, revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
A finales de septiembre del año pasado, activistas denunciaron el uso indebido de explosivos en el Cerro «La Llovizna» en la Ciénega La Ventosa. Sin embargo, en menos de dos semanas se le dio carpetazo al asunto. “Es decir, no se llevaron a cabo actos de investigación exhaustiva”, denunció el activista ambiental, Edgar Martín Regalado.
En el Cerro «La Llovizna» opera una mina de hematita y cuarzo que provee a la planta, propiedad de la cementera “La Cruz Azul”. El Cerro «la Llovizna» se ubica entre los límites geográficos entre Unión Hidalgo y La Ventosa -Agencia municipal de Juchitán-. Lugar donde viven gran variedad de fauna y flora silvestre y en donde existen nacederos, todo lo cual está en riesgo, y es uno de los motivos por el cual se lucha.
La defensa de este espacio comenzó en el 2022, y en 2023, los defensores zapotecas aseguran que continúan en resistencia; porque este cerro es sagrado y representa su identidad.
Sin importar la biodiversidad que pudiera extinguirse por esta expropiación, los defensores denunciaron tienen en su poder documentos que avalan un permiso otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Leonardo Triay Cisneros. El documento señala que dota de materia prima, que son rocas y piedras, a la cementera Cruz Azul para producir cemento.
Argumentos para reabrir la investigación por uso indebido de explosivos
Edgar Martín Regalado es uno de los defensores que ha estado en pie de lucha y por esta defensa se ha ganado amenazas; además, es integrante de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Oaxaca. “Vemos con tristeza que ya hay deterioro del cerro, ¿y cómo no va a ocurrir eso, si todos los días vemos maquinarias que están extrayendo los cerros?”, denunció Edgar Martín Regalado, ambientalista binnizá.
“En el preámbulo de su decisión, el juez señaló que es válido el interés de defender el territorio y la biodiversidad de la comunidad indígena y agraria de Unión Hidalgo«, agregó.
Agradeció a las abogadas del Centro Mexicano Derecho Ambiental (CEMDA)que brindaron asesoría para la audiencia celebrada el 12 de julio en Ciudad de Oaxaca. Recalcó que el juez destacó e hizo mención de la importancia de conocer las sentencias de la Suprema Corte de Justicia relativas al derecho a un medio ambiente sano.
Apenas el pasado 10 de julio, a propuesta del diputado de Morena, César Mateos, el Congreso del Estado solicitó a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) verificar si la cementera Cruz Azul en el Istmo de Tehuantepec cumple con las normas ambientales en lo relativo al combustible de sus hornos. Además de vigilar las emisiones de esa planta para evitar daños al medio ambiente y a la salud de la población.En un comunicado, informaron que el exhorto fue propuesto por el diputado morenista tras darse a conocer un estudio realizado por organizaciones ambientalistas mexicanas y extranjeras. Este, reveló que la cementera Cruz Azul que opera en Oaxaca es una de las 33 que existen en 19 estados de la República que utilizan desechos plásticos como combustible para hornos industriales, que por ello generarían emisiones altamente tóxicas.“No podemos permitir que las empresas generen ganancias millonarias con base en el engaño, disfrazándose de ecologistas, y a costa de la salud de la población y de la vida en el planeta”, concluyó.
